“Éramos objetos, carne apta para ser consumida”

Anita tenía 10 años cuando su mamá la entregó a su hermanastro. Él se la llevó de Corrientes, en el norte de Argentina, hasta Villa Fiorito, en las afueras de Buenos Aires, con la promesa de que podría estudiar y ganarse la vida cuidando bebés. Pero en su nuevo hogar no había escuela ni bebés. Le esperaba en cambio un galpón en el que comenzó a ser explotada sexualmente junto a otra treintena de niñas de su misma edad.

Cuando no eran prostituidas, las menores permanecían encerradas en el sótano, encadenadas y sin cubiertos con los que comer. Anita (nombre ficticio, ya que tiene identidad reservada), tenía el privilegio de vivir en la casa adjunta al galpón por ser parte de la familia, aunque no se libró de los malos tratos ni de la prostitución forzosa. Fruto de las relaciones sexuales sin preservativo mantenidas con los clientes, se quedó embarazada dos veces y fue sometida a abortos clandestinos. Nunca aceptó su cautiverio y se intentó escapar en reiteradas ocasiones de ese infierno. A la tercera lo consiguió. Ahora, con 20 años, ha llevado ante la Justicia a sus captores -su hermanastro Manuel Quintana y su esposa, Blanca Gerez- y está a la espera de la sentencia, que llegará el próximo mes.

Nieta e hija de mujeres prostituidas, Alika Kinan se metió en la boca del lobo en la adolescencia. A los 19 años, convencida por una conocida de que existía la oportunidad de "ganar buena plata" gracias a los dólares con los que pagaban las tripulaciones de los pesqueros extranjeros, aceptó viajar a Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. Una vez allí, le retuvieron la documentación y tuvo que pagar un plan de deudas imposible de saldar entre billetes, alojamiento, comida y multas por ausentismo y demoras. "Si el cliente se quejaba, le devolvían la plata y nos la descontaban a nosotras", recuerda en una entrevista telefónica desde Ushuaia. La explotación sexual se prolongó durante más de 15 años, hasta que fue rescatada en 2012 junto a otras seis víctimas de trata durante un allanamiento en el cabaret Sheik.

Con 40 años y madre de seis hijos, Kinan ha llevado a juicio a los dueños del local y espera una sentencia inminente. También demanda al Estado, al que considera responsable de facilitar el funcionamiento de la red de trata. "Una parte del Estado fue cómplice. La Municipalidad cobraba impuestos a los prostíbulos y expedía una libreta sanitaria que incluía exudado vaginal y test de HIV que mostraba que éramos objetos, carne apta para ser consumida", dice. Los dueños del cabaret, Pedro Montoya e Ivana García, contaban también con protección policial, añade la querellante.

En Argentina hay 380 personas condenadas por trata, pero Anita y Alika Kinan son las dos primeras víctimas en impulsar querellas por este delito y además de la condena penal exigen una reparación económica. Comparten también su procedencia de familias vulnerables. "El sistema prostibulario en el que se da la trata necesita de una mujer pobre para existir", expone a EL PAíS el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo.

Anita había sido maltratada y abusada por las distintas parejas de su madre antes de caer en la red de trata de su hermanastro. Quintana y Gerez la obligaron también a actuar como carnada para otras niñas que iban a buscar al norte del país, en especial a Chaco y Formosa. Prometían a los padres que les darían trabajo y estos las entregaban a cambio de una suma de dinero. "Para la red de trata es una situación perfecta porque nadie está pidiendo por ellas, los padres no denuncian su desaparición", apunta la abogada de Anita, Laura Selene Chaves Luna, quien reveló el caso primero al portal Cosecha Roja. "Es un sistema perverso que deja sin salida a esa persona para que pueda tener un reclamo y un acceso a justicia", agrega Colombo. No se trata de un ejemplo aislado sino de una práctica tan común que en la Ley de trata de personas aprobada en 2008 está penada "la recepción de dinero de una persona mayor de edad que pueda tener ascendencia sobre la víctima", indica el fiscal.

Rastrear el dinero del crimen organizado

Demostrar la connivencia del crimen organizado con las instituciones es uno de los caballos de batalla del Protex. "El 7% de los condenados por trata son funcionarios públicos", señala. En algunas causas penales se logra condenar "al primer anillo de protección, los inspectores y policías", pero es más complicado llegar más arriba. "Hay intendentes de localidades que protegen abiertamente a los prostíbulos", afirma. Otro de los objetivos es rastrear el dinero que mueven las redes de trata, decomisar y expropiar sus bienes y subastarlos para entregarlos a víctimas y organizaciones de ayuda a víctimas de trata.

Kinan pelea para que se haga justicia, pero también por todas las mujeres cautivas en redes criminales que, como ocurrió en su caso, no se reconocen como víctimas. "Yo pensaba que la trata de personas era el secuestro con la camioneta, que las chicas eran secuestradas y drogadas con sonda. Hay casos así, pero son los menos. La realidad mayoritaria de la trata es otra. Muchas chicas llegan engañadas y vienen de situaciones de extrema vulnerabilidad", describe la querellante. Gracias al apoyo de psicólogos, activistas de los derechos de la mujer y a la lectura de la Ley de Trata, Kinan se dio cuenta de que ella había sido víctima de ese delito, decidió denunciar a sus captores y creó el Instituto de Género Sapa Kippa, que asesora a mujeres que han pasado por la misma situación.

Anita desea también que se haga justicia, pero lamenta no haber podido ayudar a las otras chicas, que no quisieron o se atrevieron a escaparse con ella y de las que no ha vuelto a saber nada desde entonces. "Si la Justicia hubiese actuado antes, las hubiese encontrado. Yo para que se haga justicia he tenido que esperar diez años", declaró, a punto de romper a llorar, ante el Tribunal Oral en lo Federal 5 de Buenos Aires. A la espera de conocer las sentencias, las dos luchan para rehacer sus vidas.