El Consejo europeo contra la corrupción critica a parlamentarios, jueces y fiscales portugueses

El consejo europeo contra la corrupción ha afeado a Portugal y, en concreto, a sus cargos públicos que en cuatro años hayan hecho muy poco para prevenir la corrupción, pues solo han aplicado una de las 15 recomendaciones pedidas en 2015.

El informe del Grupo contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) pide a Portugal que mejore su legislación para prevenir la corrupción en diputados, jueces y fiscales.

Este informe, el cuarto que realiza GRECO sobre el país, evalúa el cumplimiento de las recomendaciones realizadas hace tres años y concluye que solo ha aplicado una de ellas; tres lo han hecho parcialmente y otras once se han olvidado. Una situación "globalmente insatisfactoria", según GRECO.

Aunque elogia el lanzamiento de una reforma destinada a reforzar la integridad, mejorar la rendición de cuentas y aumentar la transparencia de una amplia gama de funcionarios públicos, incluidos los parlamentarios, GRECO señala que aún están por verse cómo se desarrollan los principios generales y las normas de conducta de los parlamentarios.

Una nueva ley permitirá a los partidos políticos recaudar dinero sin límites

La publicación del informe ha coincidido con la probación en el parlamento portugués de una ley que pone fin al límite de recaudación de fondos de los partidos. Esa ley, que también recogía la exención del pago del IVA de los políticos, fue vetada por el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, principalmente por haberse aprobado sin publicidad ni transparencia (las sesiones de la comisión que debatió los cambios no constan en acta). Después del veto presidencial, la ley volvió al Parlamento, que la aprobó la semana pasada con la rectificación del IVA, que sí deberán pagar diputados y partidos —también tienen la prebenda de aparcamiento gratis en la calle—, pero se mantiene que los partidos podrán recaudar fondos sin límite.

GRECO pide un marco regulatorio de los conflictos de intereses y divulgación de activos, y las sanciones por incumplimiento. También hace hincapié en la necesidad de mejorar el proceso de elaboración de leyes, con diversidad de acceso y la contribución de todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil.

GRECO critica especialmente el incumplimiento de las recomendaciones para fomentar una mayor independencia de la judicatura y de los jueces y para aumentar la confianza pública en este sector, que en las encuestas sale siempre muy malparado. El papel de los consejos judiciales como garantes de la independencia judicial no se ha fortalecido, dice el informe. Sus mandatos siguen siendo limitados, se dedican al ejercicio de las responsabilidades gerenciales y disciplinarias sobre los jueces y algunas obligaciones administrativas con respecto a los tribunales de distrito.

La composición de los consejos y los paneles que supervisan la preselección de los candidatos al cargo de juez de apelación y juez de la suprema corte depende de la mayoría de los miembros que no son jueces. El informe también señala que las evaluaciones periódicas de los jueces no determinan de manera justa, objetiva y oportuna, la integridad y el cumplimiento de las normas de conducta.

GRECO elogia al servicio de la Fiscalía por hacer pública la información sobre el resultado de sus procedimientos disciplinarios internos, con pequeñas excepciones y pide revisar el Estatuto del Servicio de la Fiscalía, que protege a los fiscales subordinados de la interferencia indebida o ilegal o la presión de los superiores.