La UE salva una situación de máxima tensión política con un pacto de mínimos sobre migración

Alemania ha descubierto la ansiedad con el fenómeno migratorio: los refugiados que eran bienvenidos en 2015 comprometen ahora el futuro político de la canciller, Angela Merkel. Italia y su Gobierno populista han debutado en Bruselas con un discurso hosco, punzante, repleto de reclamaciones. Los países del Este siguen con su cruzada antimigración. La llegada de partidos populistas a varios Gobiernos europeos ha emponzoñado ese debate. Ese cóctel molotov cristalizó la pasada madrugada en un acuerdo de mínimos en la cumbre europea que, tras casi 14 horas de discusiones y amenazas de veto, permite salvar un momento de máxima tensión."No lo hemos logrado todo, pero es un paso en la buena dirección", concluyó la canciller alemana, Angela Merkel, al término del Consejo Europeo que se ha celebrado jueves y viernes en Bruselas. "Es demasiado pronto para hablar de éxito. Hemos conseguido un acuerdo pero esa es la parte más fácil frente a lo que nos espera", añadió el presidente francés, Emmanuel Macron.

Europa blindará aún más sus fronteras, en especial por la ruta del Mediterráneo Occidental --la que afecta a España--, a pesar de que los números no respaldan ya la histeria política: de los 1,05 millones de migrantes (principalmente refugiados) que entraron irregularmente en el continente en 2015 se ha pasado a 43.000 a mitad de año. Los Veintiocho optan por apuntalar la Fortaleza Europa tras una negociación maratoniana, tensa y caótica que no deja contento a casi nadie, pero que puede salvar la pelota de partido en Alemania e Italia. Junto con ese blindaje, habrá campos de retención, en el interior y en el exterior de la UE, pero sobre la base de una solidaridad a la carta, voluntaria.

La crisis migratoria es ya básicamente una crisis política: las cifras no son preocupantes, pero la migración ha sido una especie de detonador ideológico que explica buena parte del ascenso de los populismos, y las posiciones de las capitales están cada vez más enconadas. El debate ha sufrido una metamorfosis: de discutir los asuntos económicos y legales relacionados con la inmigración se pasa a centrarse básicamente en la seguridad; las puertas abiertas que son las fronteras abiertas ya no son un símbolo de libertad, sino una amenaza para la seguridad. Conscientes de la debilidad del acuerdo, los líderes han dado la bienvenida a ese pacto, pero siempre con el adverbio de caución quizá en todos los análisis. "Italia ya no está sola", decía de madrugada el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. "No es el mejor de los acuerdos, pero es un acuerdo importante que cambia la dirección del debate y ofrece una perspectiva europea para encarar este desafío", resumió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El principal valor del pacto logrado en medio de la madrugada es que se fraguó tras varios amagos de romper la negociación. La estrategia negociadora (en buena medida apuntalada por Macron, según las fuentes consultadas) dio paso a un texto muy vago, pero con el valor político de haber sido respaldado por los 28 jefes de Estado y de Gobierno.

Descontado ese activo simbólico, el pacto contiene importantes lagunas. La principal novedad, los centros controlados en el seno de la UE que deben permitir evaluar con celeridad si los desembarcados en suelo comunitario son candidatos al asilo o migrantes económicos, es incierta. Porque todos los países respaldan la existencia de estas instalaciones para transferir a los desembarcados en las costas mediterráneas, pero nadie se compromete a albergarlas. Francia apuntó inicialmente a que España y Grecia estarían dispuestos, pero esos países lo negaron.

En la práctica, los centros más o menos cerrados ya existen en varios polos comunitarios. Los más claros son los llamados hotspots que albergan Italia y Grecia como consecuencia de la crisis de 2015 y que fueron una condición previa para que algunos de los allí registrados pudieran ser reubicados en otros Estados europeos. La UE invirtió dinero y energías en esos centros para garantizarse el control y el registro de todos los arribados a cambio de descargar presión sobre Atenas y Roma con el programa de reparto de refugiados entre el bloque comunitario. El plan, pese a todo, funcionó a medio gas.

