Un alto cargo de Alan García planeaba ocultar 10 millones en Andorra
El exvicepresidente de Petróleos del Perú Atala Herrera y su hijo manejaron una cuenta opaca en la BPA
Un alto cargo designado durante el mandato del expresidente peruano Alan García (2006-2011) planeó ocultar hasta diez millones de dólares (8,6 millones de euros) en Andorra, un país donde hasta el pasado enero regía el secreto bancario.
El exvicepresidente de la empresa estatal Petróleos del Perú Miguel Atala Herrera dejó constancia en un cuestionario entregado a la Banca Privada d’Andorra (BPA) en octubre de 2007 su intención de ingresar en esta entidad entre uno a diez millones de dólares (de 860.000 a 8,6 millones de euros). Justificó que el dinero procedía de supuestos negocios agrícolas, inmobiliarios y textiles. Y añadió que pretendía cobrar a través de este banco del Principado una comisión “de unos inversores brasileños”, según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
Perú | Los documentos de la trama
Atala Herrera manejó entre 2007 y 2013 una cuenta en la BPA donde también figuró como autorizado uno de sus hijos, Samir Atala Nemi.
El que fuera número dos de la petrolera estatal peruana entre 2008 y 2011 recibió en su depósito de la BPA 1,3 millones de dólares (1,1 de euros) desde una de las firmas utilizadas por la constructora Odebrecht para pagar sus sobornos, Klienfeld.
Petróleos del Perú firmó en 2011, cinco meses después de la salida de la empresa de Atala Herrera, un acuerdo con la filial de Odebrecht Braskem para estudiar la ejecución de una planta petroquímica de 3.000 millones de dólares (2.510 millones de euros).
El exdirectivo extremó las medidas de seguridad para esconder sus fondos en Andorra. Colocó como beneficiario junto a su hijo a la sociedad Ammarin Investment Inc creada dos meses antes en Panamá.
Pese a las maniobras de ocultación, la entidad andorrana advirtió pronto la condición de cargo público de su cliente. “Aparece como Persona Políticamente Expuesta por ser el presidente del Comité de Auditoría y Control de Petroperú desde el 15 de septiembre de 2010”, recoge un documento interno del banco de abril de 2013.
El mismo escrito refleja que el exdirectivo fue imputado en 2009 “por haber ocultado los libros de balance y la verdadera realidad económica de Petroperú durante cuatro años” y por apropiarse de 70.000 dólares (60.413 euros) “de la venta de un inmueble”. La demanda no prosperó. Pero el banco del Principado mantuvo las cautelas sobre Atala Herrera. “Puede que pudiera haberse apropiado de dinero público”, avisó la BPA.
El exdirectivo de Petróleos del Perú se esforzó por presentarse ante la BPA como un cliente y empresario ejemplar. Llegó, incluso, a entregar a la entidad andorrana una carta de recomendación firmada por un ejecutivo del Intercredit Bank de Miami. “Durante 14 años, Intercredit Bank ha prestado al señor Atala y a sus empresas varios servicios bancarios…”, recogió esta misiva fechada en septiembre de 2011. El escrito destaca la “integridad personal” del exvicepresidente de la petrolera.
El antiguo ejecutivo de Petróleos de Perú utilizó Andorra como pasarela para transferir fondos. De hecho, cuando la juez que investiga los tentáculos del caso Odebrecht en el Principado, Canòlic Mingorance, bloqueó su depósito, en diciembre de 2015, la cuenta de Atala Herrera y su hijo solo registraba un saldo de 18.191 euros.
Prado Ramos planeó ocultar un millón en Andorra
Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014), fue otro de los políticos peruanos que planeaba transferir grandes sumas de dinero a Andorra.
Aunque la cuenta que manejó en la BPA este excargo público solo registró un saldo de 3.048 dólares (2.624 euros), Prado Ramos barajó ocultar en el pequeño país de Europa entre 600.000 y un millón de dólares (entre 520.000 y 860.000 euros), según comunicó él mismo a la entidad en el formulario que rellenó al abrir su cuenta en agosto de 2013.
Un documento inédito revela que el exresponsable de Emape, que se presentó ante la BPA como “consultor de empresas”, quería ingresar en Andorra 800.000 dólares (689.000 euros) solo durante el primer año. Prado Ramos preveía también recibir fondos en el Principado a través de “transferencias internas” (un sistema que no deja rastro).
El exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima situó como titular de su cuenta andorrana a la sociedad Relton Holding SA. Constituyó esta empresa en Panamá dos meses antes de abrir el depósito en el Principado. Una circunstancia que no impidió al cliente informar a la institución financiera de que su sociedad iba a registrar una facturación anual de hasta 800.000 dólares (689.000 euros).
