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El Gobierno de Trump impone sus mayores sanciones a Rusia por la injerencia electoral y ciberataques

Washington penaliza a 19 ciudadanos y cinco organizaciones, incluidos los acusados por el fiscal especial de la trama rusa

Putin y Trump, durante su reunión en julio en Alemania. AP / EPV

En plena tensión internacional con el Kremlin, Estados Unidos tomó la delantera y lanzó su golpe más directo. El Departamento del Tesoro anunció la imposición de sanciones a 19 ciudadanos y 5 empresas rusas tanto por su participación en la fabricación y diseminación de fake news (bulos) durante la campaña electoral de 2016 como por una serie orquestada de ciberataques contra sectores claves de la economía. El castigo, el mayor varapalo propinado hasta la fecha por Donald Trump a Moscú, ahonda la brecha frente a Vladímir Putin a tres días de las elecciones presidenciales rusas.

El aviso del contragolpe estadounidense estaba dado. Hace casi un mes, el fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, destapó la fábrica de las fake news y acusó a 13 ciudadanos y tres empresas rusas de haber construido un gigantesco operativo, bautizado como Proyecto Latkha, destinado a ayudar a Trump e interferir en los comicios mediante la intoxicación en redes sociales y el activismo de base. Era la prueba más palpable hasta la fecha de la injerencia y de su capacidad para actuar por encima de las leyes foráneas.

Un caso que ahora se ha repetido en Reino Unido con el envenenamiento mediante gas nervioso del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija. Ataque que EE UU, Francia, Reino Unido y Alemania han considerado en un comunicado conjunto “la primera utilización ofensiva de un agente nervioso en Europa desde la Segunda Guerra Mundial” y “un asalto a la soberanía británica” que “amenaza la seguridad de todos”. Al anunciar las nuevas sanciones, el secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, describió el envenenamiento como una prueba de la “conducta insensata e irresponsable” del Gobierno ruso.

En este horizonte de Guerra Fría, Estados Unidos eligió el momento para lanzar un castigo que venía preparándose desde hacía días y del que habían advertido tanto la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, como la embajadora ante la ONU, Nikki Haley. Fue un disparo más político que efectivo sobre el caso que más ha irritado a la opinión pública estadounidense y que se ha convertido en el antecedente de otras injerencias rusas en Occidente. Aún así, Trump, siguiendo una costumbre que no deja de levantar suspicacias, se guardó su proverbial locuacidad y nada dijo sobre Putin ni las sanciones. En su día, incluso negó la mayor y redujo todo a “una invención de los demócratas”.

Las penalizaciones acarrean el bloqueo de las propiedades de los afectados en EE UU y su prohibición de operar y hacer negocios en el sistema estadounidense. Algunas de las organizaciones sancionadas, como el espionaje ruso y la inteligencia militar, ya son objeto de las represalias estadounidenses por sus acciones en Ucrania. El Gobierno Trump asegura haber castigado en el último año a más de 100 individuos y entidades por operaciones controladas por el Kremlin.

Los 13 acusados por Mueller figuran entre los sancionados, incluido el supuesto cerebro de la injerencia, Yevgueni Prigoyin, un empresario que tiene bajo su control el abastecimiento del Kremlin y que es considerado un aliado de Putin. De este modo, el Tesoro avala las acciones del fiscal de trama rusa, que ha sido constantemente desacreditado por Trump, que ha amenazado con despedirle y ha asegurado sufrir una “caza de brujas”. “La Administración está enfrentando y contrarrestando las ciberactividades malignas de Rusia, incluidos sus intentos de interferir en elecciones en EE UU, hablamos de ciberataques destructivos e intrusiones que apuntan a infraestructuras críticas”, dijo Mnuchin en un comunicado. El Kremlin niega todas las imputaciones.

Uno de los ciberataques, que Washington y Londres atribuyen al Ejército ruso, es el llamado NotPetya, que se originó en junio de 2017 en Ucrania y que se propagó por buena parte del mundo, afectando al comercio mundial y la distribución de fármacos. Es considerado el ciberataque más destructivo y caro de la historia.

En paralelo, el Tesoro reveló que desde marzo de 2016 piratas informáticos vinculados al Kremlin han tratado de atacar organizaciones gubernamentales estadounidenses y sectores esenciales de la primera potencia mundial, como el energético, nuclear, de agua o aviación. Ese aviso, hasta ahora desconocido, sin duda alimentará el debate político en EE UU sobre las maniobras desestabilizadoras de Rusia. En el sector energético, Rusia llevó a cabo una intromisión en “múltiples escenarios” contra pequeños operadores comerciales en los que ganó “acceso remoto”.

Tras las imputaciones de Mueller y las sanciones del Tesoro, Estados Unidos ha puesto un límite claro a la injerencia rusa. Superada la fase de duda que Trump tanto propició, todas las miradas convergen en las elecciones legislativas del próximo 6 de noviembre. Los servicios de inteligencia estadounidenses han alertado de que Moscú quiere volver a interferir y han puesto sobre aviso a la ciudadanía. En caso de repetirse una intoxicación informativa como la registrada en las elecciones presidenciales, supondría un gesto de hostilidad sin precedentes. El conflicto pasaría entonces a otra fase. A un escenario mucho más volátil que el actual.

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