Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Atacar la desinformación

Los Estados tienen el deber de defender la democracia frente a estos modernos ataques de bulos

Emannuel Macron.Vídeo: LUDOVIC MARIN

La propaganda, la intoxicación, las noticias falsas y la construcción de bulos son tan antiguas como la convivencia entre la política y la información, pero su capacidad de multiplicación a partir de herramientas tan poderosas como las redes sociales y el acceso casi universal a Internet las han convertido en armas de influencia masiva. Hacernos conscientes de ello y analizar fórmulas para contrarrestarlas son pasos necesarios, especialmente después de que esas fake news impactaran en la campaña de EE UU o lo intentaran en Francia, Holanda, Alemania y España a través del conflicto con los independentistas catalanes. Para ello puede ser necesario, como ha anunciado el presidente Macron, una legislación específica para combatir la sistemática propagación de la intoxicación informativa con fines políticos. Es preciso, no obstante, acometer este debate con cautela, puesto que se encuentra en los límites de la libertad de información.

Macron propone poderes para que las autoridades audiovisuales eviten que las televisiones controladas por Estados extranjeros desestabilicen el país, una medida claramente orientada a frenar a Russia Today, recién autorizada a operar en Francia. Sugiere también más transparencia sobre contenidos patrocinados y medidas para agilizar las decisiones judiciales en campaña para bloquear noticias falsas.

La respuesta de Macron ante un tema que se extiende como preocupación en las democracias requiere un análisis cuidadoso. Las intoxicaciones no son necesariamente peores si son generadas por países extranjeros que si son nacionales. Tanto en EE UU como en España hemos visto ejemplos al respecto. La información debe someterse a códigos deontológicos y a la ley en cualquier caso, y el control de la información no puede atribuirse a órganos que limiten la libertad de expresión. Dentro de esos límites, los Estados tienen por supuesto el deber de defender la democracia frente a estos modernos ataques de bulos.

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