Las derechas tumban el decreto del alquiler entre reproches al PSOE desde su izquierda

No han faltado esta legislatura momentos surrealistas en el Congreso, pero pocos como el vivido este martes, momentos antes de que la unión de las derechas tumbase la prórroga de la congelación de los alquileres. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tras una brutal intervención contra Junts, se acercó a los escaños de sus otrora socios para entregarles un papel con comentarios contra su posición sobre las políticas de vivienda. Se situó junto a su homóloga de Junts, Miriam Nogueras, que no levantó la cabeza del documento que estaba leyendo. El resto lo rechazó también. Entonces sonó un grito en el hemiciclo —“¡teatrero!”— seguido de protestas y gestos airados. Esas muestras de solidaridad con los de Carles Puigdemont provenían del sitio más insospechado: de los escaños de Vox —el partido que aboga por ilegalizarlos— y del PP.

Ahí se manifestó la mayoría de las derechas que, junto a UPN, tumbó el decreto que dejará a más de dos millones de personas al albur de fuertes subidas de sus alquileres y en un limbo legal a quienes se han acogido a la prórroga aprovechando el mes que ha estado en vigor. Esa mayoría que, de forma tácita, va reemplazando a la que invistió a Pedro Sánchez para imponer en el Congreso su visión sobre temas económicos y sociales. El apasionado alegato del ministro de Consumo y Servicios Sociales, Pablo Bustinduy, sobre las consecuencias de lo que se votaba para millones de ciudadanos solo convenció a los ya convencidos: 166 a favor de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, Coalición Canaria, BNG y Compromís; 177 en contra —los cuatro grupos ya citados— y 5 abstenciones del PNV.

Uno de los grandes debates de la legislatura sobre la cuestión que, según todas las encuestas, encabeza las preocupaciones ciudadanas, comenzó con el tapizado al aire de más de la mitad de los escaños del hemiciclo. “Miles de inquilinos nos están siguiendo desde sus casas y aquí el hemiciclo está semivacío”, observó Bustinduy. En la bancada del PP los escasos presentes se arrimaron a su flanco izquierdo, el que anarca el tiro de la cámara que enfoca a los oradores. Del PSOE, ni un ministro, ni siquiera la de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien alegó compromisos a la misma hora en el Senado. A Bustinduy le arroparon en el banco azul los de Sumar: Yolanda Díaz, Ernest Urtasun y Mónica García.

“Lo que hoy se vota es si actuamos de acuerdo al interés general o al de los especuladores”, abrió fuego el titular de Consumo. “Lo que está en juego para casi tres millones de compatriotas es poder seguir viviendo en sus casas o ser expulsados de sus barrios”. Con el fin de la congelación de los alquileres, prosiguió, el mercado impondrá subidas inasumibles para la mayoría de inquilinos. Los favorecidos, aseguró, no serán pequeños propietarios, sino los grandes tenedores que controlan alrededor del 60% de la vivienda en arrendamiento.

Las derechas no se movieron un centímetro. El PP tiró de banquillo y puso en liza a un diputado poco habitual, Daniel Pérez Osma, quien se extendió más en glosar los desencuentros dentro del Gobierno que en analizar el “pastiche” del decreto. Vox, en cambio, lució a su estrella emergente, Carlos Hernández Quero, el llamado a impregnar el discurso ultra de una pátina social. Arrancó con una “confesión incómoda”: su hermana será una de las afectadas y probablemente no podrá asumir la renta nueva. Pero el culpable, añadió Quero, no es otro que un Gobierno con el que se ha desplomado la oferta de vivienda. Marta Madrenas, de Junts, fue más explícita en la defensa de los caseros: “Ustedes invitan a la fiesta y los propietarios la pagan”. También aludió a “defectos técnicos” del decreto, al igual que Maribel Vaquero, del PNV.

Los grupos más a la izquierda no solo afearon a la derecha su “inhumanidad”, un reproche muy repetido. También cargaron contra el PSOE. Ione Belarra, de Podemos; Néstor Rego, del BNG, y Àgueda Micó, de Compromís, lo acusaron de haberse desentendido de la suerte del decreto. Gerardo Pisarello, de Sumar, apuntó a Sánchez: “¿De qué sirve ser el antagonista de Trump si no actúa contra los grandes rentistas?”. Los socialistas dejaron el asunto en manos de otro diputado de escaso protagonismo, Ignasi Conesa, quien reclamó a sus aliados que “no se equivoquen de adversario”. Varios de los grupos exigieron al Gobierno que vuelva a presentar el decreto, a lo que se sumó al final Bustinduy.

La línea entre derecha e izquierda —salvo CC, a favor del decreto— estaba muy marcada, también en el campo nacionalista. Oskar Matute, de EH Bildu, no citó al PNV, pero era evidente a quien se refería en sus constante alusiones a “los que se ponen de perfil”. “Aquí les dan igual las banderas, ya sea la ikurriña, la senyera o la española”, agregó sobre la entente de las derechas. Rufián también habló de banderas, pero de una sola. Echó la mano al bolsillo y sacó un billete de 50 euros.