Los líderes sociales en Colombia usan máscaras para que no los maten

Este año han sido asesinados 120 líderes sociales en Colombia, según el movimiento Marcha Patriótica. No hay quién controvierta la cifra porque nadie, al menos oficialmente, la lleva. Cada semana un nuevo nombre se suma a la lista negra. Los que han sobrevivido saben que poco ha servido pedir auxilio al Gobierno porque en sus territorios los que mandan son otros. Por eso han decidido tapar sus caras, ponerse máscaras para que no los identifiquen, para que no los maten. Mientras algunos congresistas, investigados por corrupción, se pasean por la ciudad con guardaespaldas, los defensores de derechos humanos se tienen que esconder.

¿Hasta cuándo? Preguntaba el jueves con una máscara blanca una de las 25 líderes del Bajo Atrato y Urabá amenazada de muerte. Viajaron hasta Bogotá porque históricamente la región de donde vienen, muy cerca de la frontera con Panamá, la violencia ha sido capaz de ensordecer a las autoridades. “Por defender la posibilidad de tener una vida digna estamos viviendo en la violencia, por favor necesitamos que nos escuchen, ¿hasta cuándo vamos a estar así?”. Lo mismo se preguntaba Hernán Bedoya que defendía un título colectivo para dos comunidades del Chocó. Pero lo mataron antes de que alguien le respondiera. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció su asesinato en los primeros días de diciembre. A Bedoya lo mataron a balazos cuando iba en caballo hacia su casa. Dos meses antes habían asesinado a José Jair Cortés, en el sur de Colombia; a Liliana Astrid Ramírez, en el centro y Liliana Patricia Cataño Montoya, en el noroeste. A los líderes sociales los matan en todo el país.

“Nos están matando de a uno por uno. El Gobierno tergiversa la situación, dice que se trata de ajustes de cuentas, ¿pero qué cuentas tenemos nosotros con ellos?”, decía otro hombre, también con una máscara puesta y la voz quebrada. Ellos denuncian la alianza de empresarios y ganaderos con grupos armados para sacarlos del territorio para no permitirles que reclamen sus tierras. “Él siempre hizo esas denuncias y eso le costó la vida”, dicen recordando a Hernán Bedoya, el último nombre que aparece en el conteo de asesinatos que el país ve pasar frente a sus ojos sin reaccionar. No hay marchas, no hay indignación. El mismo silencio cómplice que por años permitió que el conflicto con las FARC se sintiera más duro en unos territorios que en otros y en los campesinos, los indígenas y los negros más que en los ciudadanos que viven en las capitales.

El padre Danilo Rueda, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y paz, acompañó a los líderes que estuvieron esta semana en Bogotá. Él, sin máscara, apoyó sus peticiones. “Ladrones vestidos de empresarios se han apropiado de estas tierras y cuando las personas en derecho han reclamado la restitución de sus territorios los matan como pasó recientemente con Mario Castaño y Hernán Bedoya”. Para Rueda es importante que la Unidad Nacional de Protección (entidad estatal) haga una reforma en sus procesos para que en las zonas rurales también sea garantizado el derecho a la vida. Que los escoltas no parezcan un beneficio exclusivo de los políticos en Bogotá.

“Estamos pidiendo citas con el ministro de Defensa, con el ministro del Interior y con el vicepresidente para que no permitan que nos sigan asesinando. Las amenazas han sido de forma directa de miembros del Clan del Golfo, ya hay unas listas específicas que han emitido y en donde además incluyen casi a 209 personas”, dijo uno de los reclamantes de tierras a RCN televisión. Los líderes siguen alzando la voz por sus derechos, aunque lo tengan que hacer con máscaras.