España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana de noviembre en Madrid
La presidenta encargada de Venezuela está sancionada por la UE y no puede viajar a Europa, aunque caben excepciones a esa restricción
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este martes en Santo Domingo (República Dominicana) que España invitará a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre. Sobre la líder venezolana penden sanciones de la UE desde julio de 2018, que España ha pedido que se levanten.
“En estos momentos lo que estamos haciendo es dirigirnos a todos los países y siempre se invita a quienes tienen la representación internacional. Esta cumbre no va a ser diferente a otras”, ha precisado Albares desde territorio dominicano. El anuncio llega apenas unos días después de la visita de la opositora María Corina Machado a Madrid, en un viaje en el que rechazó reunirse con el presidente Pedro Sánchez.
Con la invitación, España lidera la normalización de relaciones con Venezuela y reconoce la presidencia de Rodríguez, un paso que ya dio Estados Unidos tras su intervención militar en el país el pasado 3 de enero. La expectativa que rodea el viaje hace suponer que el levantamiento de las sanciones contra la mandataria chavista se produzca a corto o medio plazo. Este es, de hecho, uno de los principales objetivos del Gobierno venezolano: que su presidenta encargada pueda volver a moverse libremente por territorio comunitario.
España ha pedido a la UE que levante el veto a Rodríguez, que no puede entrar en territorio comunitario, pero todavía no se ha tomado una decisión, a diferencia de EE UU, que sí ha sacado ya a la mandataria de su lista negra. “Las sanciones nunca son un fin”, defendió Albares el pasado 20 de febrero. “Son un medio para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la UE tiene que darlos también”.
La diplomacia española sostiene que, en todo caso, las sanciones comunitarias no afectan a jefes de Estado en ejercicio, como prueba la participación de la propia Rodríguez en la cumbre UE-Celac en 2023 en Bruselas, en representación de Nicolás Maduro.
Las sanciones de la UE sobre Rodríguez fueron adoptadas en julio de 2018, si bien meses antes, en noviembre de 2017, ya había establecido medidas restrictivas contra el régimen de Maduro, que contemplaban un embargo de “armas y de equipos destinados a la represión interna, y la imposición de la prohibición de viajar y de la inmovilización de activos” de un listado de altos cargos. La UE renovó por última vez las sanciones el pasado 15 de diciembre de 2025 y, salvo decisión en sentido contrario, estarán vigentes hasta el 10 de enero de 2027.
La Unión justificó la prórroga en “las acciones persistentes que socavan la democracia y el Estado de derecho, así como de las continuas violaciones de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, también en relación con la celebración de las elecciones presidenciales el 28 de julio de 2024 y los acontecimientos posteriores”.
Albares ha traído en mano la invitación del Rey al mandatario dominicano, Luis Abinader, y se la ha entregado a su canciller, Roberto Álvarez, quien le ha contestado que, “por supuesto”, el presidente Abinader estará en la cumbre de Madrid. Este miércoles Albares tiene previsto entregar al canciller mexicano la invitación para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
El ministro de Exteriores de la República Dominicana, Rober Álvarez, ha “agradecido enfáticamente”, según Albares, el proceso de regularización de inmigrantes iniciado por el Gobierno. La comunidad dominicana en España, con 200.000 personas, es la segunda más numerosa en el extranjero, tras EE UU, y también se espera que sea una de las más beneficiadas por el proceso de regularización, aunque ninguno de los dos gobiernos se atreve a aventurar cifras. Según Albares, las autoridades de Santo Domingo están colaborando “total y absolutamente” en el proceso, que exige la aportación de documentos por el país de origen, como los antecedentes penales.
Preguntado por la consulta elevada por los socialistas a la Comisión Europea, el jefe de la diplomacia española ha asegurado que la “prioridad nacional” pactada entre PP y Vox, que supone la discriminación de extranjeros en el acceso a ayudas y prestaciones públicas, “es evidente que no tiene cabida en un Estado democrático” en el que “el criterio es siempre de residencia”.
