Los inmigrantes del sur de Italia se rebelan contra la explotación en el campo

Los inmigrantes del sur de Italia se están rebelando contra la explotación que sufren en el campo. En menos de dos días han muerto 16 jornaleros extranjeros en las carreteras del sur de Italia, en Foggia, en la región de Apulia. El pasado sábado una furgoneta chocó contra un camión cargado de los tomates que habían recogido y cuatro trabajadores que viajaban en ella fallecieron en el acto; el lunes se produjo otro accidente en idénticas condiciones, en el que murieron 12 braceros. Según los testimonios de varios supervivientes, el grupo viajaba en la parte trasera de las furgonetas, sin tan siquiera una ventana desde la que ver el exterior o por la que entrara un poco de aire. 

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En Italia, país actualmente gobernado por una coalición populista con una fuerte retórica antiinmigración, los braceros extranjeros llevan años luchando para mejorar sus condiciones. El miércoles, centenares de jornaleros inmigrantes fueron a la huelga en Foggia para denunciar la explotación laboral y la falta de seguridad en su trabajo, una actividad donde existe una escasez de derechos que ahora se ha convertido en un complejo negocio muchas veces controlado por organizaciones criminales, las llamadas agromafias, que en Italia mueve unos 4.800 millones de euros, según los sindicatos.  

Los jornaleros inmigrantes que trabajan en el campo en Italia soportan unas condiciones que consideran indignas. Trabajan entre 8 y 12 horas al día, sin apenas descansos, sin contrato ni derecho a subsidios por desempleo o baja, y cobran un euro por cada 100 kilos de tomates. El producto normalmente se vende en cajas de unos 300 kilos a un precio que oscila entre los 28 y los 30 euros, pero los jornaleros, en total, reciben una paga de entre 20 y 30 euros al día —un 20% menos las mujeres y siempre pagado en negro— según el Observatorio Placido Rizzotto del sindicato FLAI, que cifra entre 400.000 y 430.000 el número de trabajadores susceptibles de sufrir condiciones de explotación. La mayoría vive en el campo, al aire libre o en chabolas en situaciones infrahumanas. Acuerdan el transporte, que también suele ser precario y por el que habitualmente tienen que pagar, y el alojamiento con los capataces, intermediarios que aseguran a los terratenientes que cada día llegue a trabajar a sus tierras un número preciso de personas.

La situación es tal que el ministro de Agricultura, Gian Marco Centinaio, declaró en una entrevista televisada que “existe la esclavitud en Italia”: “Existe una cadena de explotación de la mano de obra que debemos combatir". Y continuó: "No podemos decir en Europa que no queremos el arroz de Birmania o de Camboya porque en esos países los niños son explotados por dos euros al día en los arrozales [...] y después en Italia permitir que suceda esto”. 

Enzo Moavero, ministro de Exteriores, mostró su solidaridad hacia las víctimas recordando la tragedia de Marcinelle, en la que 136 mineros italianos fallecieron en Bélgica en los cincuenta. "También nuestros padres y nuestros abuelos emigraron, no lo olvidemos", dijo.

La Liga, formación xenófoba que gobierna en coalición con el Movimiento 5 Estrellas, no tardó en contestar y reiterar su mensaje: "No se puede comparar a los italianos, a los que nadie regalaba nada, a los clandestinos que cada día llegan a nuestro país".

Los jornaleros llaman a su manifestación la “marcha de las viseras rojas”, por las gorras de este color que utilizan habitualmente como única medida para protegerse de la dureza del verano mientras trabajan. “Son como las que llevaban los cuatro jornaleros muertos y los otros cuatro heridos para protegerse del sol mientras se partían la espalda recogiendo tomates por la vergonzosa cantidad de un euro por quintal”, señaló en un comunicado la Unión Sindical de Base (USB), que ha organizado las protestas. 

Los jornaleros denuncian además el trato denigrante que han recibido incluso después de los accidentes. Los cuerpos de las víctimas estuvieron abandonados durante horas en el asfalto, cubiertos con una sábana blanca, y los heridos tardaron en recibir atención médica. El fiscal de Foggia, Ludovico Vaccaro, denunció que no había espacio en los hospitales para los trabajadores heridos. “Esta pobre gente ha tenido problemas también para encontrar sitio en el hospital”, dijo en declaraciones a la agencia Ansa y añadió que tuvo que intervenir personalmente para localizar algún puesto disponible tanto en el hospital de Foggia como en otros ambulatorios de la provincia. “Creo que es necesario llevar a cabo intervenciones extraordinarias para resolver una situación que se ha convertido en trágica e insostenible”, continuó: “No es posible asistir a un ejemplo así, en la piel de pobres personas que vienen aquí con la esperanza de poder mejorar sus condiciones de vida”. 

Italia cuenta con una ley contra la contratación ilícita de mano de obra y la explotación de los trabajadores agrícolas. El Partido Demócrata la aprobó en 2016 pero desde entonces hay dudas acerca de su aplicación. La agricultura es el principal recurso económico en las zonas donde se da este tipo de explotación; por una parte la complicidad de la población local y por otra la debilidad de los controles hacen que la norma no sea efectiva. 

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se trasladó el lunes a Foggia y aseguró que se incentivarán y reforzarán los controles. En junio, el asesinato a tiros en Calabria (sur del país) de un sindicalista maliense de 29 años desató la ira de los jornaleros africanos, que ya se habían rebelado en 2010 cuando el hijo de un boss de la 'Ndrangheta disparó a dos inmigrantes en el pueblo de Rosarno. Entonces se formaron sindicatos y el problema adquirió relevancia. Matteo Salvini, actual ministro del Interior y líder de la Liga, dio un mitin en ese mismo pueblo en marzo, poco después de las elecciones, en el que estuvieron presentes personalidades mafiosas. “¿Por qué se conoce a Rosarno? Por ser un poblado de chabolas. Y yo no quiero esclavos”, dijo.