Francia acelerará el proceso de asilo y creará más plazas para refugiados

Tan solo en 2016, Francia recibió más de 85.000 solicitudes de asilo, un 40% más que en 2012. A ello se unen los miles de inmigrantes que llegan por motivos económicos bien para intentar quedarse en Francia o, como sucede con los que se concentran en Calais, en la costa noroeste, con la vista puesta en un tercer país, especialmente Reino Unido. El año pasado, Francia detuvo a 91.000 inmigrantes irregulares. De ellos, 31.000 recibieron una orden de abandonar el territorio francés y solo 25.000 lo hicieron, 13.000 de ellos de forma forzada. “Tenemos que mejorar esas cifras, que no son satisfactorias”, afirmó Philippe.

Pero ni Francia, ni Europa, ni ningún país tienen una “varita mágica” para resolver el problema que supone la creciente presión migratoria, menos dramática que hace dos años pero todavía contundente y, lo que es más grave aún, sin visos de frenarse en el futuro, reconoció el primer ministro en rueda de prensa. Ante esta situación, el Gobierno francés quiere priorizar las políticas destinadas a los más vulnerables, los refugiados, aunque sea a costa de mostrar mano dura a los que huyen de la pobreza o de la falta de oportunidades en sus países de origen. Aunque entre ellos también se cuenten familias enteras.

Medidas "dignas" para refugiados

Según el plan para “garantizar el derecho de asilo y controlar mejor los flujos migratorios” desarrollado por el ejecutivo francés, hasta 2019 se crearán un total de 12.500 nuevas plazas de albergue para los solicitantes de asilo y los que ya tienen condición de refugiado. Actualmente existen 80.000 plazas. Un 40% de los demandantes no tienen sitio, según cifras oficiales.

Tal como adelantó el presidente, Emmanuel Macron, en una entrevista con varios medios europeos, incluido EL PAÍS, a finales de junio, se aplicarán además medidas para acortar los plazos de solicitud de asilo de los hasta dos años que pueden tardar hoy en día a un máximo de seis meses. Para ello, el Gobierno incrementará los fondos y abrirá filiales de la Oficina de Protección de Refugiados y Apátridas (Ofpra, el organismo encargado de registrar las solicitudes de asilo) en ciudades como Cayenne, Lyon y Metz antes de que acabe el año.

En una fecha aún por fijar, el Gobierno nombrará además a un delegado interministerial para la integración de los refugiados que, bajo el auspicio del Ministerio del Interior, coordinará las diferentes medidas lanzadas para que los refugiados sean recibidos en condiciones “dignas”. La formación de los asilados, incluidos cursos de francés, y su preparación para poder acceder a puestos de trabajo también forman parte de este plan.

Mano dura contra los migrantes económicos

Por el contrario, todo migrante cuya solicitud de asilo sea rechazada, será “sistemáticamente” sometido a un proceso de expulsión. Para mejorar las tasas de cumplimiento de estas deportaciones, el Gobierno quiere adaptar los sistemas de información para identificar más rápidamente a las personas detenidas y que están en situación irregular. También prevé establecer en cada región un “dispositivo de preparación del retorno” que prevean ayudas para el regreso voluntario de los afectados, además de modificar la legislación para “mejorar la eficacia de los procedimientos”.

Todo ello debe ir acompañado de una coordinación con los socios europeos —“no podemos afrontar solos este tema, y ellos tampoco”, subrayó Philippe— tanto en el refuerzo de las fronteras comunes como en la lucha contra las mafias de tráfico humano y en la búsqueda de soluciones diplomáticas a los conflictos políticos y problemas económicos que hacen que las personas huyan de sus países de origen.

El primer ministro reconoció que las medidas de corto, mediano y largo plazo lanzadas por el Gobierno ni son suficientes ni contentarán a todos. “Algunos las considerarán demasiado rigurosas, otros demasiado generosas”, dijo. Según Philippe, Francia debe “estar a la altura de las necesidades de los refugiados, pero tenemos que ser firmes” ante otros llegados “que deben comprender que no será posible acoger a la totalidad de migrantes económicos”. Un poco después, Macron fue más tajante: “Los refugiados políticos y los migrantes económicos no tienen los mismos derechos o deberes. No cedamos a la confusión”, instó en un tuit.

Un plan sin soluciones para los campamentos irregulares

El plan presentado por el Gobierno de Macron no tiene lugar para los miles de migrantes, en su mayoría irregulares, que se concentran en diversos puntos del país en campamentos improvisados y en condiciones insalubres. Organizaciones humanitarias llevan semanas denunciando las dificultades que les dan las autoridades a ayudar a los migrantes que se agolpan en lugares como Calais, ante la costa británica a la que aspiran a llegar, el propio París o Grande Synthe, donde un campamento de refugiados creado por Médicos Sin Fronteras y que daba refugio a 1.500 personas fue destruido en abril por un incendio sin que se haya reconstruido. El alcalde de Grande Synthe e impulsor del campamento, Damien Careme, ha denunciado en las redes sociales la situación “inhumana” de niños obligados a dormir en el suelo, instando a Macron a “reaccionar” y mostrar “humanidad”.

La respuesta firme llegó este miércoles. “No vamos a reconstituir los campamentos, son estructuras que no generan más que problemas”, dijo el ministro de Cohesión Territorial, Jacques Mèzard.