Arizona busca en México a las víctimas del racismo del exsheriff Joe Arpaio

Aquellas imágenes todavía son hoy un símbolo del racismo contra los latinos en Estados Unidos. Hombres encadenados, con ropa interior rosa, durmiendo al aire libre en las infernales temperaturas de Phoenix y comiendo lo mínimo. Joe Arpaio, sheriff del centro de Arizona durante 24 años, presumía ante la prensa de las condiciones en sus cárceles y se autoproclamaba como “el sheriff más duro de América”. Hoy, la justicia quiere saber quiénes eran algunos de aquellos hombres. Porque ya no son delincuentes. Son víctimas y tienen derecho a una compensación.

En una furiosa estrategia contra la inmigración irregular, Joe Arpaio decidió ordenar a sus agentes que detuvieran por la calle a cualquiera que fuera sospechoso de estar ilegalmente en el país. Solo hay una manera de ser sospechoso de eso: el color de la piel. Básicamente, las órdenes de Arpaio eran detener a la gente con aspecto latino y pedirles los papeles, violando sus derechos constitucionales de no discriminación.

En 2007, un ciudadano mexicano que estaba de visita legalmente en Estados Unidos denunció al departamento del sheriff tras ser detenido por los agentes de Arpaio. El caso acabó convertido en una demanda colectiva conocida como Ortega Melendres vs. Arpaio. En 2011, un juez federal ordenó de forma cautelar al sheriff que dejara estas prácticas. En 2013, fue condenado por estas prácticas y el juez le puso un vigilante para comprobar que cumplía la orden cautelar. Finalmente, en 2017, Arpaio fue condenado por desacato por haber ignorado la orden del juez.

Como parte de aquella condena, el condado de Maricopa, que se compone de Phoenix y alrededores (4,3 millones de habitantes con un 31% de población hispana), estableció un fondo de indemnización de al menos 500.000 dólares para aquellos que fueron detenidos por su aspecto en los meses en que Arpaio ignoró las órdenes del juez. Además, se comprometía a un plan para encontrar a los más posibles antes del 3 de diciembre de este año.

La gestión del fondo recayó en la firma de abogados BrownGreer, de Virginia, especializada en este tipo de casos. La firma tiene un presupuesto de 200.000 dólares para hacer publicidad en inglés y en español para encontrar a las víctimas de Arpaio. En México, el socio de BrownGreer es el Centro de los Derechos del Migrante, una oficina de asesoría legal para trabajadores inmigrantes. Su misión es encontrar víctimas de Arpaio al otro lado de la frontera.

“Buscamos a los que están en México o que tengan familia aquí que los pueda alertar”, explica por teléfono Evy Peña, directora de comunicación del Centro de Derechos del Migrante. “Hay personas que pueden haber regresado. La dificultad está en que no sabemos quiénes son”. Por el momento, están poniendo anuncios en las radios locales. Las personas pueden reclamar aunque estén en México, aunque nunca estuvieran legales en Estados Unidos, incluso aunque sigan allí sin papeles. “Se violaron sus derechos constitucionales. Tienen derecho a ser beneficiadas independientemente de su estatus migratorio”, explica Peña.

En concreto, los que pueden reclamar son aquellos cuya detención para pedirle los papeles se produjo entre el 23 de diciembre de 2011 y el 24 de mayo de 2013, el periodo en el que se produjo el desacato de Arpaio a la orden del juez. Cualquiera que fuera detenido durante más de 20 minutos. La compensación base son 500 dólares. A eso se le van sumando 35 dólares por cada 20 minutos de detención. El máximo por beneficiario es 10.000 dólares.

Hasta el momento, explica Peña, 180 personas se han apuntado ya para pedir la indemnización. De esas, 10 personas han puesto en el formulario una dirección en México y 2 en Honduras. “Nosotros creemos que hay muchas más de 180 personas”, dice Peña.

La participación en el programa se hace a través de una página web en la que se puede rellenar un formulario. Una de las principales dificultades es que la gente no quiera dar sus datos debido a su situación migratoria, especialmente en la actual coyuntura política en Estados Unidos. “La orden del juzgado incluye una garantía de que la información de aquellos que pidan la indemnización la gestiona la firma de abogados y no será compartida con nadie”, explica Peña.

El legado de injusticias de Arpaio ha tenido un coste importante para el condado de Maricopa y el presupuesto de la Oficina del Sheriff. Paul Penzone, el nuevo sheriff de tendencia demócrata que ganó las elecciones a Arpaio en noviembre de 2016, explicaba el año pasado en una entrevista con el Arizona Republic que la factura de dos décadas de condenas contra Arpaio (y por tanto, contra el Departamento) ascendía a 46 millones de dólares. Penzone calculaba que en 2017 se sumarían 24 millones más y que en 2018 podía sumar otros 28 millones. El dinero se va en abogados, indemnizaciones, costes judiciales y personal que hay que dedicar a cumplir las sentencias.

Es poco habitual que un juez establezca este tipo de mecanismo de indemnización en una condena contra una administración (en último caso, el condenado es la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa). Suele ocurrir en casos de daños provocados por grandes empresas. La denuncia original ni siquiera pedía una compensación, que fue establecida solo cuando Arpaio cometió el desacato. “No sé si es el primer caso de este tipo pero sí es bastante trascendente”, opina Peña. “En México se conoce el nombre de Arpaio y es un símbolo del racismo. Que se haga el esfuerzo de buscar a sus víctimas es significativo en este contexto anti inmigrantes”.

Joe Arpaio perdió las elecciones a sheriff en noviembre de 2016. Se enfrentaba a seis meses de prisión por desacato cuando, el 25 de agosto de 2017, el presidente Donald Trump dictó un perdón presidencial para él. Son amigos. Arpaio le siguió y jaleó con la teoría de que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos, e inspiró sus primeros ataques contra los inmigrantes. Salía con él en los mítines de campaña. Poco antes del perdón, en Phoenix, dijo que Arpaio había sido condenado “por hacer su trabajo”.