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TRIBUNA i

¿Qué le diría ahora a mi mami?

Hace más de dos años comencé una lucha por la justicia de mi madre Berta Cáceres, ahora no estoy tan convencida de poder alcanzarla

La ecologista Berta Cáceres
La ecologista Berta Cáceres

El 2 de marzo de 2016 mi mamá, coordinadora de COPINH fue asesinada en su casa y Gustavo, su amigo mexicano fue disparado: quién sabe qué milagro le permitió salvarse. En ese momento de dolor solo tuve claro que mi labor y la de mis hermanas y hermano era denunciar las circunstancias que rodearon su crimen: la persecución desatada por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. desde 2013 para acabar la lucha de las comunidades Lencas contra el Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca”, que se pretendía construir sobre el sagrado río Gualcarque.

Su muerte desencadenó una furia sin fronteras, lágrimas e impotencia y un reclamo mundial por la muerte de quienes defienden los ríos y tierras indígenas y son asesinadas sin ningún escrúpulo.

Desató la necesidad mía y de mi pueblo de saber el nombre y apellido detrás de esa nebulosa empresa por ella tantas veces denunciada en días anteriores a su muerte: DESA.

Toda esa fuerza mundial se convirtió en el mayor desafío al sistema de justicia hondureño conocido por ser ineficiente e incapaz de responder a los miles de asesinatos que se producen anualmente.

En esos momentos imaginé que emprender ese camino sería duro. Y eso es lo que comprobaría una y otra vez. Dedicamos parte de los primeros días posteriores a su crimen a recorrer diversos países y contarle al mundo lo que sabíamos: la persecución y las amenazas promulgadas por miembros de la empresa. Diversos gobiernos y pueblos manifestaron su claridad de que se trataba de un crimen político, que ella fue asesinada por su lucha. Esa verdad obligó a que el Ministerio Público hondureño desechara las primeras hipótesis manejadas que reduciría el vil hecho: crimen pasional y conflicto interorganizacional. Meses después se realizaron las primeras capturas.

Dos de los detenidos ya me eran conocidos: Sergio Rodríguez, gerente de comunicaciones de DESA y Douglas Bustillo, exjefe de seguridad de la empresa, con quienes mi mami había discutido en la comunidad de Río Blanco. Al tener esos nombres y rostros se me revolvió el estómago.

Los otros eran cuatro eran jóvenes, utilizados como sicarios para entrar a su casa a dispararles. Provenían, como suele pasar en mi país, de los estratos y barrios más bajos. Y finalmente se encontraba un mayor de las Fuerzas Armadas hondureñas investigado por tráfico de armas y otros delitos, Mariano Díaz.

A todo eso ya teníamos nombrados a nuestras acusaciones privadas, encabezada por exfiscales de larga data en la lucha contra la corrupción en el país. Inmediatamente el Ministerio Público hondureño decretó la investigación en “secreto” incluso para las partes del proceso, negándonos conocer información que ya hacía parte del proceso.

Con el tiempo le fueron dando a nuestros abogados una parte minúscula de la información judicial en medio de menosprecios y maltratos con la que fuimos construyendo una teoría paralela a la del Estado.

Para abril de 2017 producto de la denuncia unánime de organizaciones, instituciones y gobiernos logramos adquirir una parte importante de la información electrónica, que fue procesada por un grupo internacional de abogados independientes que, para octubre, ya tenía elaborado un informe que los abogados de mi familia y COPINH convirtieron en acciones legales para perseguir a quiénes identificamos como los autores intelectuales.

Encontramos prueba irrefutable de la clara participación de David Castillo, presidente de DESA, que seis meses después fue capturado como el primer autor intelectual, quedando avizorados otros como los autores de máxima responsabilidad, quienes pagaron por el crimen, todavía impunes, pertenecientes a una de las familias más adineradas e influyentes del país: la familia Atala Zablah.

Después de varias suspensiones, justo en estos momentos se desarrolla el primer juicio para sentenciar a esos detenidos. Por las permanentes denuncias de irregularidades, de negación de información, robo del expediente a una de las magistrada, entre otros, el tribunal frente al caso decidió, el viernes 19 de octubre, expulsar del proceso a todas las acusaciones privadas que representan a las víctimas: la familia de Berta y a Gustavo Castro.

Esta decisión se dio después de que denunciáramos la parcialidad del tribunal frente al abuso de las fiscales de esconder deliberadamente información que solo erosiona aun más un proceso tan atropellado y e irregular, opacando la posibilidad de dar el primer paso en el gran camino por justicia.

Un juicio que siendo cuestionado expulsa a las víctimas solo deja más dudas del resultado que pueda desencadenar. Nuestro “error” ha sido pedir las garantías de un proceso a la altura de una causa emblemática. Y es lo que la escueta justicia hondureña sigue sin entender.

Esa impotencia ante el sistema de justicia que atropella la dignidad del pueblo hondureño es la que condena a vivir los ciclos de violencia, a no poder escapar de la inseguridad y miedo obligando a muchos de mis compatriotas a huir más allá de estas fronteras de esa dura realidad.

Hace dos años y medio de la muerte de mi mami: ¿Qué le podría decir a ella ahora? Que he hecho todo lo que he podio, pero que ahora que he sido expulsada del juicio no tendré una voz para decir que a su muerte le antecedió una etapa de terror de quienes seguían sus pasos, de quién inflitró a su organización; que no podré intentar acallar las mentiras que en el juicio pretenden convertir a los victimarios en víctimas. Sé que sin la presencia de quienes hemos velado por la justicia verdadera el proceso solo se hace más frágil para que en los próximos días se conozca a todos los responsables.

Le diría que he cumplido con una pequeña parte de mi cometido en búsqueda de la verdad: que de las palabras de sus asesinos he conocido el plan para atacarla y encubrir su muerte. Que tengo certeza que más allá de los que este proceso dudoso dé como fallo, siete personas de las ocho, son responsables de participar en el crimen, a excepción de un joven juzgado como sicario del que no hay prueba alguna. Que he tenido la suerte de ser la excepción en Honduras y América Latina porque sé de la palabras de los asesinos el plan que se orquestó para asesinar su lucha en defensa de los ríos y los territorios indígenas, ahora encarnada en otros. ¿Qué asesinos tienen los escrúpulos de dejar registradas sus palabras como evidencia de lo que hicieron? Quienes están seguros que se librarán de la justicia.

Hace más de dos años comencé esta lucha en búsqueda de justicia, ahora no estoy tan convencida de poder alcanzarla. Sin embargo, ya se ha tirado una moneda al aire y a pesar de todo yo le apostaré a la justicia y a la esperanza. Vamos a ver a qué le apuestan las instituciones de justicia en Honduras.

Berta Zúñiga Cáceres es hija de Berta Cáceres

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