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El rechazo al indulto a Fujimori aumenta entre los peruanos

Por primera vez, la población en contra de la liberación del ex presidente iguala a la que está a favor

Una mujer en una protesta en Lima, el 11 de enero.
Una mujer en una protesta en Lima, el 11 de enero.

La opinión pública sobre el indulto humanitario al autócrata y expresidente peruano Alberto Fujimori ha cambiado. El año pasado, la tendencia registrada por las encuestas mostraba que más de la mitad de los ciudadanos respaldaban la medida. Sin embargo, un mes después de que el mandatario Pedro Pablo Kuczynski otorgara el perdón a Fujimori, una encuesta de GfK refleja que el 50% de los peruanos está de acuerdo y el 49%, en contra. En septiembre pasado, Ipsos Perú reportó que el 65% de la población respaldaba un eventual indulto; en octubre, según GfK, la cifra era del 59%.

Los sondeos de GfK muestran que, entre octubre y enero, el porcentaje de quienes se oponen al indulto se ha incrementado en 11 puntos. Después del 24 de diciembre, cuando Kuczynski anunció su decisión, la cifra del respaldo acentuó su caída, de acuerdo con las tres principales encuestadoras peruanas. Además, según los sondeos, crece el sector que cree que Kuczynski negoció el indulto con una parte del fujimorismo a cambio de evitar su destitución, el pasado 21 de diciembre. Según Ipsos Perú, el 63% de la población consideraba en diciembre que el jefe de Estado otorgó el perdón para mantenerse en el cargo, aunque según la encuesta de GfK, difundida ayer, el 78% refiere que el indulto fue "producto de una negociación".

Fuerza Popular, la mayoría fujimorista en el Congreso, promovió la destitución del exbanquero de inversión tras divulgar un documento de la empresa Odebrecht que reportó haber pagado, entre 2004 y 2014, más de cuatro millones de dólares a dos firmas vinculadas a Kuczynski. El jefe de Estado dijo en su defensa que al asumir el cargo de ministro del Gobierno de Alejandro Toledo, en 2004, delegó sus negocios en un gestor. Al clima contra el perdón presidencial —expresado en cuatro protestas ciudadanas realizadas en simultáneo en varias regiones del país en menos de un mes— se sumó la semana pasada un informe de la Defensoría del Pueblo.

La entidad afirma que el indulto no tiene "motivación suficiente acerca de la proporcionalidad entre la gravedad de los delitos y las razones humanitarias". También cuestiona la insuficiente justificación médica sobre cómo "las dolencias del solicitante" se agravaban "por su permanencia en el establecimiento penitenciario".

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión y estaba recluido en una casa de 190 metros cuadrados, con acceso a un patio y huerto que sumaban 800 metros cuadrados. Fue sentenciado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el Grupo Colina, un destacamento militar creado durante su Gobierno. En los siguientes años tuvo otras condenas por secuestro agravado, robo y corrupción.

El pasado viernes, un tribunal escuchó al fiscal Luis Landa y a la abogada de las víctimas de la matanza de Pativilca —también perpetrada por el Grupo Colina—, quienes piden que no aplique en este caso el derecho de gracia, que también otorgó Kuczynski al autócrata. Fujimori fue extraditado de Chile en 2007 y, en junio pasado, la Corte Suprema de ese país autorizó ampliar la extradición para que sea procesado en el juicio oral del caso Pativilca. Este viernes en Washington, la Corte Interamericana de Derechos Humanos evaluará en una audiencia si el Estado peruano incumplió, con el indulto, sus obligaciones contenidas en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

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