La UE lanza una ofensiva para reducir la dependencia de la OTAN

Zafarrancho de combate (diplomático) en Bruselas. La UE prepara un impulso sin precedentes de su “independencia estratégica” en el campo militar y de seguridad. Los ministros de Exteriores y Defensa harán balance este lunes y mañana sobre una política común que, de los balbuceos de hace un año, se propone elevar de 17 a 34 el número de proyectos comunes (para acelerar el desarrollo, por ejemplo, del primer dron europeo), reforzar el despliegue de operaciones civiles y pactar las bases de un fondo común de hasta 13.000 millones de euros.

El avance llega alentado por la inestabilidad de los aliados tradicionales, especialmente EE UU. Y, sobre todo, por la necesidad de afrontar conflictos que desbordan la capacidad individual de los socios europeos o que no encajan en la actividad habitual de la OTAN. La cumbre ministerial en Bruselas, a la que por parte de España asistirán los ministros Josep Borrell y Margarita Robles, coincide con el reciente revuelo provocado por las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, a favor de un Ejército europeo. Una iniciativa secundada por la canciller Angela Merkel, que tiene también como objetivo ganar independencia de la alianza transatlántica encargada de la seguridad de Europa desde la Guerra Fría.

Aunque todas las fuentes consultadas insisten en que el objetivo no es crear un Ejército europeo al uso, sino potenciar la integración y colaboración de las políticas nacionales, el plan de Macron ha soliviantado al presidente de EE UU, Donald Trump. El mandatario llegó a la Casa Blanca amenazando con retirar la presencia militar de Europa y se alarma ahora ante la posibilidad de que el Viejo Continente gestione con cierta independencia su política de seguridad.

La ofensiva europea también levanta suspicacias en la OTAN, temerosa de que la UE reproduzca una estructura paralela. La inquietud de la Alianza se visualiza en la creación en 2017 de una suerte de cuartel general en Bruselas, encargado de coordinar las operaciones militares de la UE en el exterior. La plantilla de ese cuartel apenas tiene 25 plazas y no están cubiertas del todo. Y las tres operaciones (en Malí, Somalia y República Centroafricana) son no ejecutivas, es decir, solo prestan formación y operación al ejército local.

Aun así, la creación de ese centro de operaciones (bautizado como Military Planning and Conduct Capability o MPCC) provocó resquemor en la OTAN, celosa de ver surgir en la capital europea una estructura que algún día podría llegar a rivalizar con su potente cuartel general en Mons (a unos 50 kilómetros de Bruselas), conocido como SHAPE.

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El recelo puede ir a más tras la reunión de esta semana porque la UE va a multiplicar por dos la dotación de personal de su centro neurálgico (hasta 60 plazas) y, sobre todo, tiene previsto autorizar operaciones ejecutivas, es decir, con actuación militar sobre el terreno. "Serán de un alcance modesto, solo para dirigir un batallón, muy lejos de lo que supone todo un ejército", minimiza una fuente europea.

Pero la OTAN es consciente de que en la UE casi todos los grandes proyectos arrancan por un pequeño embrión que, una vez en marcha, adquiere una dinámica de crecimiento diferente de frenar. Y antes de que sea demasiado tarde, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que asistirá el martes a la reunión de ministros europeos de Defensa, ha empezado a levantar la voz. “Si se repiten demasiado frases como la de independencia estratégica, suena como si fueras a hacer grandes cosas en solitario, y no creo que eso sea sabio”, advirtió Stoltenberg el pasado lunes en Berlín.

La Comisión Europea y el Consejo insisten, sin embargo, en que no se trata de competir con la OTAN, sino de coordinar una política europea “porque hay problemas que debemos resolver solos e, incluso, nuestros aliados nos piden que los resolvamos solos”. Desde el departamento de Federica Mogherini, alta representante de Política Exterior de la UE, se apunta como señal de la buena convivencia el hecho de que “una de las condiciones para la selección de los nuevos proyectos conjuntos de capacidades [que abarcan desde logística a ciberdefensa o armamento tradicional] es que deben ser coherentes con la planificación de la OTAN”.

