Kremlin vs Telegram

Las autoridades rusas han lanzado una ofensiva para bloquear el acceso al servicio de mensajería móvil Telegram, cuyo propietario Pavel Dúrov se resistía y exhortaba el martes a oponerse a la decisión judicial en nombre de la “defensa de las libertades digitales y el progreso”. El viernes, un tribunal de Moscú ordenó el bloqueo de Telegram por negarse a entregar sus códigos al Servicio Federal de Seguridad (FSB, en ruso) tal como estipula la ley. 

Roskomnadzor (el órgano oficial encargado de vigilar la Red y registrar las páginas interceptadas) bloqueó más de 16 millones de direcciones de Protocolos de Internet (IP) hasta la tarde del martes, según datos de una página estadística que lleva la cuenta de los registros de Roskomnadzor. De esta cifra, 9.400 direcciones IP habían sido registradas por Telegram, 3,6 millones pertenecían a Google y 12,1 millones a estructuras de Amazon, según datos del servicio informativo RBK. 

Telegram, que se situaba por debajo de WhatsApp y Viber, había llegado a disponer de 10 millones de usuarios en Rusia, según la emisora Kommersant FM. Se trata de un servicio de mensajería instantánea muy popular entre la clase política rusa. Dmitri Peskov, el jefe de prensa del presidente Vladímir Putin, que también había utilizado Telegram, expresó este martes su esperanza de que ese servicio cumplirá las condiciones impuestas por Roskomnadzor y podrá volver a trabajar en territorio ruso.

El conflicto entre Roskomnadzor y Telegram es el capítulo más espectacular en la ofensiva emprendida por las autoridades rusas, en nombre de la seguridad nacional, para controlar y restringir los espacios de libertad en las redes sociales e Internet. Dos leyes a este efecto se encuentran actualmente en vías de aprobación en el parlamento. La primera tiene por fin “incrementar el nivel de cumplimiento” de las decisiones judiciales que obligan a eliminar de la Red informaciones que mancillen el honor, la dignidad o la reputación de ciudadanos y de empresas y personas jurídicas.

Esta ley, cuyo trámite se inició el 2 de abril, está en el Consejo de la Federación (cámara alta del parlamento) tras haber sido aprobada en tercera y definitiva lectura por la cámara baja. El procedimiento para cumplir las decisiones judiciales sobre eliminación de materiales de la web ha sido lento e ineficaz hasta ahora. Ejemplo de ello es una investigación del Fondo de Lucha contra la Corrupción (dirigido por el político opositor Alexéi Navalni) sobre propiedades inmobiliarias atribuidas al jefe del Gobierno, Dmitri Medvédev. En 2017 un juez ordenó eliminar algunos fragmentos de esa investigación (accesible aún en Internet), pero la decisión no se ha cumplido. Con la aprobación de la ley, Roskomnadzor podrá bloquear los materiales sancionados en el plazo de un día.

La otra iniciativa legislativa en curso (aprobada en primera lectura por la Duma) contempla el bloqueo de redes sociales y servicios de mensajería por difundir información que cualquier órgano del poder legislativo,—de acuerdo con sus propios criterios e intereses—, considere como no fidedigna o falsificada. La difusión de informaciones muy exageradas sobre el número de víctimas que se habían producido en el reciente incendio en la localidad siberiana de Kémerovo ha sido el motivo alegado para desempolvar y retocar el proyecto de ley, que data del año pasado.

En su nueva versión, la ley introduce el concepto de “red pública” referida tanto a las redes sociales como a los servicios de mensajería instantánea. Según el proyecto, los recursos de Internet que sean utilizados por más de 100.000 personas en el curso de una jornada deberán tener una representación en Rusia. Los propietarios de las “redes públicas” estarán obligados a impedir que se usen para difundir información públicamente relevante “no fidedigna” o que “infringe la ley”. Tras ser advertidos por el órgano regulador, los propietarios de las redes están obligados a eliminar la información polémica en el plazo de un día. La intervención de los jueces no se contempla.

En su desafío a Roskomnadzor, Dúrov afirmó el martes que había comenzado a pagar cantidades en bitcoins a los administradores de los VPN (Virtual Private Network, que permite evadir el control de los órganos reguladores) y servicios de proxy “en el marco de la resistencia digital y el movimiento descentralizado en defensa de las libertades digitales y el progreso”. En su página de la red social Vkontakte (equivalente ruso de Facebook), el ejecutivo rebelde aseguró que se dispone a invertir millones de dólares de su patrimonio privado en esta causa. El mercado ruso “no es una parte sustancial de la base de usuarios de Telegram, pero es importante por motivos personales” afirmaba Dúrov que acusaba a Roskomnadzor de estar dispuestos a bloquear millones de direcciones de IP y a no tener en cuenta las pérdidas económicas que ocasiona con ello.

Por su parte, los especialistas de Roskomnadzor emprendían medidas para defender la página de web de la institución, que fue atacada tres veces en una jornada, según informó el martes su servicio de prensa. En la noche del lunes, el jefe de Roskomnadzor, Aleksandr Zhárov, informó que se habían bloqueado 90.000 direcciones de IP del servicio de mensajería y casi 600.000 direcciones de IP de Amazon.