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En La Guajira se cierra el último contenedor con las armas de las FARC

En el proceso que tardó ocho meses la ONU asegura que recibió 8.112 armas de la guerrilla

El presidente Juan Manuel Santos en Pondores (La Guajira) en donde se cerró el último contenedor con armas de las FARC entregadas a la ONU.

Desde hace 15 días los habitantes de los pueblos más escondidos y abandonados de Colombia ven pasar camiones blancos de la ONU por sus maltrechas carreteras de tierra y piedra. Están llenos de fusiles, pistolas, lanzagranadas. Son las armas individuales con las que la guerrilla de las FARC se alzó contra el Estado hace más de medio siglo. Por esos mismos caminos, los ahora excombatientes transitaban para resguardarse en la profundidad de las montañas. Esta vez, el viaje de este material bélico no tiene retorno. 

La primera misión de los observadores de Naciones Unidas desplegados en territorio colombiano desde finales de 2016 terminó en la mañana de este martes con la salida del último camión con armamento. El presidente y la exinsurgencia eligieron la región de La Guajira, al noreste del país, para realizar un acto simbólico, la enésima liturgia de este proceso. "El último suspiro del conflicto con las FARC", en palabras de Santos.

Hasta una de las 26 zonas donde los más de 7.000 miembros de la exguerrilla se concentran desde el pasado enero, llegó una comitiva del Ejecutivo liderada por el presidente y miembros del Secretariado de las FARC, ministros, periodistas. Testigos de la culminación de un proceso que da inicio a la vida política de la guerrilla, a su reincorporación a la vida civil. El contenedor blanco de la ONU esperaba a ser cargado en el camión en la entrada de la zona, en mitad del campo de fútbol habilitado para los guerrilleros

El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, presente en la zona, tradujo el histórico momento en cifras. Reportó que recibieron 8.112 armas y más de un millón de cartuchos han sido incinerados. Además, aseguró que hasta a la fecha las FARC han indicado la posición de 873 caletas, de las cuales 510 han sido ejecutadas.

“Lo que creíamos imposible, hoy es una realidad. El desarme de las FARC es definitivo”, dijo el presidente Juan Manuel Santos, antes de ordenar cerrar el contenedor con el último armamento entregado por la guerrilla. “En Irlanda la dejación de armas tomó diez años. Aquí ocho meses”, ha recordado Santos justificando el cumplimiento de la primera misión pese a los retrasos en el calendario planteado en los acuerdos.

El grupo hará política con las mismas siglas y pide seguridad

Desde que el pasado noviembre Santos y Timochenko pusieran su firma en el acuerdo de paz, en total 17 guerrilleros en proceso de incorporación y sus familiares han sido asesinados. Una cifra que despierta el fantasma del genocidio de la Unión Patriótica, el partido de izquierda formado a finales de los noventa con los combatientes que se desmovilizaron en aquellos años.

“El Gobierno está comprometido con que la seguridad llegue a estas zonas”, aseguró Santos. “Soy el primer interesado en que no se repita ni un porcentaje de lo que sucedió con la Unión Patriótica. Estamos haciendo un seguimiento paso por paso”, insistió el mandatario en el acto simbólico en el que nuevamente volvió a compartir escenario con los miembros de las FARC, aunque guardando unos metros de distancia.

Iván Márquez, número dos de la guerrilla, aprovechó para hacer un llamamiento a la seguridad de los guerrilleros y adelantar cuál será el nombre del partido político que se oficializará el próximo 1 de septiembre. Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia es el nombre del partido, que mantendrá las siglas del movimiento y con el que darán el paso definitivo hacia la política.

Las armas registradas y embaladas por la ONU serán ahora destruidas. El material que resulte de esta fundición servirá para fabricar tres monumentos. Uno viajará a Cuba, país de los diálogos de paz, otro a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el tercero se quedará en Colombia.

Cuando el último camión cruzó la frontera de salida de la que ha sido la casa de más de 200 excombatientes que durante medio siglo operaron en la costa Caribe del país, dejaron de existir lo que se han llamado zonas veredales de transición a la vida civil. Ahora son los pueblos de las FARC, para algunos de los mandos. Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, en lenguaje gubernamental. Es decir, territorios con el tamaño de una vereda, la circunscripción local más pequeña en Colombia, que durante más de seis meses han sido adecuadas con dormitorios, cocinas, baños y espacios comunes por el Gobierno tras superar graves problemas logísticos.

Pondores, en donde este martes se realizó el acto, es una de las zonas más avanzadas, es la región ejemplo a la que el Gobierno ha traído a ministros, presidentes y jefes de estado internacionales. “Con los conocimientos que tienen estos 288 exguerrilleros del campo una buena opción, dadas las cualidades de este valle, sería crear cooperativas ortifrutículas”, aseguró desde ese lugar Weidler Guerra, gobernador de La Guajira.

Estos lugares serán vigilados por la Fuerza Pública, como cualquier otro pueblo del país. Falta por saber si la segunda misión de la ONU aprobada por el Consejo de Seguridad se encargará también de controlarlos. Los 26 nuevos pueblos que se suman a Colombia servirán para formar a 7.000 hombres y mujeres que no han conocido otra forma de vida que la guerra. "Su reincorporación será con énfasis en lo rural y ayudarán a atender a las zonas aledañas", explican de manera reiterada desde el Gobierno. Los altos mandos de las FARC muestran su preocupación. Esta tarea debía haber empezado a finales de enero cuando los miembros de la exguerrilla abandonaron sus campamentos ocultos en la selva y se trasladaron hasta aquí.

No solo no han comenzado con estos cursos, tampoco se ha cumplido la ley de amnistía pactada en los acuerdos negociados durante cuatro años en La Habana. Los presos de las FARC siguen saliendo con cuentagotas de las cárceles de Colombia. Por el momento, más de 700 han sido nombrados gestores de paz para asegurar su rápida excarcelación.