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Buenos Aires prohíbe cualquier tipo de prostíbulo

Una ley votada en la Legislatura obliga el cierre de las whiskerías

Gustavo Vera (d) y el diputado nacional Felipe Solá (i) en la misa de hace una semana. Ampliar foto
Gustavo Vera (d) y el diputado nacional Felipe Solá (i) en la misa de hace una semana.

Los delitos contra las mujeres tienen en jaque a la sociedad argentina. Los crímenes sexuales y los episodios de violencia machista son tema de la cotidianeidad en periódicos y canales de televisión. Buena parte de la comunidad relaciona estos crímenes con la prostitución que se ejerce en algunos locales y departamentos privados. La actividad por cuenta ajena, esto es con un proxeneta, está prohibida en la Ciudad de Buenos Aires por la ley de trata y los convenios que han firmado 193 países en la Organización de Naciones Unidas. Los prostíbulos, además, están prohibidos por la ley de profilaxis, sancionada en 1936. Sin embargo, y como se dice en Argentina, “hecha la ley, hecha la trampa”.

Muchos empresarios de la noche utilizaron hasta ahora un ardid que funcionó a la perfección: registrar los locales como whiskerías y contratar a coperas o bailarinas que, en realidad, ofrecen servicios sexuales en ese lugar o en un motel. El resto del plan es el mismo del que se valen todas las actividades ilegales en el país: comprar el silencio de la policía. En ese contexto, los legisladores porteños Gustavo Vera (Bien Común), Carmen Polledo (Vicepresidenta primero PRO) y Omar Abboud (PRO) presentaron un proyecto para dar fin a las habilitaciones que encubren los prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa fue aprobada este jueves en la Legislatura, con 41 votos a favor sobre un total de 60. La sanción llega apenas una semana después de que el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, ofreciera una misa al aire libre para reclamar, entre otras cosas, por el quite de habilitaciones para estos locales.

“Votamos algo que tiene que ver con la libertad, la vida y la dignidad. Estos son delitos de Lesa Humanidad. Nos ocupamos de esta problemática antes de llegar a la Legislatura, estuvimos en el día a día con las víctimas y sufrimos 18 atentados”, precisó Vera en el recinto. Además, explicó: “Se demostró que estos locales de clase A violan no solo la legislación argentina sino también el estatuto de la ONU. La Comisión de Derechos Humanos prohíbe la trata en todas sus dimensiones”. El legislador de Bien Común remarcó que “las alternadoras no trabajan, sino que están siendo explotadas” y agregó que “como mínimo hay proxenetismo y como máximo, trata”. “La libertad, la vida y la dignidad están por encima de cualquier camiseta partidaria”, precisó el también presidente de La Alameda en respuesta a las abstenciones que plantearon otros bloques.

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) le vendía las credenciales de afiliación a los proxenetas”, arremetió Vera al explicar la relación entre la organización que dice agrupar a las trabajadoras sexuales y el crimen organizado. “Nos empujan a las verdaderas mafias”, se titula el comunicado difundido por AMMAR este viernes. “La prohibición vulnera los derechos de las Trabajadoras Sexuales y genera mayor clandestinidad”, explicó a EL PAÍS Georgina Orellano, secretaria general de la asociación. “Desde AMMAR se oponen a esta iniciativa porque fomenta la confusión entre Trabajo Sexual voluntario y trata de personas y criminaliza las fuentes laborales de quienes se dedican al Trabajo Sexual. Según la titular de Ammar, “la prohibición de cabarets, whiskerías y clubes nocturnos en 11 provincias y 12 municipios de Argentina entre 2011 y 2015 aumentó la vulneración de derechos, el estigma hacia quienes ejercen el trabajo sexual, la violencia institucional, la degradación de las condiciones de trabajo y generó que la Organización perdiera contacto con muchas trabajadoras sexuales”.

La trata no se combate persiguiendo y precarizando a las personas que ejercemos el trabajo sexual por decisión propia, se combate reconociendo los derechos de quienes nos dedicamos a la actividad por elección y concentrando el accionar estatal en el rescate de quienes verdaderamente están forzadas o forzados”, agregó Orellano.

“No le respondemos a Vera, solo explicamos que AMMAR es una organización sindical que funciona como un sindicato de hecho pero no de derecho. Tenemos afiliadas que pagan pero no es obligatorio. Con eso, se generó una manera de protección por parte del sindicato. Veían la afiliación como una herramienta legal para protegerse frente a allanamientos pero aparecieron carnets falsos y al enterarnos, dimos de baja las afiliaciones y nos pusimos a disposición de la justicia como así también el padrón de afiliadas”, manifestó la gremialista.

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