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El presidente de Portugal veta la ley de financiación de los partidos

Gobierno y oposición habían pactado en diciembre la supresión de los límites máximos de los fondos recaudados por las formaciones y la exención del pago del IVA

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el día de Navidad.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el día de Navidad. EFE

Ni la convalecencia ha frenado la actividad del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Días después de ser operado de una hernia umbilical, el jefe del Estado luso vetó el martes la nueva ley de financiación de los partidos políticos aprobada el 21 de diciembre por un inusual consenso de todos los grupos parlamentarios, con la excepción del más derechista CDS (Centro Democrático y Social). En ella, Gobierno y oposición habían pactado la supresión de los límites máximos de los fondos recaudados por las formaciones y la exención del pago del IVA. La norma vuelve ahora a ser discutida en la Cámara, que puede volver a aprobarla sin realizar cambios. En este caso De Sousa estaría obligado a promulgarla en ocho días o, en caso de desacuerdo, enviarla directamente al Tribunal Constitucional, informa Efe.

Que el dinero no tiene ideología quedó patente en la penúltima sesión del parlamento portugués. Excepto para guardar algún minuto de pésame (no todos), es difícil que los diputados de la derecha y de la izquierda emitan un voto en el mismo sentido, aunque estén de acuerdo. Pero, quizás el ambiente prenavideño influyó en que tal suceso aconteciera el 21 de diciembre; entre una propuesta de una asociación de surf y otra sobre los circos, se coló una votación sobre la financiación de los partidos. La votación final de este apartado (hubo otros) fue de 198 votos a favor y 17 en contra (los del CDS). Se ausentaron 15 diputados.

Sin apenas debate, en solo 16 minutos (frente a los 30 dedicados al circo), los diputados del PSD, los socialistas, los comunistas y los del Bloco de Esquerda votaron en favor de mejorar sus propias condiciones de financiación. A partir de entonces no habría techo para recaudar dinero (no lo hay para donativos individuales), que previamente estaba en 630.000 euros. La ley eximía también a las formaciones políticas de pagar el IVA correspondiente a sus actividades políticas, sea por organizar una fiesta o por la compra de un coche para algún diputado. Pero la ley que ha vetado el presidente no sólo permitía zafarse de pagar el IVA, sino que permitía que pudieran cobrarlo; la nueva ley, incluso tiene carácter retroactivo en los conflictos judiciales abiertos.

El grupo de trabajo que incluyó las novedades —cuyas audiciones no fueron registradas públicamente tuvo a bien autoelogiarse por sus esfuerzos y el consenso obtenido. Para el Bloco, la nueva ley aporta “transparencia” y “seguridad a los ciudadanos” y “prestigia la democracia”.

La nueva financiación de los políticos ha tenido un inmediato impacto en los medios sociales. La Asociación de Transparencia, en una carta dirigida al presidente del país, considera la ley “una amenaza seria a la calidad de las instituciones democráticas”, el CDS exige que vuelva a debatirse en la Cámara y el presidente De Sousa, tras su veto, la ha devuelto al Parlamento porque, según él, falta argumentación y escrutinio público, una bofetada en toda regla a la tramitación parlamentaria anterior.

Tras las reacciones, se han abierto grietas en la inicial unanimidad de los firmantes. Aunque el PSD y el PS se muestran partidarios a mantener la nueva norma, alegando que no cambia nada, el Bloco de Esquerda ha dado un paso atrás, se ha olvidado de su voto favorable y ahora es el abanderado del regreso de la ley al Parlamento, tal y como ha solicitado el presidente. Por su parte, el PC, estatalista hasta la médula, insiste en su voto favorable porque mejora una ley que nunca le había gustado, “porque [el PC] está en contra de la injerencia del Estado en la vida interna de los partidos”, según ha comunicado.

Es el sexto veto de Marcelo Rebelo de Sousa desde que llegó a la presidencia hace dos años. En todos los casos —desde la ley sobre las madres de alquiler a la prohibición de privatizar los transportes, el Parlamento, aunque no tiene la obligación de acatar sus opiniones, le ha hecho caso y ha rectificado los textos. Pero en esta ocasión, se espera una rectificación de formas más que de fondo.