Lo que sí resulta novedoso, aunque está enunciado de manera voluntaria, es el compromiso de que el tratamiento de esas personas desembarcadas en Europa se asumirá “sobre la base de un esfuerzo conjunto”, una frase que permite a cada país interpretar la opción que más le conviene. Italia considera que, con el pacto de esta madrugada, se ha desvinculado completamente la responsabilidad de salvar a los náufragos —que sí tiene que seguir asumiendo el país más cercano al lugar de intercepción de los barcos, principalmente Italia— de la obligación de registrarlos y llevar sus expedientes. El bloque del Este, con Hungría a la cabeza, peleó hasta obtener garantías de que este esquema no impone obligaciones a todos.

El texto supone, además, un reconocimiento a los esfuerzos de España en la contención de las llegadas por el Mediterráneo occidental. La UE compromete “apoyo financiero y de otro tipo” a todos los Estados miembros, “especialmente España y países de origen y tránsito, en particular Marruecos, para combatir la migración ilegal”. El mensaje tiene un doble propósito: por un lado alertar de que las llegadas por el flanco español están subiendo y que hay que reforzar la asistencia a Marruecos, cuyas autoridades están algo molestas porque Europa se ha volcado con Turquía para cerrar la ruta oriental, en detrimento del resto. Por otro, reconocer a España el compromiso que ha adquirido en esta crisis política, simbolizado en la acogida que hizo del barco Aquarius cuando Italia le negó la entrada a sus puertos.

Mucho más difusa queda en el texto la principal ganancia que obtiene Alemania: tratar de limitar el paso de demandantes de asilo ya registrados en otros países de la UE pero que más tarde se desplazan hasta territorio germano. Con la advertencia de que esta práctica pone en riesgo la libre circulación de Schengen, el texto insta a adoptar "todas las medidas necesarias" en el ámbito interno para evitarlo. Merkel, muy necesitada de difundir este mensaje para salvar su Gobierno federal, fue más explícita en sus explicaciones. Aseguró que España y Grecia se han comprometido a acoger de vuelta a todos los demandantes que pasen por su frontera austriaca y que hubieran entrado en la UE inicialmente por uno de esos dos países. Además, otros países fronterizos (como Francia) suscribirán pactos con el Ministerio del Interior alemán —en manos de Horst Seehofer, el socio que hace tambalearse el Gobierno— para ver cómo se avienen a aceptar también una devolución rápida de quienes lleguen desde esos Estados.

Plataformas a largo plazo

A largo plazo, la idea con más respaldo sigue siendo las llamadas plataformas exteriores de desembarco, una especie de instalaciones situadas en un Estado norteafricano para desembarcar allí a los migrantes rescatados antes de llegar a aguas territoriales europeas. Los Estados admiten que ahora hay que negociar con alguno de los candidatos a albergarlas y ponerlas en marcha, algo que no resultará sencillo. Los expertos comunitarios han lanzado, además, importantes reservas legales sobre la naturaleza de estas infraestructuras, que se perfilan más como un desincentivo a las llegadas irregulares que como una posibilidad a corto plazo.

Finalmente, Italia logró que figurara por escrito el compromiso de aportar 500 millones de euros al fondo fiduciario para África, diseñado en 2015 para incidir en los motivos de las migraciones. Finalmente no serán las contribuciones adicionales de los Estados miembros las que conformen esa partida, que provendrá de un instrumento ajeno al presupuesto comunitario, pero en el marco de la financiación de la UE. Se trata del Fondo Europeo de Desarrollo, el principal instrumento comunitario de ayuda a África, el Caribe y el Pacífico, constituido con aportaciones intergubernamentales. Aun así, los países se comprometen, sin cifras, a aumentar esa cantidad.

Recién concluida la cumbre, el Consejo Europeo comunicó formalmente el desbloqueo de un dosier que Roma había mantenido cautivo de toda esta negociación migratoria: la puesta en marcha del segundo tramo de 3.000 millones de euros destinados a Turquía para proyectos de atención a los refugiados sirios en el periodo 2018-2019. Los Estados aportarán 1.000 millones (cada uno en función de su nivel de riqueza) y el resto procede del presupuesto de la UE. Fue el resultado más inmediato de los dos días de cumbre europea.