Colombia rechaza con contundencia el asesinato de líderes sociales

Colombia está de luto. El hastío de la sociedad ante el incesante asesinato de líderes sociales a lo largo y ancho del país luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC parece haber pasado a una fase de movilización. Miles de personas en distintos parques y plazas públicas manifestaron este viernes su contundente repudio ante las amenazas y ataques contra activistas y defensores de derechos humanos, bajo la sombrilla del lema “nos están matando”.

La llamada “velatón” congregó a colombianos en más de 50 ciudades del país y el exterior para rechazar el preocupante fenómeno que amenaza la implementación de los acuerdos negociados durante más de cuatro años en La Habana. "El silencio es indiferencia", era uno de los gritos en la Plaza de Bolívar, en el corazón de Bogotá, donde los asistentes llevaban velas, banderas, globos blancos y carteles. Escenas similares se vivieron en capitales departamentales como Barranquilla y Cartagena, en la costa norte, Medellín, en el noroeste, o Cali, en el suroeste. Incluso en Sidney, París o Madrid.

Solo en los últimos cuatro días, seis activistas fueron asesinados en diferentes regiones de Colombia. Si bien las cuentas difieren según los diferentes organismos, de acuerdo con los cálculos de la policía desde que se selló la paz con las FARC, el 24 de noviembre de 2016, van al menos 178 homicidios de este tipo, es decir, uno cada tres días. La Defensoría del Pueblo afirma que entre el 1 de enero de 2016 y el pasado 30 de junio han sido asesinados “311 ciudadanos colombianos que se dedicaban a ser líderes sociales y defensores de derechos humanos".

Los ataques son “un síntoma grave del estado de cosas en Colombia” que “demuestra intolerancia, provoca miedo, limita o anula las libertades de pensamiento y de expresión, y, lo que es peor, exhibe cómo la violencia se impone, en muchos lugares, como un medio de control social”, escribió Alberto Brunori, representante de ONU Derechos Humanos en Colombia, en una columna en el periódico El Espectador. “La impunidad que ronda estos ataques agrava la situación, puesto que, ante la ausencia de sanción oficial, el reproche social se reduce y la violencia encuentra justificación”.

La ONU instó el jueves al Gobierno a reforzar la seguridad de los activistas, y tanto el presidente Juan Manuel Santos como el presidente electo Iván Duque han manifestado su preocupación, mientras que el fiscal Néstor Humberto Martínez ha admitido que “en los territorios de narcocultivos y corredores del narcotráfico la situación es dramática y preocupante”. Santos ha ordenado a las fuerzas de seguridad actuar “con toda contundencia” y convocó para el próximo martes la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Sin embargo, el grueso de la sociedad parece no explicarse el fracaso para contener una nueva escalada de violencia.

Los asesinatos se han recrudecido desde las elecciones presidenciales, que ganó Duque en segunda vuelta el 17 de junio, según la plataforma política de Gustavo Petro, el candidato de izquierda derrotado en los comicios. Entre el 23 de junio y el 4 de julio han asesinado a 21 activistas, cinco de ellos pertenecientes a Colombia Humana, su movimiento político, según un comunicado firmado por colombianos residentes en el exterior en el que piden a la comunidad internacional, y específicamente a la Unión Europea, frenar los asesinatos de líderes sociales y exigirle tanto a Santos como a Duque, que se posesiona el próximo 7 de agosto, garantías absolutas para los miembros de oposición. El presidente electo, de visita en España, ha manifestado que trabajará intensamente por la protección de "todos los líderes sociales" y "todos los líderes políticos", y para que las investigaciones avancen con rapidez.