Un juez federal somete a tutela la gestión del ‘sheriff’ Arpaio

Todas las actividades del la Oficina que dirige el sheriff Joe Arpaio en el condado de Maricopa (Arizona) estarán tuteladas por un supervisor, designado por un juez, y por una comisión especial formada por miembros de la comunidad. Así lo ha dictaminado este miércoles el juez federal Murray Snow, en una decisión que pone punto y final al fallo que él mismo dictó en mayo de este año en el que condenaba al autodenominado sheriff más duro de América por discriminación racial contra los hispanos.

Tras conocer la decisión judicial, Arpaio emitió un comunicado en el que, tras señalar que estaba estudiando posibles recursos, dejaba claro que el supervisor "no tendrá capacidad para vetar mis obligaciones ni mis operaciones". "Como sheriff elegido constitucionalmente del condado de Maricopa, seguiré cumpliendo con las obligaciones que me exige la ley", termina su nota.

El supervisor al que alude el sheriff, de acuerdo con la resolución judicial, deberá revisar todas las operaciones que lleve a cabo la oficina de Arpaio, desde las redadas, hasta el entrenamiento de los agentes, pasando por la petición de documentación a los ciudadanos, las detenciones o los controles de tráfico, para comprobar que todas se ciñen a las pautas de conducta y especificaciones de la sentencia.

El control previsto para las batidas que tengan por objeto inmigrantes sin papeles y aquellas operaciones que involucren a un alto número de oficiales y ayudantes del sheriff es mucho más estricto. En el caso de este tipo de acciones, en los 30 días siguientes a los que se lleven a cabo, quienes participen en las mismas tendrán la obligación de explicar sus objetivos y los resultados a la comisión comunitaria -formada por tres miembros designados por la Oficina del Sheriff y otros tres elegidos por la Unión de Libertades Civiles Americana (ACLU), la organización que ganó la demanda contra Arpaio-.

Si se trata de una redada contra inmigrantes indocumentados, además, el sheriff deberá notificarla al supervisor y a la ACLU dentro de las 24 horas inmediatamente posteriores a que ésta haya tenido lugar, salvo que esta circunstancia pueda poner en peligro otra investigación criminal, en cuyo caso será directamente el juez Snow quien revise la legalidad de la operación. Arpaio deberá designar en los próximos tres meses a un ayudante bilingüe que sirva de enlace entre su oficina y la comunidad.

Desde que se conoció la sentencia que condenaba a Arpaio por discriminación racial contra los hispanos, el sheriff y sus abogados manifestaron su intención de recurrir el fallo, pero decidieron esperar hasta conocer el contenido de las medidas que en relación con la resolución debía imponer el juez. A lo largo de este tiempo, sus representantes legales han tratado de negociar con la ACLU una solución negociada y en estas conversaciones siempre se han mostrado reticentes a la imposición de un supervisor judicial y a que la comunidad se involucre en sus actividades.

Arpaio, de 80 años, anunció a principios de junio su decisión de suspender temporalmente sus funciones relacionadas con el control de la inmigración. “No vamos a desarrollar nuestras potestades en materia de inmigración hasta conocer la decisión final del juez. Mientras tanto, mejor estar a salvo que tener que lamentarnos”, señaló el portavoz del sheriff. Era la primera ocasión en la que el controvertido agente decidía abandonar su política de mano dura en la frontera. Arpaio se ha hecho famoso por sus polémicas redadas contra hispanos, por sus agresivas críticas a las políticas migratorias de Washington, por obligar a los detenidos a llevar uniformes rosas y hacerlos trabajar en pleno desierto atados con cadenas o por cuestionar la partida de nacimiento del presidente Barack Obama.

La decisión de este miércoles es el colofón de un proceso que comenzó en 2007 cuando Manuel de Jesús Ortega Melendres, un turista mexicano que estaba en EE UU de manera legal, fue parado por una de las patrullas de la Oficina del Sheriff a la salida de una iglesia en Cave Creek. Ortega estuvo retenido durante más de nueve horas, mientras que el conductor del coche en el que viajaba, de raza blanca, fue puesto en libertad mucho antes. A su demanda por detención ilegal se sumaron dos de sus hermanos y una ayudante del antiguo alcalde de Phoenix, Phil Gordon, que también alegaron haber sufrido discriminación por su condición de hispanos.

En mayo, Snow dictaminó que el octogenario sheriff había discriminado de manera continuada a los hispanos en las redadas y controles de tráfico y censuró que Arpaio diera más prioridad a la lucha contra la inmigración que al resto de las funciones.

La oficina del sheriff Arpaio deberá someterse a la nueva tutela judicial y acatar sus normas durante los próximos tres años, de acuerdo con la resolución de Snow.