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Colombia registra el asesinato de un líder social cada tres días desde la firma de la paz con las FARC

Duque: "Estaré trabajando intensamente por la protección de todos los líderes sociales". Santos convoca la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad

Miembros de la disidencia de las FARC en el departamento del Guaviare.
Miembros de la disidencia de las FARC en el departamento del Guaviare. AFP

Cada tres días se produce en Colombia el asesinato de un líder comunitario. Se cuentan 178, según cálculos de la policía, desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC, el 24 de noviembre de 2016. En la última semana hubo al menos cuatro, en el Pacífico, en el Caribe y en el departamento de Antioquia. La Defensoría del Pueblo, en su último informe, amplía el foco y recoge 311 homicidios de activistas en dos años y medio, entre el 1 de enero de 2016 y el pasado 30 de junio.

El drama de estas estadísticas queda reflejado en casi cada visita a una zona rural del país. En el campo colombiano, el tránsito hacia la normalidad después de más de medio siglo de conflicto armado y la desmovilización de la guerrilla choca con las constantes denuncias de desprotección de defensores de los derechos humanos y representantes políticos locales.

Ante esta nueva escalada de violencia, el presidente saliente, Juan Manuel Santos, ordenó a las fuerzas de seguridad actuar “con toda contundencia” para dar con los responsables y convocó para el próximo martes la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El mandatario electo, Iván Duque, rechazó “categóricamente” esos crímenes y prometió afrontar esta emergencia en cuanto asuma oficialmente el cargo el 7 de agosto.

La cocaína, en el fondo, es la causa central de esta crisis de seguridad. El coronel José Restrepo, director de la unidad de élite de la policía encargada de investigar estos crímenes, señaló a Caracol Radio que por ahora “se han registrado 165 capturas de presuntos responsables de estas afectaciones”, en referencia a los 178 asesinatos verificados desde finales de 2016. En su mayoría, indicó, pertenecen a frentes disidentes de las FARC, que actúan como cárteles disputándose la producción de hoja de coca, y al Clan del Golfo, la principal organización criminal dedicada al narcotráfico de Colombia, de facto un grupo paramilitar. A la habitual indefensión de los líderes comunitarios, en el punto de mira de caciques locales y redes mafiosas, se suman desde la firma de la paz los problemas derivados de los enfrentamientos entre bandas por el control del territorio.

El miércoles fue asesinada en el municipio de Cáceres, en el noroeste del país, Ana María Cortés, coordinadora local de la campaña electoral del candidato izquierdista Gustavo Petro. El martes, Margarita Estupiñán, presidenta de la Junta de Acción Comunal de un barrio de Tumaco, recibió un disparo en la puerta de su casa. Hasta ese puerto del Pacífico se trasladó Santos, que multiplicó la presencia de las fuerzas de seguridad en las zonas más golpeadas.

Tumaco, por ejemplo, es un municipio militarizado en el que una docena de grupos armados tratan de ocupar el vacío dejado por las FARC y quedarse con más de 23.000 hectáreas de coca. Los cultivos aumentaron un 11% en 2017 y superaron las 200.000 hectáreas. Es decir, batieron un nuevo récord, según la Oficina de Control Antidroga de Estados Unidos.

Tolerancia cero frente a la violencia

Este será precisamente uno de los principales desafíos de Duque, que estos días se encuentra de visita en España. “Quiero decir que como presidente de los colombianos estaré trabajando intensamente por la protección de todos los líderes sociales, por la protección de todos los líderes políticos y para que se pueda avanzar con rapidez en la investigación y que los responsables de esos delitos sean llevados a la justicia y tengan, además, una sanción ejemplar”, manifestó.

“No acepto como colombiano que ninguna persona se vea amenazada por su pensamiento, por su raza, por sus condiciones personales, y lo que quiero es un país donde brille la legalidad y donde todos los colombianos se sientan protegidos”, enfatizó el presidente antes de comprometerse a afrontar esa amenaza. “Voy a trabajar desde el primer día de Gobierno para que en Colombia tengamos una agenda de legalidad y que al criminal se le diga que el que la hace, la paga”.