La Justicia brasileña bloquea cuatro cuentas bancarias de Lula

La pugna entre el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y la Justicia no tiene tregua. El Banco Central de Brasil ha bloqueado este miércoles un total de 606.727 reales (unos 192.000 dólares) de las cuatro cuentas bancarias pertenecientes al exmandatario, condenado en primera instancia el pasado día 12 a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de dinero. La decisión, que impide a Lula hacer uso de esos fondos, fue tomada la pasada semana por el juez federal Sergio Moro, responsable de juzgar los casos de la Operación Lava Jato –que investiga una red corrupta en la estatal Petrobras–. El magistrado también ha reclamado el bloqueo de otras propiedades del expresidente: dos coches, tres pisos en São Bernardo do Campo (localidad en las afueras de São Paulo) y un terreno.

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En su decisión, Moro requiere el bloqueo de hasta 10 millones de reales –unos 3 millones de dólares- y explica que su intención es “garantizar” recursos para eventuales sanciones pecuniarias que serían aplicadas a Lula en caso de que la sentencia sea confirmada por un tribunal de segunda instancia. El juez ya había embargado un apartamento triplex en el balneario de Guarujá, en el litoral paulista, que Lula presuntamente había recibido como soborno por parte de la constructora OAS a cambio de contratos con la petrolera pública Petrobras. Sin embargo, el Banco Central ha encontrado, además de las propiedades, cuatro cuentas bancarias del expresidente: en el Branco do Brasil con 397.636,09 reales –unos 120.000 dólares- ; en la Caixa Econômica Federal, con 123.831,05 reales; en Bradesco, con 63.702,54 reales; y en Itaú Unibanco, con 21.557,44 reales.

Lula y sus abogados no se han manifestado por ahora sobre la decisión.. La causa sobre el piso en Guarujá es una de las cinco abiertas contra el expresidente, que sostiene que es inocente y víctima de una "persecución política y judicial" que, asegura, tiene como objetivo impedir que se presente de nuevo a la presidencia en 2018. Sus aspiraciones, sin embargo, dependerán del fallo en segunda instancia. Si se ratifica la sentencia dictada por Moro, las leyes electorales le impedirían presentarse para cualquier cargo público.