Colombia, la crisis alimentaria de los indígenas wayúu y la adhesión a la OCDE

Colombia lleva desde 2013 sumergida en el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un camino marcado por el análisis de la solidez de sus políticas públicas. El país, que se encuentra en una etapa de consolidación del proceso de paz tras la firma de los acuerdos con las FARC hace un año, ya ha logrado el visto bueno de 20 de los 23 comité necesarios para ingresar en el organismo. Entre los que faltan, figura el examen de los avances sociales. En este contexto, Human Rights Watch (HRW) ha solicitado a la OCDE que evalúe la emergencia alimentaria del pueblo indígena wayúu y la que considera una “respuesta insuficiente” de las autoridades.

Según HRW, esa organización, integrada por 35 Estados, principalmente europeos y norteamericanos, “podría cumplir un rol importante para ayudar a paliar la crisis de desnutrición […] al presionar a las autoridades colombianas para que adopten medidas más eficaces para abordar esta situación”. Los wayúu viven en la península de La Guajira, una región parcialmente desértica que se asoma al Caribe y que pertenece en parte a Venezuela. Con un censo de cerca de 270.000 personas, representan el pueblo indígena más grande de Colombia. Sus comunidades, denuncia la ONG, “han sufrido altos índices de mortalidad causados por desnutrición, sobre todo en niños menores de 5 años”. “Según cifras oficiales, 11 niños indígenas menores de cinco años murieron de enfermedad diarreica aguda en 2015 en La Guajira, 21 en 2016 y 10 entre enero y agosto de 2017^[“, señala en una carta dirigida por su director para las Américas, José Miguel Vivanco, al secretario general de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría.

“Para la investigación de Human Rights Watch visité La Guajira en agosto de 2016 y en junio de 2017, y pude verificar que, a pesar de la retórica del Gobierno, en esos diez meses hubo escasos avances en la lucha contra el hambre que azota a las comunidades wayúu”, señala en declaraciones a EL PAÍS . Juan Pappier, abogado para las Américas del organismo. “En La Guajira, encontré pozos de agua que no funcionan o que dan agua tan salada que no la quieren ni siquiera los animales, programas de alimentación que a veces reciben comida en mal estado, médicos sin medicamentos, fiscales que no dan abasto en las investigaciones por corrupción y situaciones de abandono y pobreza verdaderamente escandalosas”, prosigue.

La carta enviada a la OCDE resalta los problemas para el acceso a los alimentos, al agua y a los servicios de salud y los vincula a la corrupción en ese departamento colombiano. “La Fiscalía General de la Nación ha logrado resultados mixtos en la persecución penal de hechos de corrupción en La Guajira. Si bien se ha detenido por corrupción a importantes funcionarios locales –incluidos cinco recientes exgobernadores—, los avances para imputar cargos y dictar sentencias siguen siendo sumamente lentos”, señala el escrito, que pide a la OCDE tomar en consideración la información proporcionada para atender esta emergencia.