Los niños que denunciaban a sus padres a la policía política en la Europa del Este

La señora Balasa quería sacarse el carné de conducir. Iba a usarlo para huir en coche desde su pueblo de Oradea —en el noroeste de Rumania— a Francia. Hasta allí había logrado llegar un par de años antes su hijo pequeño, que escapó por el Danubio aferrado, como si fuese un flotador, a una rueda de camión. Pero el permiso tardaba en llegar y la señora Balasa pidió ayuda a su vecina, una mujer afable y bien conectada. Tras hacer sus indagaciones, esta le reveló que el documento nunca llegaría. Al parecer la señora Balasa había sido denunciada por su yerno, un hombre con ínfulas de escritor que quería que se publicase uno de sus manuscritos y necesitaba ofrecer algo a cambio. Y ese algo fue delatar a su suegra. Ni la señora Balasa, cocinera, ni su esposo sabían que el tipo era informante, un chivato. Pero sí, lo era. Y tal vez no fuese el único de la familia.

En la Rumania de Nicolae Ceausescu, la policía secreta —la temida Securitate— tenía 11.000 agentes registrados y unos 700.000 informadores, según los expertos. Es decir, uno de cada 30 ciudadanos. Una cifra oceánica para un país de 22 millones de almas, que alimentaba un clima de temor y paranoia que todavía hoy, 28 años después del ajusticiamiento del dictador y de su esposa, Elena, no se ha disipado. Hasta hace apenas una década los extranjeros residentes en el país sospechaban, muchos con pruebas, que tenían los teléfonos pinchados; y en muchas familias hablar de los chivatazos y de los informantes todavía es tabú. Pese a que abundaban —por necesidad, chantaje o, por qué no decirlo, malicia—, haber sido colaborador de la Securitate está tremendamente mal visto.

La Rumania del régimen del “hermano lozano” y la “primera científica” podría pasar por una novela distópica. Pero aunque el país balcánico es, de lejos, el que más cultivó esa forma de vida basada en la información y el espionaje, todos los países del bloque comunista desarrollaron potentes servicios secretos. Complejos aparatos y redes que, tras la caída del telón de acero, han dejado una herencia de sospechas y revelaciones que han salpicado, y todavía salpican, a importantes figuras de la vida pública.

En Rumania, como explica Lavinia Stan, profesora en la Universidad St. Francis Xavier de Canadá y experta en la justicia en los países excomunistas, filtraciones de los archivos de la Securitate han señalado a políticos como el expresidente Traian Basescu —aunque su expediente está ilocalizable—. Los documentos, que empezaron a hacerse públicos —y con cuentagotas— sólo en 2001, han implicado a famosos deportistas, como el futbolista Gica Popescu (que después jugó en el Barça). En Polonia, los documentos de la policía secreta, la Sluzba Bezpieczenstwa (SB), han desenmascarado a numerosos miembros de la Iglesia católica —el 15% colaboró—; desde curas que revelaban los secretos de confesión hasta altos cargos eclesiásticos, como quien fue arzobispo de Varsovia, Stanislaw Wielgus, que dimitió cuando su nombre salió a relucir. Wielgus explicó entonces que había atendido algunas peticiones de la SB con el objetivo de “promover” su carrera académica.

En Rumanía, bajo la dictadura de Ceausescu, uno de cada 30 ciudadanos fue en algún momento de su vida informador de la Securitate

No todos los países han gestionado igual su pasado. Alemania, por ejemplo, ha aplicado una política de apertura con los archivos de la Stasi, como cuenta Timothy Garton Ash en su libro El expediente, en el que narra, a partir del archivo que encontró a su nombre, cómo fue espiado en Alemania del Este. La mayoría de los países de Europa Oriental han fundado institutos para estudiar los crímenes de sus dictaduras. Y sus revelaciones, periódicas, han terminado por implicar de manera polémica como informantes a algunos de quienes se hicieron famosos por su resistencia. Como el escritor Milan Kundera. El autor de La insoportable levedad del ser fue acusado en 2008 de colaborar con la policía comunista y de denunciar a un estudiante que dio con sus huesos en la cárcel y acabó por cumplir 22 años de prisión. El eterno candidato al Premio Nobel, alejado de toda vida pública, lo ha negado escuetamente.

O Lech Walesa, líder del sindicato Solidaridad y uno de los héroes de la lucha contra el comunismo, a quien el Instituto de la Memoria Nacional de Polonia (IPN) ha identificado como el informante Bolek. Algo que Walesa ha negado. Premio Nobel de la Paz y presidente entre 1990 y 1995, Walesa asegura que las revelaciones forman parte de una campaña para desprestigiar su legado. Un argumento que comparte el intelectual Adam Michnik, fundador del diario Gazeta Wyborcza, que sostiene que el Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS) está manipulando la historia y hace un uso político de los archivos. En Polonia, además, una ley impide ejercer un cargo público a quien colaboró con las dictaduras.

También en Rumania existe una ley similar, apunta Daniel Savu, que fue miembro del Servicio Rumano de Información, la agencia que sustituyó a la Securitate. Por eso, antes de cualquier proceso electoral, todos los candidatos pasan por una revisión. Además, cualquier ciudadano puede solicitar ver si existe un expediente a su nombre o al de sus familiares ya fallecidos. “Y aquí han emergido dramas. Personas que han descubierto que fueron espiados por sus vecinos o amigos más cercanos. Gente de la misma familia que se delataba entre sí”, narra Savu. Como el caso de la señora Balasa.

Nunca se sabrá cuántos informantes había en realidad, porque no todos los expedientes son claros y algunos usaban varios nombres. En Rumania, por ejemplo, apunta Stan, cada agente secreto de la Securitate tenía orden de tener 50 informantes activos. También constan casos en los que el agente reportó haber recibido información, pero luego se quedó el dinero para sí mismo. Se reclutó incluso a niños, a quienes se amenazaba u ofrecía a cambio, por ejemplo, una plaza en la universidad. Informaban de si sus familiares hablaban sobre el exilio o escuchaban radios extranjeras. Ofrecían datos de otros estudiantes y amigos.

La profesora Lavinia Stan también tiene un expediente a su nombre. “Fui puesta bajo vigilancia en los ochenta por escribir algunos comentarios críticos en cartas dirigidas a mi familia. Era lo suficientemente joven y tonta para escribir lo que no podía decir en voz alta”, cuenta. Su expediente contiene notas e información firmada por cerca de 12 informantes. “Eso prueba hasta qué punto la Securitate perdió el control de la realidad. Su trabajo era proteger a los líderes del régimen y prevenir revueltas, no seguir casos como el mío, el de una estudiante de 20 años que hacía chistes malos sobre política”, dice.