Duque propone para el ‘caso Odebrecht’ una terna de fiscales afines al Gobierno

La investigación de tres piezas del caso Odebrecht en Colombia quedarán en los próximos días en manos de un fiscal ad hoc. El presidente Iván Duque entregó este martes a la Corte Suprema de Justicia una terna conformada por tres juristas de máxima confianza y afines a su Gobierno. Se trata de Margarita Leonor Cabello Blanco, que estuvo al frente de esa instancia judicial hasta principios de 2017, Clara María González Zabala, actual secretaria jurídica de la Presidencia y antigua abogada del exmandatario Álvaro Uribe, y Leonardo Espinosa Quintero, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Duque, que estudió en ese centro, destacó que "todos son garantía de transparencia y capacidad profesional".

"Esperamos celeridad en la elección, que se esclarezcan los hechos y que se conozca toda la verdad". Con estas palabras el presidente colombiano buscaba zanjar la polémica que ha rodeado las indagaciones del caso de los sobornos millonarios pagados por la constructora brasileña a cambio de concesiones. Tras la muerte por infarto del testigo principal del escándalo, Jorge Enrique Pizano, se conocieron unas grabaciones de 2015 en las que este, auditor de una obra en la que participó Odebrecht, transmitía al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sus sospechas sobre posibles irregularidades. Martínez, entonces abogado del conglomerado bancario Grupo Aval, que intervino en ese proyecto, se limitó, como él mismo enfatiza, a cumplir una función de "mensajería". Más tarde, cuando asumió las riendas de la Fiscalía, se adentró en la investigación y finalmente optó por inhibirse.

Estas circunstancias aumentaron, sin embargo, la presión, política y social, para que la Corte Suprema nombrara un fiscal especial. El elegido deberá hacerse cargo de las pesquisas que de una red corrupta que involucró, según la propia Fiscalía, a más de 90 personas, de las que ocho ya han sido condenadas.

El 'caso Andrade'

Uno de los acusados del caso, Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), fue detenido hace un año y desde entonces se encuentra en arresto domiciliario. Este martes el juez ordenó su puesta en libertad después de que el órgano que dirige Martínez se abstuviera de solicitar "la prórroga de la medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria".

"El ente acusador", señaló la institución, "considera que la decisión tomada por el juez de control de garantías el 04 de diciembre de 2017 ya cumplió su objetivo y los elementos materiales probatorios están a salvo, toda vez que en su momento se buscaba que Andrade no obstruyera el proceso o manipulara el conjunto de pruebas que tiene la Fiscalía, riesgo que desapareció porque ya fueron descubiertas".

Andrade está acusado de los delitos de "interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de autor; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, como coautor; y falso testimonio". No obstante, el antiguo responsable de la ANI asegura ser víctima de una persecución. El fiscal general afirmó la semana pasada en una entrevista con EL PAÍS que "la persecución no es tal, porque la Fiscalía construye su caso, es un litigante en el proceso penal y la garantía de que va a haber absoluta imparcialidad y transparencia es que será un juez de la República el que valore las pruebas y pueda tomar las decisiones finales".