Berta Cáceres, la justicia que no llega
El juicio por el asesinato de la activista hondureña ha sido suspendido. La familia de la ecologista teme una farsa que no llegue hasta el fondo
Tras dos años y medio de espera, toda la atención de ecologistas y activistas de los Derechos Humanos en Centroamérica estaban puestos en un tribunal de Tegucigalpa (Honduras), donde el pasado lunes debía comenzar el juicio contra los asesinos de la líder ecologista Berta Cáceres. En el banquillo están sentados nueve hombres –responsables de la empresa hidroeléctrica DESA, exmilitares y sicarios a sueldo–, pero minutos después de que empezara, el tribunal fue recusado por la familia de Cáceres y el juicio entró en un receso que deberá resolverse en los próximos días.
Se juzga lo sucedido la noche del 2 de marzo de 2016 cuando dos asesinos le metieron tres tiros en el abdomen a Berta Cáceres e intentaron acabar con su amigo el ambientalista mexicano Gustavo Castro a quien la bala le rozó la oreja. El Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), que dirigía Cáceres, era la piedra en el zapato de un millonario proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que pretendía dejar sin agua el río Gualcarque, sagrado para los lencas (pueblo mesoamericano).
Entre los detenidos figuran el presidente ejecutivo de DESA, David Castillo, acusado de ser el autor intelectual; Sergio Rodríguez, gerente de asuntos ambientales de la empresa; y Douglas Bustillo, jefe de seguridad entre 2013 y 2015. Antes de morir, Cáceres los había denunciado públicamente por amenazas de muerte.
Según la fiscalía, el presidente ejecutivo y el gerente de DESA pidieron a su jefe de seguridad, Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. A su vez, Bustillo recurrió a un viejo amigo de su etapa en el cuartel, el mayor Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Al último de ellos lo capturaron en enero de 2017 en una peluquería de Reynosa, en el Estado mexicano de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos donde trabajaba. Había recibido 50.000 lempiras (unos 2.200 dólares) por apretar el gatillo.
Tras dos años de detenciones y retrasos, el juicio comenzó rodeado de polémica por las denuncias de irregularidades y ha entrado en un limbo extraño del que la familia recela. Para la hija de la activista "sólo se ha detenido a cargos intermedios" y apuntan a la poderosa familia Atala, propietaria de la empresa, dijo en una entrevista reciente en El PAÍS.
Para Berta Zúñiga Cáceres, hija de la activista asesinada, el juicio es una "farsa" y exige "justicia verdadera para desmontar la estructura criminal que mató a mi madre". "Hay irregularidades tan grandes que [los acusados] podrían quedar en libertad en cualquier momento por defectos de forma", asegura. La empresa por su parte se ha deslindado del homicidio y ha defendido a su presidente señalando que se trata de una "detención injusta" fruto de la "presión internacional y de las ONG".
El asesinato de Berta Cáceres provocó hace dos años la condena unánime a nivel mundial. Un año antes, en abril de 2015, la ecologista hondureña había recibido el Goldman Environmental Prize, el Nobel verde, y tras su fallecimiento Estados Unidos, la ONU y hasta el Vaticano exigieron el esclarecimiento del caso.
Berta Cáceres pasó entonces a ser un símbolo de defensa de la tierra en un país donde los héroes se cuentan por muertos. Sin embargo, más de dos años después, algunas cosas han cambiado un poco. El proyecto hidroeléctrico que le costó la vida sigue en manos de DESA, la sospechosa empresa de donde habría salido la orden de la ejecución, anunció la cancelación del proyecto, aunque como gesto de buena voluntad. Al mismo tiempo, el asesinato de activistas y ecologistas en Honduras ha seguido su macabro ritmo y 123 activistas asesinados en los últimos ocho años, Honduras sigue siendo el país más peligroso del mundo para los defensores de la tierra, según Global Witness.
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