Polémica por el ascenso de militares colombianos sospechosos de participar en ejecuciones ilegales

La decisión del Ministerio de Defensa de Colombia de ascender a 33 mandos militares ha desatado esta semana las críticas Human Rights Watch (HRW). La organización de defensa de los derechos humanos sostiene que existen “evidencias creíbles” que vinculan a cinco de esos oficiales, cuatro coroneles y un general del Ejército, al escándalo de los falsos positivos. Este caso, destapado hace una década, fue una de las peores manchas de la guerra entre el Estado, las guerrillas y los paramilitares. Civiles ejecutados sin juicio entre 2002 y 2008 en calidad de supuestos combatientes para alterar el balance del conflicto armado y lograr beneficios. El escenario hoy ha cambiado. El país se encuentra en plena transición hacia la paz. Pero en las próximas semanas, recuerda la ONG, el Senado tendrá que pronunciarse sobre esos ascensos.

“En lugar de enviar un mensaje contundente de que ha superado la oscura etapa de los falsos positivos, el Ministerio de Defensa mancha la reputación de las Fuerzas Armadas al intentar ascender a oficiales contra quienes existen denuncias serias que los vinculan a falsos positivos”, mantuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, quien pide a la Cámara que frene esa decisión.

El titular de Defensa, Luis Carlos Villegas, aprobó este miércoles las promociones. “De los 33 oficiales que se han presentado por el Gobierno a la comisión segunda [encargada de examinar los expedientes], todos tienen la plena confianza del Gobierno, no hay en esa lista nadie que tenga investigaciones penales formales, los que estaban para ascenso y las tenían no fueron considerados”, afirmó, informa Efe. El Ejecutivo considera que hay caso, no obstante, HRW cuenta con documentos que demuestran que dos de los cinco militares señalados -el brigadier general Francisco Javier Cruz Ricci, y los coroneles Mauricio José Zabala Cardona, Miguel Eduardo David Bastidas, Óscar Reinaldo Rey Linares y Raúl Hernando Flórez Cuervo-  se encuentran bajo investigación.

La organización esgrime, además, su responsabilidad directa o indirecta en el marco del derecho internacional. “Los patrones en los casos de falsos positivos —incluido su carácter sistemático y las circunstancias implausibles de muchas de las supuestas muertes en combate— sugieren de manera clara que los comandantes de las unidades a las cuales se atribuye una cantidad significativa de asesinatos sabían o deberían haber sabido sobre estos crímenes”, señala la organización. “Además de otras formas de participación penal, como ordenar la comisión de un delito, los comandantes son penalmente responsables conforme al derecho internacional si sabían o deberían haber sabido que los soldados bajo su control efectivo estaban cometiendo delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos”, prosigue su denuncia.