La adhesión a la OCDE mantiene en vilo a Colombia

La adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un camino que Colombia comenzó hace cinco años, mantiene en vilo al país en vísperas de un examen decisivo. En los próximos días está previsto que el comité de empleo del organismo internacional, con sede en París, debata su ingreso. El Gobierno de Juan Manuel Santos busca apuntarse este tanto antes de terminar el mandato en agosto. Pero todavía quedaría el visto bueno de la comisión de comercio, la más problemática por las presiones de EE UU. A eso se añaden las observaciones que, en materia de derechos humanos, formula Human Rights Watch (HRW).

Colombia ha logrado la aprobación, desde 2013, de 20 comités de la OCDE. Para acceder a este club, formado por 35 países, solo le faltan tres pasos. Sin embargo, este proceso puede complicarse en la recta final. La posible adhesión ha generado, además, un debate político que gira en torno a sus beneficios y a las dudas sobre la preparación real del país. El último Estado latinoamericano que consiguió entrar fue Chile, en 2010, mientras que México lo hizo en 1994.

Uno de los mayores obstáculos tiene que ver ahora con la presión de Estados Unidos, que plantea algunas exigencias para apoyar su ingreso. Una de ellas es la eliminación del programa de chatarrización o desguace de camiones de más de 25 años, que perjudicaría a los fabricantes norteamericanos. Ese país también reclama modificaciones en la ley de propiedad intelectual y mayor atención a las demandas de la industria farmacéutica.

La titular de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, viajó a Washington a principios de marzo para tratar de rebajar las inquietudes de los sectores que mantienen relaciones comerciales con Colombia. “Escuchamos sus comentarios sobre la experiencia que han tenido invirtiendo y exportando hacia nuestro país, y exploramos fórmulas para facilitarles su labor comercial y empresarial en Colombia”, aseguró la ministra.

Para el Ejecutivo de Santos, la adhesión a la OCDE es crucial. Así lo recalcó ayer el mandatario desde Brasil. “¿Por qué hemos querido ingresar a la OCDE?”, preguntó. La respuesta supone en sí un mensaje a los inversores extranjeros. “¿Eso qué les da a los inversionistas y a las personas que van a hacer negocios en Colombia? También esa seguridad legal de que el día de mañana no va a venir un Gobierno a deshacer todo lo que se ha venido haciendo porque este es un club, no de países ricos sino de países, a mi juicio, con buenas políticas públicas que se van revisando permanentemente y eso de cierta forma es una garantía para cualquier inversionista”, consideró Santos.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, encargado de coordinar los trabajos del Gobierno en el proceso de acceso, resumió la semana pasada el interés de la actual Administración: “Colombia en paz y en la OCDE es un país mucho más atractivo para la inversión”. Por ello, a pesar de las dificultades, quiso mostrarse “optimista” ante las decisiones pendientes. Y aseguró en una entrevista en City TV que “hay un espacio para llegar a un acuerdo, hay una negociación viable” con Estados Unidos.

Jorge Restrepo, profesor de Economía y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, ve la adhesión “tremendamente conveniente para la economía colombiana”. En su opinión, la entrada mejoraría la eficacia del sistema tributario y “la calidad de la provisión de los bienes y los servicios públicos”. “¿Cómo alguien se puede oponer?”, se pregunta en referencia a las reservas de un sector de la opinión pública colombiana.

Derechos humanos

Las objeciones al ingreso de Colombia están relacionadas también con los derechos humanos. Human Rights Watch (HRW), por ejemplo, solicitó hace ya meses a la OCDE que analice la emergencia alimentaria del pueblo indígena wayúu en la península de La Guajira y tenga en cuenta la que considera una “respuesta insuficiente” de las autoridades.

“La adhesión de Colombia a la OCDE es una de las mayores ambiciones políticas del presidente Santos. Y el progreso que ha hecho el país en muchos ámbitos para lograr este objetivo es notable”, explica a EL PAÍS Juan Pappier, abogado para las Américas de HRW. “Sin embargo, aún quedan enormes desafíos por delante, como la crisis de desnutrición en La Guajira que se ha cobrado la vida de decenas de niños indígenas wayúu. El 22 de marzo, el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE deberá analizar las políticas sociales del país para proteger a poblaciones vulnerables. Si la OCDE examina la crisis en La Guajira y le exige al Gobierno un plan concreto para afrontarla, podrá ayudar a salvar vidas y a solucionar esta desgarradora crisis humanitaria”.