Odebrecht pagó en Andorra a un exdirectivo de Petróleos del Perú

Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado la mayor trama de sobornos de América, pagó a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA) al exvicepresidente de la firma estatal Petróleos del Perú Miguel Atala Herrera, según documentos internos de esta entidad a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El exdirectivo acumuló 900.000 dólares (757.512 euros) en una cuenta de este pequeño país pirenaico regido hasta el pasado enero por el secreto bancario.

Atala Herrera fue número dos de esta compañía entre 2008 y 2011. El presidente de Perú era entonces Alan García. La petrolera pública firmó en 2011, cinco meses después de la salida de la empresa del directivo, un acuerdo con la filial de Odebrecht Braskem para estudiar la ejecución de una planta petroquímica de 3.000 millones de dólares (2.510 millones de euros). Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Atala Herrera.

La BPA, junto con el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, fueron las entidades usadas por Odebrecht para pagar comisiones ilegales a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de países de Latinoamérica a cambio de adjudicaciones de obra. Las autoridades financieras de EE. UU. precipitaron en marzo de 2015 la intervención de la entidad andorrana. Denunciaron que bandas criminales recurrieron a sus depósitos para blanquear capitales aprovechando la opacidad del Principado.

Petróleos del Perú –la compañía más importante del país- firmó en 2011 un acuerdo con Braskem, filial de Odebrecht, para analizar la construcción de una planta de producción de polietileno (plástico) valorada en 3.000 millones de dólares. La instalación se concibió para abastecer a Perú, Chile, Ecuador y Colombia.

Las actas internas y secretas del departamento de cumplimiento (compliance) de la BPA revelan que Atala Herrera utilizó la sociedad Ammarin Investment para ocultar sus fondos. Los citados documentos incluyen un estadillo contable. Y precisan que la cuenta se abrió en octubre de 2007, diez meses antes del desembarco de Atala Herrera en la petrolera. “Sociedad presentada por Klienfeld (Odebrecht) como socio estratégico en Perú. La cuenta se abrió el 16/10/2007, recibió un traspaso de Klienfeld y su actividad ha sido escasa. En su día se miraron todas las listas y la información de Internet sin que apareciera ningún dato negativo”.

Los empleados de la BPA prosiguen: “Actualmente, se han vuelto a realizar las búsquedas y encontramos que el primer representante de la cuenta, Faresh Miguel Atala Herrera, aparece procesado por fraude en 2007; el cliente ha presentado varios recursos ante la justicia que han sido denegados”.

Los gestores de la institución financiera andorrana se percatan además de que Atala Herrera es directivo de la petrolera. Y dejan constancia escrita: “Además, actualmente es PEP [Persona Políticamente Expuesta, que es el término que utilizan los bancos para referirse a cargos públicos] (vicepresidente de Petróleos del Perú SA)”, recoge el acta. La BPA exigió a su cliente documentación para acreditar que sus ingresos no procedían de la petrolera pública. “Todavía no hemos recibido [los documentos]”, añade.

Odebrecht pagó también 435.000 dólares (363.282 euros) a través de la BPA al abogado peruano Jorge Horacio Cánepa Torre mediante la sociedad Maxcrane Finance Sa Perú.

Cánepa Torre, exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), emitió 17 laudos favorables a Odebrecht en procesos contra el Estado peruano por varias carreteras. Las decisiones generaron a la constructora beneficios de “millones de dólares”, según el diario Perú 21. EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con este letrado que fue asesor de Presidencia del Gobierno regional de Lima en 2002.

Las actas internas de la BPA recogen también un pago de 500.000 dólares (418.235 euros) a Edwin Martin Luyo Barrientos, expresidente del Comité de Licitaciones del Metro de Lima, que fue detenido el pasado enero por recibir supuestamente sobornos de Odebrecht. Los informes incluyen transferencias de 250.000 dólares (209.170 euros) a Jorge Peñaranda Castañeda, de la empresa Alpha Consult; y a Víctor Enrique Muñoz Cuba, que acumuló 4,5 millones de dólares (3,7 millones de euros), a través de la sociedad Hispamar Investments Perú.

El banco andorrano refleja en sus actas el temor de que los ingresos de Odebrecht a estos directivos y abogados respondan a comisiones. “Acordamos informar al gestor de que para poder aceptar a los clientes, tendríamos que verificar que no se trata de comisiones ilícitas (corrupción) y es necesario tener algún documento justificativo de la actividad realizada y el origen de los fondos”, precisa el informe.

Odebrecht admitió ante la justicia de Estados Unidos que abonó 29 millones de dólares (24,2 millones de euros) en sobornos a altos funcionarios y cargos públicos de Perú para adjudicarse obras. Sus prácticas corruptas se extendieron a los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011- 2016).

Humala, precisamente, se convirtió el pasado julio en el primer político en ingresar en prisión por su supuesta implicación en el escándalo. Junto a su esposa, Nadine Heredia, el expresidente peruano se enfrenta a la acusación de blanqueo por recibir supuestamente fondos del Gobierno de Venezuela y de Odebrecht para las campañas electorales de 2006 y 2011.

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