El informe ecológico que irritó al Gobierno de Honduras

La organización Global Witness denunció que Honduras es “el país más peligroso del mundo para los ecologistas”. Por esta razón, el martes 31 de enero presentó en Tegucigalpa un informe con ese título, resultado de dos años de trabajo y cientos de entrevistas, donde dice haber recogido pruebas sobre 123 asesinatos desde 2010.

Hasta ahí todo dentro de la macabra normalidad hondureña en lo que a ecologistas se refiere. De hecho, el acto se había celebrado sin contratiempos y con la presencia de instituciones nacionales e internacionales incluida la hija de Berta Cáceres, líder ecologista asesinada en marzo de 2016, en señal de respaldo,

Sin embargo, dos días después de su presentación, el jueves 2 de febrero, Ben Leather y Billy Kyte, representantes de la organización, pidieron urgentemente la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH en Tegucigalpa, cuando vieron al ministro de Ambiente José Galdámez aparecer en televisión y exigir su inmediata detención durante un programa matinal.

Ante la amenaza de ser encarcelados y los reproches posteriores de destacadas figuras políticas del país, el Alto Comisionado se encargó de su simbólica protección durante las 24 horas que continuaron en el país, hasta su salida definitiva el viernes 3 de febrero.

La cifra de 123 asesinados de Global Witness se queda corta, denuncian activistas de DDHH

Durante esas horas ambos contaron con escolta policial, proporcionada por la oficina de DDHH de Honduras, mientras las embajadas de Inglaterra y Estados Unidos ayudaban a su resguardo.

“Fue una amenaza política sin ningún fundamento legal. Que un ministro pida públicamente a la fiscalía que actúe, sólo porque no está de acuerdo con nosotros, es un gesto que refleja la dramática situación que viven los defensores de DDHH en Honduras” explicó Leather a EL PAÍS.

En medio de un creciente acoso y persecución hacia los ecologistas que se oponen a los distintos proyectos hidroeléctricos en Honduras, el informe de Global Witness, una organización con sede en Londres y Washington con 24 años de experiencia en el la investigación de delitos ecológicos, se enmarca en el mismo contexto de anteriores informes publicados por Amnistía Internacional, Naciones Unidas o la Corte Interamericana (CIDH) quienes han expresado su preocupación.

Tanto la CIDH como la ONU habían exigido al gobierno de Honduras medidas para que los defensores de derechos humanos puedan ejercer su labor “sin temor a las amenazas o el asesinato" e insistieron en que “Honduras es una de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos” señalaron en agosto Michel Forst (ONU) y José de Jesús Orozco (CIDH).

Sin embargo, la reacción del gobierno de Juan Orlando Hernández fue todo lo contrario.

El informe de Global Witness que tanto irritó al Gobierno de Honduras incluye la denuncia de importantes vínculos de miembros del derechista Partido Nacional, actualmente en el poder, con las empresas hidroeléctricas. El informe hace un detallado recorrido por las élites políticas y empresariales hondureñas que estarían usando medios corruptos y delictivos para sacar provecho de la riqueza natural del país "consiguiendo el apoyo de las fuerzas estatales, para asesinar y aterrorizar a las comunidades que se atreven a interponerse en su camino" dijo Kyte durante la presentación.

En concreto el documento cita a la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso, Gladis Aurora López, como propietaria de dos importantes proyectos en el oeste del país. La ONG afirma en el documento que el esposo de López, Arnold Castro, construye dos hidroeléctricas -Los Encinos y La Autora-, para vender energía al Estado.

Segun la diputada las acusaciones son "falsas" y aunque admitió ser propiestaria del proyecto de La Aurora dijo que no está involucrada en actos de violencia. López criticó a los autores del informe y a quienes "ponen en riesgo la inversión en el país" con denuncias falsas y exigió a la ONG retractarse .

En la misma dirección el presidente Juan Orlando llamó “irresponsable” a GW y acusó de presentar el informe sin pruebas. "Cuando uno denuncia, crítica, protesta, tiene que dar la cara y decir acá están las evidencias" y pidió a los hondureños “cuidar la imagen” del país.

"El hecho de que la ONU me tuviera que rescatar quiere decir que el gobierno tiene miedo de los hallazgos (...) El Estado negó la evidencia contundente en nuestro informe, basado en una investigación seria y rigurosa con más de 250 fuentes que incluyen documentos del propio Estado” defiende el representante de Global Witness. 

Para los ecologistas la actitud del gobierno de Honduras, lejos de facilitar su trabajo añade más tensión a una labor de resistencia que en Honduras se paga con la vida.

Segun Reina Rivera, activista de DDHH quien maneja un fondo de ayuda a ecologistas en peligro, "solamente en el Bajo Aguan, en los últimos tres años, hemos contabilizado 90 asesinatos de miembros de movimientos campesinos", denuncia a EL PAÍS. Según sus datos "la cifra de 123 asesinados de GW se queda corta".