Los homicidios descienden en Colombia, pero la inseguridad pervive

En Colombia se asesina menos. Por segundo año consecutivo los homicidios descienden. La tasa se sitúa en menos de 24 por cada 100.000 habitantes, en un país donde a principio de siglo se mataba a más de 2.000 personas al mes. "Este año pasará a la historia como el más seguro en cuatro décadas", ha dicho Juan Carlos Villegas, ministro de Defensa, durante la presentación del balance de 2017. La misma frase pronunció el año pasado, a pocos meses de que se firmara la paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la ya exguerrilla de las FARC.

En las regiones colombianas hay 8.112 armas menos, las que terminaron de entregar los excombatientes a la ONU el pasado agosto. La transición a la vida civil de la que fuera la insurgencia más grande y antigua de América Latina ha contribuido a la reducción de muertes. El terrorismo y la subversión ya no están entre los problemas que más preocupan al Ejecutivo. "La causa principal de los homicidios es la intolerancia: el agarrón inicial en una riña que acaba en un muerto", ha retratado el Ministro.

En Colombia ha revivido una antigua modalidad de violencia que no se refleja en el esperanzador balance del Ministerio. A falta de una semana para que termine el año, más de un centenar de líderes sociales han sido asesinados. Son personas humildes que trabajan por recuperar las tierras que les fueron robadas durante medio siglo de guerra o que luchan porque los derechos de las víctimas se respeten.

El Gobierno colombiano no reconoce que estos homicidios se ejecuten de manera sistemática en un intento de seguir negando la existencia del paramilitarismo en Colombia. El empeño es tal que el propio Villegas llegó a decir en una comparecencia pública que estos muertos se debían a "líos de faldas". Días después, Santos salió a remediar la desafortunada declaración con un plan de alertas tempranas para combatir esta lacra. La Fiscalía ha sido la única institución que ha terminado por reconocer "cierta sistematicidad" en estas acciones.

Los herederos del paramilitarismo, el narco y la guerrilla del ELN siguen ejerciendo control en algunos territorios, en concreto los fronterizos con Venezuela, Panamá y Ecuador. Los que están considerados salidas naturales para todo tipo de contrabando. A un año de la firma de la paz, en Nariño y Chocó, en el Pacífico colombiano, se han producido varias masacres, continúa el desplazamiento y el reclutamiento forzado, además de otras formas de violencia como las violaciones a las mujeres, como han dado cuenta organismos internacionales como Amnistía Internacional.

El cese al fuego parcial y temporal acordado con el ELN tampoco ha ayudado a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estas regiones. "Es bastante frágil, precisamente por su imperfección", ha reconocido el ministro de Defensa. "Para que haya uno nuevo hay que corregir ciertos errores". El plazo para la renovación del alto al fuego vence el 8 de enero. Antes de que llegue ese día, Villegas propone "fortalecer la capacidad del mecanismo de verificación y acompañamiento" que lidera la ONU. En segundo lugar, ampliar los términos del pacto de tal manera que las comunidades dejen de sufrir la extorsión, el desplazamiento y la inseguridad que los combates de la guerrilla contra otros grupos criminales provocan.

Las ciudades muestran mejores cifras que el campo. Más de 320 municipios no tuvieron homicidios en 2017, un 6% más que el año anterior. A excepción de Medellín y Cartagena, con un aumento del 3% y el 7% respectivamente. La alcaldía paisa mantiene su lucha encarnizada contra la inseguridad para alejar los fantasmas de la época de Pablo Escobar. A principios de diciembre, Juan Carlos Mesa, alias Tom, uno de los narcos más buscados de la ciudad, fue detenido mientras celebraba su cumpleaños. Desde entonces, en 15 días, han aparecido 28 cuerpos en Medellín, según una investigación del diario colombiano El Tiempo.

Bajan los homicidios, sube el hurto

"El hurto ha subido", se ha limitado a decir el ministro Villegas, sin detallar cifras finales de balance. Hasta el pasado noviembre, el aumento de robos por atraco o cosquilleo (cuando el ciudadano no se da cuenta de la sustracción) era de un 27,6% más que en 2016, según cifras de la Fiscalía. De 99.647 casos a 127.118 en 2017.

El robo de móviles es el delito que más sufren los colombianos y del que menos denuncias se reciben. Este año se han robado un 53% más de teléfonos. Solo en el primer semestre, se contabilizaron 716.247 celulares robados. En todo 2016, fueron 578.836, según datos de Asomóvil, la principal asociación de los operadores de telefonía en Colombia.