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La Pampa argentina, estrangulada por las redes de trata

Cerca de 12.000 mujeres han sido rescatadas de la explotación sexual en Argentina en una década, pero sólo 163 casos han finalizado con condenas

Protesta contra las redes de trata en Buenos Aires, en 2015.
Protesta contra las redes de trata en Buenos Aires, en 2015.

Cuando Sol llegó a la ciudad argentina de Santa Rosa, capital provincial de La Pampa, tenía 21 años. Su familia se había trasladado a Formosa, en el norte del país, en busca de mejores condiciones económicas, pero la situación era complicada. Sol -cuyo nombre fue modificado por razones de seguridad- no conseguía trabajo y se desesperaba. Un día, leyó junto a su amiga Angie un aviso en la sección de empleos del diario: buscaban mujeres jóvenes para servir copas en una whiskería. Ofrecían 2.000 pesos por mes, casi 700 dólares al cambio en 2006, mucho dinero para ese momento en el que Argentina salía de una grave crisis económica. Llamaron al teléfono del anuncio en seguida y se reunieron con un joven cordobés, que les dijo que el trabajo consistía en ser "alternadoras", es decir, servirles copas a los clientes del bar y charlar con ellos. Aceptaron la oferta, cuenta Sol a EL PAÍS, hicieron las valijas y recorrieron 1.500 kilómetros en autobús con el pasaje que el joven les había pagado, sin saber que habían sido captadas para una red de trata con fines de explotación sexual.

La trata de personas es el tercer delito que más dinero mueve a nivel mundial, 32.000 millones anuales, disputándose las cifras con el tráfico de armas, en segundo puesto. En Argentina, desde el año 2008 han sido rescatadas casi 12.000 víctimas de trata con fines de explotación sexual, según el Programa nacional de rescate y acompañamiento a personas en situación de explotación del Ministerio de Justicia. Eran explotadas en prostíbulos disfrazados de whiskerías, bares, boliches, casas de tolerancia y clubes que funcionaban con connivencia estatal. Los municipios facilitaban la habilitación para su funcionamiento y las chicas explotadas tenían libretas sanitarias donde figuran como alternadoras, eufemismo que se utiliza para darle una nominación legal a la mujer explotada sexualmente.

De morena a rubia platino

El día que Sol llegó al prostíbulo, Alicia Videla, dueña de Privado Vip, le dijo que le gustaría que fuera rubia. La recibió con halagos y palabras dulces, y al día siguiente la llevó a una peluquería para teñirle el pelo negro de rubio platino. Esa misma noche, le dijo, ya sin sonrisas, que estaba ahí para "hacer plata" y que tenía una deuda. Le explicó que tendría que tener sexo con los clientes y que más de la mitad del dinero debía entregárselo a ella. Alicia no actuaba sola, según el testimonio de Sol. En su recorrida por las provincias engañando a mujeres lo acompañaba un médico y funcionario público, que realizaba abortos clandestinos a las mujeres que quedaban embarazadas y les proporcionaba antidepresivos.

Sol estuvo tres años en situación de trata. Pasó por varios prostíbulos, hasta que decidió pedir ayuda en la subsecretaría de políticas de género de Santa Rosa. En 2009, a raíz de una denuncia de una menor de edad formoseña que estaba en el prostíbulo de Videla, la policía allanó Privado Vip. Detuvieron a Alicia Videla, su hermano Saúl Videla y su esposa, Miriam Céspedes, regentes del prostíbulo y rescataron a 9 mujeres: 2 dominicanas y 7 argentinas. Pero estuvieron poco tiempo encarcelados: la joven formoseña levantó la denuncia en contra de Videla y los proxenetas quedaron libres. Sol mencionó que hubo dinero de por medio para el levantamiento de la denuncia, pero la investigación está parada.

Alika Kinan, símbolo contra la impunidad

Alika Kinan, víctima sobreviviente de trata en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, ganó el año pasado el primer juicio de Argentina que declaró al Estado como partícipe necesario para el funcionamiento de la red. Este jueves, la Cámara de Casación confirmó la condena a siete años de cárcel a su proxeneta y ordenó a la municipalidad de Ushuaia el pago de una indemnización de 780.000 pesos (casi 40.000 dólares) a Kinan.

