Mártires del medio ambiente

Su asesinato, la noche del 2 de marzo de 2016, supuso una sacudida para los defensores del medio ambiente del planeta. La activista de Honduras Berta Cáceres, que durante años había liderado en su tierra un movimiento contrario a la construcción de la presa hidroeléctrica de Agua Zarca, fue tiroteada en su casa por unos sicarios aquella noche.

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"Su caso es un caso paradigmático", señala Gustavo Castro, miembro de Amigos de la Tierra de México. Castro, que hoy reside en España, acogido a un programa de protección de Amnistía Internacional, estaba con ella en el momento del ataque y también resultó herido hace un año.

Su caso es paradigmático porque Cáceres era mujer, latinoamericana y defendía los derechos de los indígenas ante grandes proyectos de infraestructuras. Pertenecía al grupo más golpeado por esta violencia que año a año aumenta en el planeta.

La organización internacional Global Witness realiza desde 2002 un seguimiento de los asesinatos de activistas medioambientales en el mundo. En poco más de una década ha documentado 1.176 muertes violentas de ecologistas. 2015 fue el peor año que han registrado hasta ahora: consiguieron documentar 185 asesinatos. Y 122 fueron en países latinoamericanos.

Global Witness está ultimando el funesto informe de 2016, que presentará en julio. Y Laura Furones, miembro de esta organización, no se muestra optimista: "la situación ha empeorado, en 2016 subió el número de asesinatos y en la primera posición está América Latina". "Y estos son solo los asesinatos que hemos podido documentar, pero seguro que los datos reales son mucho más altos, porque muchos casos no se denuncian", añade Furones.

Pero, aunque Cáceres pertenecía a ese grupo de riesgo, ella también reunía algunas condiciones que, en teoría, le protegían. Era conocida internacionalmente y su lucha había sido premiada, entre otros, con el galardón medioambiental Goldman, conocido como el Nobel Verde.

La mayoría de las víctimas de esta violencia oscura contra los activistas ecologistas pertenece a pequeñas organizaciones que no cuentan con las mismas medidas de protección —como todoterrenos blindados para moverse por los lugares más conflictivos— a las que pueden acceder las ONG más grandes y conocidas. "Las organizaciones más pequeñas, con menos capacidad, son las más vulnerables; y el mayor número de muertes se concentra ahí", apunta Furones.

Amnistía Internacional lanzó este martes una campaña global de denuncia de las muertes de defensores de los derechos humanos en el planeta. "En el caso de las Américas hemos centrado la campaña en los defensores de la tierra y los recursos naturales", señala Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional en ese continente. "Solo en los tres primeros meses del año han asesinado a seis líderes indígenas en Colombia", alerta Guevara-Rosas.

Colombia, con 26 muertes, ocupó en 2015 el tercer lugar del listado de 16 países con asesinatos de ecologistas documentados por Global Witness. El segundo puesto lo ocupa Filipinas (33) y el primero Brasil, con medio centenar de muertes.

Pero, ¿por qué se concentra este fenómeno en Latinoamérica? "Los asesinatos están vinculados a explotaciones de recursos naturales y al desplazamiento de comunidades indígenas", apunta Guevara-Rosas para explicar esta situación. Y Latinoamérica es rica en recursos, que en muchos casos están en tierras en las que se asientan esos pueblos indígenas. En 2015, 67 de los asesinados pertenecían a este sector de la población, al que la ONU y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce el derecho a ser consultados ante los grandes proyectos de infraestructuras que se quieran acometer en sus territorios, algo que los Gobiernos no cumplen en muchas ocasiones.

Libre comercio

Gustavo Castro añade otro factor para explicar las razones por las que esta violencia golpea con más fuerza a Latinoamérica: "los tratados de libre comercio con los que los Gobiernos se han entregado a las grandes corporaciones transnacionales". En el informe El precio del activismo, publicado por Greenpeace en marzo, se resalta que 42 de las muertes de 2015 estaban relacionadas con la industria minera, 20 con la agroindustria, 15 con la tala de madera y otras tantas con centrales hidroeléctricas. Es decir, proyectos todos que mueven una elevada inversión y requieren de un uso muy extensivo de la tierra y, por lo tanto, desplazar a sus moradores.

Guevara-Rosas añade otro preocupante factor: "No hay voluntad política de los Gobiernos de lucha contra este fenómeno (...) Las investigaciones de los asesinatos, cuando se realizan, son muy pobres y solo se ocupan del autor material". En el caso de Cáceres hay siete imputados. "Pero no son los autores intelectuales", lamenta Castro.

La lucha de Berta Cáceres logró paralizar la construcción de la presa. Pero el coste en sangre es brutal. Desde 2012, diez activistas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras —la organización que ella fundó— han sido asesinados.