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La justicia peruana ordena que Fujimori sea procesado por una matanza pese al indulto presidencial

Un tribunal ha decidido no aplicar la medida de gracia al expresidente por el asesinato de seis personas en 1992. El autócrata puede recurrir la decisión

El expresidente Alberto Fujimori, el pasado 4 de enero, a su salida de la clínica Centenario de Lima.
El expresidente Alberto Fujimori, el pasado 4 de enero, a su salida de la clínica Centenario de Lima.

Un tribunal de la Sala Penal Nacional de Perú resolvió el lunes que el autócrata Alberto Fujimori, indultado en diciembre por el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, debe ser procesado por el caso Pativilca. La causa investiga la matanza de seis personas perpetrada en enero de 1992 por el Grupo Colina. Este destacamento del Ejército fue formado por el Gobierno fujimorista para supuestamente combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso, pero cometió unos 60 asesinatos, entre ellos, de menores de edad y de opositores del régimen.

La libertad de Fujimori, indultado por el presidente Kuczynski el 24 de diciembre, cuando había cumplido 12 de los 25 años de condena por crímenes de lesa humanidad, depende de una Corte peruana y de otra internacional. La fiscalía pide procesar en este caso a Fujimori junto a otras 23 personas, entre ellas, su exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, exmiembros del comando de Colina y altos cargos del Ejército. El fiscal Luis Landa pide 25 años de prisión para el autócrata, de 79 años, a quien acusa de ser autor mediato de los delitos de homicidio y secuestro perpetrados por el Grupo Colina. Kuczynski otorgó al expresidente en Nochebuena un indulto humanitario y el derecho de gracia, un beneficio que cierra los procesos judiciales pendientes. El proceso contra Fujimori se produce después de que la justicia chilena autorizase en junio a Perú el inicio del juicio al expresidente por el caso Pativilca. Sin embargo, es ahora cuando un tribunal podrá comenzar a juzgarlo. El expresidente fue extraditado de Chile en septiembre de 2007 y, por ello, la justicia de ese país evalúa los casos adicionales a los primeros delitos por los cuales concedió la extradición.

Un colegiado de la Sala Penal Nacional indica que no es aplicable a Fujimori el derecho de gracia por razones humanitarias, por lo que no se le excluirá del juicio. Además, añade que la resolución del Poder Ejecutivo que concedió el beneficio “no contiene el sustento del otorgamiento de la gracia”. También explica que el derecho de gracia concedido por Kuczynski “resulta incompatible con los deberes de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos”, y porque colisiona con derechos fundamentales amparados en la Constitución y protegidos por tratados de derechos humanos.

Los magistrados citan al Constitucional, que indica que la gracia presidencial debe ser concedida por motivos humanitarios en casos de una enfermedad grave e incurable en estado terminal, “lo que no se condice con el estado de salud del procesado Fujimori”.

El expresidente peruano, que gobernó entre 1990 y 2000, dio un autogolpe en 1992 y huyó del país en noviembre de 2000, cuando empezaba su tercer período y los medios divulgaron vídeos de actos de corrupción de su Gobierno. La Procuraduría ad hoc que investigó su mandato calcula que el país perdió unos 6.000 millones de dólares por la corrupción del régimen cívico-militar.

En 2009 fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas también por el Grupo Colina en 1991 y 1992, respectivamente. Los familiares de las víctimas de ambas masacres se han expresado contra el indulto concedido en diciembre y consideran que cuando Kuczynski otorgó el beneficio hizo trueque con un sector del fujimorismo para evitar su destitución como presidente. Desde entonces, en Lima y las principales ciudades de Perú se han realizado cinco marchas multitudinarias contra el indulto. Un informe de la Defensoría del Pueblo indica que este beneficio no tiene “motivación suficiente acerca de la proporcionalidad entre la gravedad de los delitos y las razones humanitarias”.

Obligación internacional

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe emitir una resolución acerca de si el Estado peruano ha incumplido, con el indulto, sus obligaciones internacionales contenidas en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Christian Huaylinos, uno de los abogados de los familiares de las víctimas de Pativilca, dijo a EL PAÍS que sus defendidos sienten un “gran alivio”. “Ellos renuevan su confianza en la justicia peruana. Tenían la esperanza de que la justicia resuelva de acuerdo a sus derechos a la verdad y la justicia”, aseguró.

El abogado de Alberto Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, declaró a la emisora Radio Programas que evalúan impugnar la resolución y que no se opone a que su cliente pase a la condición de procesado en el juicio. Pérez Arroyo añadió que cuando le informó de la decisión del tribunal “había absoluta calma en ese sentido”.La líder de la oposición e hija mayor de Fujimori, Keiko Fujimori, comentó por Twitter que su padre “merece afrontar este proceso en libertad debido a su delicado estado de salud” y dijo confiar en que “será absuelto en un juicio sin presiones políticas”.

Según una encuesta de finales de enero, el 49% de los peruanos está en contra del indulto a Fujimori y un 50% a favor. La decisión de Kuczynski provocó la renuncia de dos de sus ministros y tres congresistas de su partido, además de la escisión de la bancada de Fuerza Popular, antes liderada férreamente por Keiko Fujimori.

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