Otras fuentes comunitarias reconocen, sin embargo, que la UE necesita “depender menos de la OTAN” porque una buena parte de las necesidades de defensa del club europeo ya no encajan con la operativa de la Alianza. Esas fuentes apuntan que los países europeos han comprendido que la OTAN no puede afrontar problemas como el yihadismo, la migración descontrolada o los ciberataques, que a pesar de no ser conflictos bélicos al uso requieren en parte una actuación militar.

El salto tecnológico que está experimentando la industria militar también parece haber convencido a los líderes europeos de que ningún país cuenta con la envergadura necesaria para arrostrar en solitario la inversión necesaria, ni siquiera la mayor potencia militar, que será Francia cuando Reino Unido abandone en marzo el club europeo. La unión de todos esos factores (inestabilidad mundial, nuevas amenazas y revolución tecnológica) da a Europa una oportunidad para un histórico salto en su política de defensa. “Y si no se aprovecha, podemos perder el tren”, avisa un alto cargo europeo.

La magnitud del reto quedará patente también este mismo martes, cuando la Agencia Europea de Defensa (AED), dirigida por Jorge Domecq, publique el resultado de su primera revisión anual del gasto militar. Este novedoso ejercicio (CARD, según en inglés) revela la ingente tarea que Europa tiene por delante para racionalizar y coordinar un gasto militar que, según Bruselas, desperdicia unos 26.400 millones de euros al año por duplicidad de recursos, sobrecapacidad y trabas en los sistemas de adjudicación.

Los datos de la agencia, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran que el gasto en investigación y desarrollo relacionado con defensa ha caído del 23,5% de la inversión total en 2015 al 21% en 2017. Dentro del gasto militar, el porcentaje dedicado a investigación y tecnología también sigue lejos del objetivo del 2% de la partida de defensa fijado por la AED.

La brecha resta más de 2.000 millones de euros al año a la investigación, esencial para adaptar la defensa a una realidad tecnológica bastante alejada de un equipamiento tradicional en el que los países europeos siguen gastando el 50% de su presupuesto (frente a un tercio en EE UU). Para colmo, según la agencia, buena parte del gasto en investigación y tecnología está desperdigado y el porcentaje de inversión destinado a proyectos compartidos sigue estancado desde 2015 en el 11%, con el agravante de que en términos totales la cuantía destinada a la colaboración ha caído un 6%.

La reciente irrupción de la Comisión Europa en la política de Defensa parece llamada a terminar con esa fragmentación. El actual presidente, Jean-Claude Juncker, ha convertido esa área en una prioridad, acompañada por una cuantiosa partida presupuestaria."En el terreno militar, la Comisión ha salido del armario con Juncker", se felicitan fuentes del sector.

Desde la Comisión se recuerda que "antes de este mandato, el presupuesto europeo destinaba cero euros al gasto en Defensa. Ahora vamos por los 500 millones de euros y para el próximo marco presupuestario (2021-2027) proponemos 13.000 millones de euros a través del nuevo fondo de defensa". El embrión de ese fondo arrancará en 2019 y 2020 con 500 millones, pero en su fase definitiva alcanzará una velocidad de crucero mucho mayor (casi 1.800 millones al año).

Se espera que este lunes los ministros de Exteriores y Defensa pacten las bases de ese fondo, que solo liberará recursos para proyectos de desarrollo en los que participen compañías de al menos tres Estados miembros. El texto del acuerdo ya superó la semana pasada la primera prueba a nivel de embajadores, con el respaldo inequívoco de Francia, Alemania y España, entre otros países, y cierta resistencia de Holanda, Suecia o Dinamarca, además del rechazo de Reino Unido.

El acceso a las partidas del fondo de empresas de países terceros (en particular, de EE UU y Reino Unido) sigue siendo el punto más polémico de la negociación. La Comisión propone que las empresas establecidas en suelo europeo pero controladas por potencias extracomunitarias solo puedan acceder a los recursos del fondo si cumplen unas condiciones muy estrictas, como que no puedan acceder a la información confidencial del proyecto o garantizar que la propiedad intelectual del proyecto se quede siempre en Europa. Algunos socios europeos quieren flexibilizar esas normas para facilitar el acceso de empresas estadounidenses y británicas. El acuerdo definitivo se espera para final de año.