El Tribunal Supremo ahonda la brecha entre el poder y la sociedad en Estados Unidos

El 6 de noviembre, coincidiendo con las elecciones legislativas de Estados Unidos, se votará en Alabama una enmienda a la Constitución estatal que permitiría exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas y tribunales, y otra que establecería “la santidad de la vida nonata” y prohibiría el aborto en el Estado. Los grupos religiosos que promueven las iniciativas confían en que prosperen, no solo por las medidas en sí, sino por la más que previsible consecuencia: una batalla legal que termine en el Tribunal Supremo. Con el juez Brett Kavanaugh como miembro de la Corte, sus posibilidades de éxito en una eventual batalla legal en la más alta instancia judicial del país aumentan considerablemente.

Los colectivos ultraconservadores llevan tiempo esperando este momento. Después de años de sufrir reveses en sus grandes batallas, como el aborto o los derechos de los homosexuales, el flamante Supremo rediseñado por Donald Trump les proporciona la oportunidad de oro para volver a imponer su agenda: la posibilidad de retroceder en los avances sociales conquistados por los estadounidenses con la ayuda del Supremo. Y eso que el alto tribunal —formado por nueve miembros, y en el que ahora se sientan cuatro jueces nombrados por presidentes demócratas, dos por Bill Clinton y dos por Barack Obama— lleva casi 50 años con mayoría de magistrados de inclinación conservadora.

Pero hay conservadores y conservadores. Kavanaugh, de 53 años, ocuparía la vacante que dejó al jubilarse, el pasado junio, el juez Anthony Kennedy. Igualmente designado por los republicanos, pero mucho más moderado en temas sociales, Kennedy mostró durante muchos años una independencia política que le llevó a oponerse a la línea oficial del partido en temas cruciales.

Su independencia proporcionó a Kennedy un papel decisivo en deshacer empates, hasta el punto de que hay quien se refería al Supremo como el Tribunal Kennedy. El juez jubilado se alineó con los progresistas al defender el matrimonio igualitario en 2015 y suyo fue, en 1996, el quinto voto que ratificó el derecho de las mujeres a abortar. En su carrera como juez federal, Kavanaugh no ha mostrado signos de que vaya a seguir la línea de su predecesor: en una ocasión, falló contra una menor de 17 años que demandó al Gobierno tras negársele la posibilidad de abortar mientras permanecía arrestada por cruzar ilegalmente la frontera. Aunque no es solo el aborto y el matrimonio igualitario: Kavanaugh tendrá el voto decisivo en muchos otros temas que afectan a la vida diaria de los estadounidenses.

Así, se profundizará la brecha entre el poder y la sociedad civil, surcada por poderosos movimientos como el Me Too. Ni el presidente (46,4% del voto popular en 2016), ni el Senado (los republicanos tuvieron una media del 46% del voto popular en las tres elecciones desde 2012) están respaldados por la mayoría de la población.

El destino ha deparado a Trump una oportunidad que pocos presidentes han tenido: designar a dos jueces del Supremo en sus primeros dos años de mandato. Agente libre en muchos aspectos de su política, en lo que respecta a la elección de sus candidatos al Supremo Trump ha seguido a pies juntillas la línea del partido: Kavanaugh y Neil Goursch, que entró en el tribunal en abril, son valores seguros para reforzar la agenda social más conservadora.

La llegada de Kavanaugh al Supremo supone para Trump una garantía de su propia seguridad a corto plazo. En el marco de la investigación sobre la injerencia rusa en la campaña de las presidenciales, es probable que el fiscal especial Robert Mueller curse una citación a Trump para interrogarlo. Si el presidente se niega, el caso irá al Supremo. Kavanaugh participó en la elaboración el informe que llevó al impeachment —fallido— de Clinton. Pero el apoyo que Trump le ha prestado durante su insólito proceso de selección indica que será un buen cortafuegos para el presidente.