El presidente de Portugal veta la estatalización del transporte público

El buen rollo entre presidente y primer ministro de Portugal tiene límites. En cinco meses de cohabitación, Marcelo Rebelo de Sousa ha vetado dos leyes del Gobierno socialista: la ley de madres de alquiler (ya corregida al gusto del presidente) y ahora la ley sobre el transporte público. Si en el primer caso era por la deficiencia técnica del texto, en este caso es por su excesiva concretización: la ley prohíbe taxativamente que haya capital privado en la propiedad de los transportes públicos.

El anterior Gobierno conservador había privatizado la gestión del metro de Oporto y de los transportes urbanos poco antes de salir. El concurso del metro fue ganado por la francesa Transdev y el de autobuses por la española Alsa. En diciembre se estrenó el Gobierno socialista con apoyo parlamentario del PC y el Bloco de Esquerda que exigían, en el texto de pacto de legislatura, la anulación de la privatización del transporte público.

El pacto se cumplió en enero, en una de las primeras medidas del Gobierno de António Costa. En la ley aprobada en el parlamento, por iniciativa del Bloco y de los comunistas, se decía que el transporte público no podía ser administrado por empresas privadas ni tener capital privado.

En enero, Rebelo de Sousa (fundador del PSD, partido del anterior gobierno) fue elegido por mayoría absoluta presidente del país y en marzo comenzó su mandato. En cuatro meses ha vetado dos leyes. La primera fue la de los vientres de alquiler por lagunas legales que el Parlamento ya ha subsanado; esta segunda tiene más enjundia ideológica. El presidente justifica el veto por prohibir "taxativamente" la participación privada en el transporte público. La ley señala que el transporte público “no puede subconcesionar su actividad principal a entidades que no sean de derecho público o de capitales exclusivamente públicos”.

En su justificación del veto, el presidente señala que en “un Estado de derecho democrático, el legislador debe contenerse, en homenaje a la lógica separación de poderes, no interviniendo en decisiones concretas de la administración pública, que tiene que atender a razones de naturaleza, económica, financiera y social mutables. (...) Aunque esa indeseable intervención legislativa pueda no ser cualificada de inconstitucional, puede ser políticamente contraproducente". Rebelo de Sousa llega a decir que el parlamento ha tenido una actuación "excesiva" y "censurable”.

El comunista Jaime Toga ya ha afirmado que su partido no va a mover una coma; el Bloco recuerda el pacto firmado en noviembre, que es un veto ideológico, mientras que el partido gobernante anuncia que habrá que buscar un entendimiento entre todos.

La ley vuelve a la cámara y los diputados pueden optar por corregirla o por confirmarla tal cual (no hay posibilidad de un segundo veto), pero esto sería un fuerte desplante al presidente, principalmente de los socialistas, algo que no se pueden permitir. Rebelo de Sousa ha apoyado siempre a Costa incluso contra el propio partido del presidente y, además, este cuenta con una cuota de popularidad muy por encima de cualquier otro polítco portugués, inédita en la democracia portuguesa.

El veto coincide con la ronda de conversaciones de Rebelo de Sousa con los líderes de partidos y sindicatos para, como él mismo dijo, templar "este julio caliente". El diputado del Bloco Hector de Sousa recuerda que ahora ha sido el presidente quien ha subido la temperatura del termómetro.