El Gobierno español aprueba extraditar a EE UU a un ex alto cargo de Venezuela
La Guardia Civil arrestó en Madrid a Rincón Godoy a petición de un tribunal de Texas que indaga el blanqueo de PDVSA
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la entrega a Estados Unidos de César David Rincón Godoy, exgerente de la firma subsidiaria de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) Bariven. La Guardia Civil arrestó el pasado octubre en Madrid a este exdirectivo a petición de un tribunal de Texas que indaga una causa por blanqueo, corrupción y pertenecía a la organización criminal vinculada con la petrolera estatal venezolana.
La extradición de Rincón Godoy se ejecutará por el procedimiento de entrega inmediata, ya que el exdirectivo ha aceptado la solicitud de las autoridades estadounidenses, según el Ministerio de Justicia.
El Gobierno ha confirmado también que mantiene la extradición de los otros ex altos cargos venezolanos detenidos en Madrid a instancias de EE UU. Se trata del exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos; del exdirector de Seguridad y Prevención de PDVSA Rafael Ernesto Reiter Muñoz; y del exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas Luis Carlos León Pérez.
La Audiencia Nacional debe decidir ahora si entrega a EE UU a estos tres ex altos cargos que permanecen en prisión provisional en España desde su arresto el pasado octubre.
Los detenidos forman parte de la denominada boli burguesía chavista, grupo de empresarios que se enriqueció al calor de la bonanza petrolera venezolana.
EL PAÍS reveló que el exministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos integró una red de una decena de exdirigentes y testaferros de políticos del Gobierno de este país durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) que cobró presuntamente 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por intermediar para que compañías extranjeras consiguieran petróleos de PDVSA.
La magistrada andorrana Canòlic Mingorance indaga los manejos de este grupo de exdirigentes chavistas, empresarios y familiares en el marco de un presunto expolio de la petrolera estatal. El dinero de los supuestos sobornos se pagó entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Y circuló por una telaraña de 37 cuentas corrientes a nombre de sociedades panameñas.
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