El gobierno de Colombia crea una comisión para investigar los bienes de las FARC

La ya exguerrilla de las FARC entregó a la ONU el pasado 15 de agosto un listado con el patrimonio económico que ha acumulado durante más de medio siglo de guerra contra el Gobierno de Colombia. El Ejecutivo de Juan Manuel Santos, según establecen los acuerdos de paz pactados en La Habana durante casi cuatro años, recibió el inventario de bienes que suma más de 276 millones de euros (unos 960.000 millones de pesos). Una cifra irrisoria para la Fiscalía colombiana, el organismo encargado de analizar la información. “El documento entregado se caracteriza por la indeterminación, debería ser enmendado a la brevedad, si no será imposible entregarlo a las víctimas”, ha dicho Néstor Humberto Martínez, el responsable de este organismo.

Durante la última semana el listado de más de 100 folios se había mantenido en privado a la espera de convertirse legalmente en un fondo destinado para ayudar a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Pero el miércoles por la noche, el fiscal publicó sus quejas y algunos pormenores en una carta enviada al ministro del Interior. Ante la polémica generada, las FARC han publicado en la mañana del viernes un resumen de su patrimonio. El documento, sin detalles, solo especifica el valor en pesos colombianos de los inmuebles, fincas, vehículos, cabezas de ganado, dinero en efectivo y enseres personales, entre otras partidas.

La exinsurgencia asegura ser propietaria de 240.000 hectáreas de tierras que corresponden a más de 126 millones de euros. “Estos bienes tienen que estar identificados por su número de registro”, argumenta Martínez. “No hemos sido una persona jurídica, sino una organización por fuera de la ley”, responde Pastor Alape, miembro del Secretariado de la formación. “Las fincas en su posesión eran por dominio territorial, ¿cómo van a tener matriculados esos bienes?”, plantea Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC y miembro de Izquierda Unida. "Es la primera vez en un proceso de paz de este tipo que una organización guerrillera entrega su patrimonio, los problemas se van a generar hasta con su configuración legal".

La Fiscalía reclama también un mapa detallado de dónde se ubican estas propiedades. “Estamos dispuestos a recorrer Colombia enseñándole a las autoridades dónde están. No pensamos ocultar nada”, aseguran desde el Estado Mayor de la organización. En caso de que estos predios no puedan identificarse, no formarán parte del fondo destinado a las víctimas.

A lo largo de los últimos años de guerra, varias informaciones aseguraban que las FARC eran la mayor ganadería del país con cientos de miles de animales. Una cifra que la organización reduce a 20.724 vacas y menos de 600 caballos. Tampoco existe una correspondencia entre el efectivo que han declarado: 450.000 dólares y 718.000 euros, y el que las autoridades manifiestan que tienen. En el listado no se hace mención a empresas, aunque la Fiscalía asegura, sin aportar pruebas por el momento, que tienen cuentas y sociedades gestionadas por testaferros dentro y fuera del país. “Le hemos pedido al fiscal que entregue toda esa información y si es cierta que se destine a las víctimas”, dice Alape justificando que una organización clandestina no puede tener bienes en el exterior. “Nuestra economía se manejaba en las caletas”.

Los capítulos que las FARC denominan “Inversión social” (más de un millón de euros), “Enseres” (más de seis millones de euros) e “Infraestructuras” (más de 56 millones de euros) son los que mayor controversia han generado. En la carta enviada por Néstor Humberto Martínez al Ministerio del Interior se explica que la exguerrilla ha detallado cada uno de los platos, cubiertos, botas, tazas de café… que han usado estos años de conflicto. “Utensilios sin valor comercial que no sirven para reparar a las víctimas”, dice el fiscal. También incluyen información sobre cirugías umbilicales, una extracción de venas várices y una operación de cavidad de pene realizadas a pacientes en zonas rurales. Y entregan datos del número de kilómetros (3.753) en vías que han construido en las regiones donde ejercían de Estado. “El patrimonio de una organización en rebelión no es solo la visión de una empresa en el marco del capitalismo, nosotros entendemos que se debe incluir el patrimonio social”, argumenta Alape.

Las víctimas muestran su desconcierto ante la polémica. Consuelo González de Perdomo, dirigente política y secuestrada por las FARC, consideró en una entrevista en el diario El Tiempo, "una burla" este listado. Mientras Ciro Abadía, líder de un colectivo de víctimas, espera que la reparación se materialice en proyectos productivos en las regiones más afectadas por la guerra. 

El Gobierno se había mantenido al margen de la discusión pública hasta que la noche del jueves, en una reunión extraordinaria, emitió un decreto por el que se crea una comisión que revisará y verificará el listado de los bienes, tanto el estado en el que se encuentren como su naturaleza jurídica. “Todos los que estén por fuera del patrimonio o no registrados en la lista generará automáticamente un proceso de extinción de dominio y cargos por lavados de activos que irán a la justicia ordinaria”, se lee en el documento. “Este patrimonio se dedicará exclusivamente a las víctimas”, recalcó Guillermo Rivera, ministro del Interior. Con esta decisión se excluye la posibilidad de que parte del fondo se destine a la reincorporación de más de 7.000 guerrilleros que desde el pasado enero transitan de vuelta a la vida civil.