Colombia busca convencer a EE UU de la eficacia de su estrategia antidroga

El vicepresidente de Colombia, el general Óscar Naranjo, ha viajado esta semana a Washington con la misión de defender la filosofía que vertebra los planes políticos del posconflicto y la estrategia antidroga del Gobierno de Juan Manuel Santos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló el pasado septiembre la presión sobre las autoridades país andino lanzando una advertencia a cuenta del incremento de los cultivos de coca, que aumentaron más del 50% en 2016, hasta las 146.000 hectáreas. Pero el Ejecutivo colombiano mantiene, con el apoyo de la ONU, un programa que mezcla los métodos de la sustitución voluntaria de las plantaciones y la erradicación forzosa. El objetivo final, como aseguraron a EL PAÍS tanto Naranjo como el responsable de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Bo Mathiasen, es una transición del campo colombiano sostenible en el tiempo y una mejora de la convivencia.

Con estas premisas, el vicepresidente se reunirá con su homólogo estadounidense, Mike Pence, a quien tratará de convencer de los esfuerzos de Colombia contra el narcotráfico. “Debe ser una evaluación no solamente basada en una cifra de hectáreas de cultivos, sino que debe tener un enfoque multidimensional que por ejemplo valore el esfuerzo y el resultado colombianos en los temas de interdicción”, explicó Naranjo este martes en Washington. “En el año 2002 Colombia produjo 580 toneladas métricas de cocaína, y en ese año las autoridades incautaron 92 toneladas, que equivale al 16% de lo producido. Sin embargo, el año pasado, el nivel de incautación fue 362 toneladas, que significó una tasa de 42% de interdicción. Nuestros incrementos pasaron del 16% al 42%. Al final de lo que se trata es que no llegue cocaína a Estados Unidos”, señaló.

En eso insistirá estos días el antiguo negociador de la paz con las FARC en distintas reuniones con representantes de la Administración Trump, miembros del Congreso y otras autoridades. El mensaje central que tratará de trasladar: “Colombia lejos de ser un problema en la solución al asunto de las drogas, es un aliado estratégico importante para la región”.

En su conversación este martes con uno de los máximos responsables de la DEA, Robert W. Patterson, Naranjo recalcó también que la figura jurídica de la extradición no sufrirá modificaciones tras la firma de los acuerdos con la guerrilla más antigua de América, de la que está a punto de cumplirse un año. “Les hemos transmitido la certeza de que el acuerdo con las FARC no debilita la figura de la extradición y sobre esa afirmación presentamos varios argumentos”, dijo. En los últimos ocho años, añadió, “se han extraditado a Estados Unidos 894 nacionales”. “Entre el 2002 y el 2009, el Gobierno anterior [del expresidente Álvaro Uribe] extraditó 857. Es decir, el número de extradiciones ha ido en ascenso”. También aclaró que “a miembros de las FARC que se hayan acogido al acuerdo y estén en proceso de reincorporación y, sin embargo, reincidan en narcotráfico a partir de diciembre del año pasado, se les aplicará la extradición”.