Las redes de trata existen por todo el país y se repite en ellas la complicidad institucional. Sólo en La Pampa hay un total de tres intendentes (alcaldes) que están en la mira de la justicia por el delito de trata sexual: dos fueron condenados y uno está al borde del juicio oral.

"Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento" dijo Luis Rogers, actual intendente de Lonquimay, en 2009 al oponerse a la resolución que ordenaba cerrar todos los prostíbulos de la provincia de La Pampa. El pasado junio Rogers fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos por ser partícipe necesario del delito de trata de personas con fines de explotación sexual debido a su rol en la estructura de la red que funcionaba con el cabaret "Good night", con el aval del jefe de policía y el silencio. Pero el fallo aún no es firme y Rogers continúa en su puesto.

Lonquimay es un pueblo pequeño ubicado 530 kilómetros al suroeste de Buenos Aires. Según el expediente, luego de la resolución que prohibía prostíbulos en la provincia, Rogers había habilitado el cabaret bajo el rubro "servicios de salones de baile" y se encargaba de firmar las libretas sanitarias de las chicas captadas por la red. Carlos Fernández era el dueño del prostíbulo y trabajaba a codo con el comisario de la policía local, Carlos Alaniz. "En la provincia hay caudillismo, cada intendente se maneja como un caudillo. Se conocen entre todos, no me consta una suerte de encubrimiento de parte de la gobernación de la provincia, pero sí se miraba para otro lado", explica Juan José Baric, fiscal de instrucción del caso. "Su participación fue total, absoluta, necesaria e imprescindible. No tiene prisión preventiva, está en su casa. Se presentó nuevamente en las últimas elecciones" denuncia Baric.

La causa comenzó en 2009, cuando la policía de La Pampa comenzó a tener sospechas del comisario Alaniz y realizó escuchas al dueño del prostíbulo. Luego, una chica oriunda de la provincia de Salta denunció que estaba en el prostíbulo en condiciones inhumanas y no la dejaban salir. Las denuncias se unificaron y allanaron el prostíbulo. La investigación tuvo varios escollos: la justicia federal de La Pampa tardaba en realizar allanamientos y tomar declaraciones. "Necesitó de varias presentaciones por parte de los fiscales federales, Alejandro Cántaro, Marcelo Colombo y mías, con escritos que solicitaban de pronto despacho, recursos de casación y queja porque frenaban la investigación" cuenta Baric. El segundo juez de la causa, José Charlín, atrasaba la investigación y luego fue denunciado por acoso sexual y por amenazar a su secretaria; también fue acusado de robarle el arma a su custodio y apuntar a los empleados del juzgado. Charlín fue destituido del caso, juzgado y condenado a cinco años de cárcel el pasado viernes.

Jorge Cabak va por su tercer mandato como intendente en Macachín. Está procesado y próximo a ir a juicio oral. La Fiscalía lo acusa de haber habilitado el prostíbulo y firmar las libretas sanitarias de las mujeres explotadas. El prostíbulo se llamaba La Chicho Show. Los hechos investigados abarcan desde el 2006 al 2011, luego de una denuncia realizada por la situación en la que tenía el cabaret a una dominicana. A las mujeres captadas por la red les cambiaban el nombre por algún alias, su aspecto físico y su ropa.

"La causa de Macachín hay que enmarcarla en un contexto de naturalización de la institución prostibularia como forma de diversión de los hombres, que no es otra cosa que los acuerdos tácitos patriarcales de la asimetría de poder de varones hacia mujeres. Es más, es la doble explotación sexual y económica. Por lo tanto, la existencia de la red con asiento en Macachín responde a esa lógica, que se reproduce con similares características en el país", destaca Mónica Molina, periodista y exsubdirectora de políticas de género de Santa Rosa.

La connivencia institucional con las redes de trata y el miedo de las víctimas favorecen la impunidad. Sólo 163 juicios por este delito en Argentina han finalizado con condenas. En la provincia de Salta, en el año 2013, el intendente Carlos Villalba, fue descubierto en un prostíbulo durante un allanamiento.

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