La policía andorrana conecta los fondos de Prado Ramos en el Principado con comisiones por presuntas adjudicaciones de obra pública. El exdirigente de Susana Villarán fue “presentado” a la BPA por Aeon Group, una de las sociedades utilizadas por Odebrecht para pagar sus sobornos.
Luyo Barrientos: segunda cuenta en Andorra con 1,2 millones
El exmiembro del Comité de Licitaciones de la Línea 1 del Metro de Lima Edwin Martin Luyo Barrientos manejó –al menos- dos cuentas en Andorra. A su depósito en la BPA ya conocido, se suma otro en el Crèdit Andorrà que el 25 de abril de 2016 registraba un saldo de 1,2 millones de dólares (un millón de euros).
Luyo Barrientos ocultó a la BPA su condición de alto cargo o funcionario con capacidad de adjudicar obras. Este exempleado público que participó en una de las infraestructuras estrella del segundo gobierno de Alan García (2006-2011), eludió ante la BPA su condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP), término utilizado por los bancos para señalar a clientes que, por su responsabilidad, han podido recibir fondos manchados por la corrupción.
En el cuestionario que rellenó en diciembre de 2011 en la BPA, Luyo Barrientos marcó una casilla con la opción “no soy ni he sido una persona políticamente expuesta” y otra denominada “tengo conocimientos de blanqueo”. También reconoció ante la BPA mantener “relación comercial” con dos de las sociedades con las que Odebrecht pagó sus comisiones, Aeon y Klienfeld.
El exfuncionario fue detenido el pasado enero por recibir supuestamente sobornos de Odebrecht.
Canepa Torre: traspasos internos para no dejar rastro
El abogado peruano Jorge Horacio Canepa Torre tenía previsto hacer ingresos en su cuenta de la BPA de entre 100.000 y 500.000 dólares (de 86.000 a 431.000 euros). Y eligió para ello un método que no deja rastro: los traspasos internos desde otros depósitos de la entidad andorrana.
Para reforzar la seguridad, el que fuera también árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), donde emitió 17 decisiones favorables a Odebrecht en procesos contra el Estado peruano, pidió que su cuenta fuera numerada.
Canepa Torre justificó a la BPA que quería abrir una cuenta para “depositar honorarios de Aeon Group”. La Policía de Andorra coloca a esta firma en el engranaje de Odebrecht para pagar sobornos.
El abogado, que barajó ocultar en Andorra un millón de dólares (860.000 euros), colocó como titular de su cuenta en la BPA una sociedad (Maxcrane Finance) que había constituido tres semanas antes en Panamá.
Muñoz Cuba: “Solo haré un ingreso de un millón”
El empresario Víctor Muñoz Cuba, en prisión preventiva por el supuesto cobro de comisiones por participar en la adjudicación de la constructora brasileña de la Línea 1 del metro de Lima, se presentó ante la BPA como un “socio estratégico de Odebrecht en Perú que presta trabajos de consultoría para esta empresa”.
Muñoz Cuba, sobrino del exviceministro peruano Jorge Cuba, dijo al banco que planificaba sus inversiones cada cinco años. Y añadió que estaba dispuesto a perder entre un 5 % y un 15 % a costa de asumir un mayor riesgo en las operaciones. “En principio, solo haré un ingreso de un millón de dólares”, comunicó.
Los Peñaranda, inversores “conservadores”
Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora Alpha Consult –“una de las mayores adjudicatarias de Perú”, según la Policía de Andorra- tuvo una cuenta en la BPA donde figuró como beneficiario su hijo Jorge Rómulo Peñaranda Málaga.
Los Peñaranda comunicaron a la entidad andorrana su intención de mover un saldo anual de 800.000 dólares (690.000 euros). Se presentaron como clientes “con un horizonte temporal a largo plazo y muy conservadores”, admitieron conocer la legalidad sobre blanqueo. Y añadieron no haber sido Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Los consultores peruanos indicaron a la BPA, además, que el dinero a su cuenta andorrana llegaría mediante traspasos internos desde Aeon, una de las dos sociedades utilizadas por Odebrecht para pagar sobornos.
A través de dos sociedades, la constructora brasileña ingresó en la cuenta de esta familia 2,6 millones de dólares (2,2 de euros).
Las prácticas corruptas del gigante brasileño de la construcción en Perú se extendieron a los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011- 2016). Este último se convirtió el pasado julio en el primer político en ingresar en prisión por su supuesta implicación en la mayor trama de sobornos de América.
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