Los muertos siguen vivos en Rumania

Al menos uno de cada 50 rumanos trabajó para la Securitate, la policía política comunista. La colaboración iba desde prestar su casa para reuniones entre informantes y agentes hasta quienes denunciaban y perseguían sistemáticamente a sus conciudadanos. Podrían ser muchos más, hasta un informante por cada 23 ciudadanos. Los archivos que guardan esos secretos fueron abiertos en 2001 y revelan la relación entre la dictadura de Nicolae Ceausescu y la elite que hoy reina política y económicamente en Rumania.

El presidente Traian Basescu ha ordenado que los archivos de la era comunista se abran antes de que termine el año... o lo que queda de ellos. El historiador Marius Oprea, en declaraciones a la revista Courrier International, estima que unas siete toneladas de expedientes fueron incineradas durante la década de los noventa con fines exculpatorios. Aun así, en el último año la sociedad rumana ha asistido con estupor a una serie de revelaciones de los archivos que implican a diputados, periodistas, deportistas, intelectuales, sacerdotes... La policía secreta reclutó una red de entre 400.000 y un millón de informantes para vigilar a una población de 23 millones. Por ello, hoy parece que todo el mundo colaboró con la Securitate, incluso quienes parecían limpios.

Los archivos implican a diputados, periodistas, deportistas, sacerdotes, intelectuales...

La Securitate añadió a su arsenal letal en 1970 sustancias radiactivas provistas por el KGB

La ley Ticu, de 1999, no impide a los ex colaboradores de la Securitate que accedan al poder. Solamente prevé que el Consejo para el Estudio de los Archivos de la Securitate (CNSAS, por sus siglas en rumano) publique sus hallazgos sobre los nexos de figuras públicas con la dictadura. Estas revelaciones son en ocasiones tan vergonzosas que obligan al aludido a renunciar a su cargo. El Partido de la Gran Rumania (PRM) ilustra exactamente lo opuesto. En sus filas aglutina a un selecto grupo de ex miembros de la nomenclatura y de la Securitate. El diputado Ilie Merce, por ejemplo, es descrito por el fundador del partido Vadim Tudor como "mi securistii con rostro humano".

El diario Romania Libera reveló en octubre pasado que Merce coordinó una operación para recluir a los presos políticos en hospitales psiquiátricos. Las prisiones políticas desaparecieron formalmente en 1953 cuando Occidente se enteró de lo que ocurría en la cárcel de Pitesti, donde los presos eran "reeducados" mediante torturas. La "solución" fue recluir a los disidentes en manicomios.

"El discurso del PRM desde su fundación en 1990 fue una clara apología a la era de Ceausescu y de cómo se vivía mejor", explica el analista político Pavel Lucescu. "El discurso, durante la década de los noventa, evolucionó y promovió el odio a la minoría húngara, denuncias de corrupción gubernamental y, recientemente, los aspectos negativos del ingreso de Rumania en la Unión Europea", añade. El PRM tiene el 15% de los escaños parlamentarios y en 2000 llegó a tener su registro más alto: un 20%.

Mientras los miembros de la nomenclatura "sufren" porque se revele su pasado, las víctimas del comunismo padecen la falta de justicia, un proceso lento que cuando se da es a cuentagotas. La familia Tacu es un caso paradigmático. Alexander (Iasi, 1931) fue preso político durante la década de los 50 y posteriormente fue tachado de disidente y vigilado por la Securitate hasta el 21 de diciembre de 1989. Su hija Alina fue espiada por sus compañeros de clase desde que tenía 15 años. Su otro hijo, Malin, fue asesinado por la Securitate cuando apenas tenía 17 años. El jueves pasado se cumplió su vigésimo aniversario luctuoso.

Alexander Tacu demandó al Gobierno rumano hace tres años por los daños que sufrió durante la dictadura. Exigía una compensación de tres millones de euros y el tribunal de primera instancia aceptó, en septiembre de 2004, resarcirle con 100.000 euros. El Gobierno, sin embargo, recurrió la sentencia por considerar que el delito había prescrito y "por miedo a sentar un precedente jurídico que abriese la puerta a demandas de otras víctimas que costarían millones de euros al Gobierno", afirma la abogada de Alexander, Liliana Poenaru.

Los Tacu viven anclados al recuerdo de Malin. Un chaval inquieto que desde los 16 años mostró su inconformidad con la vida tras el telón de acero. El crimen que le costó la vida fue escribir a un amigo canadiense relatándole aspectos no tan idílicos de la Rumania de Ceausescu. Además, solicitó asilo político a las embajadas de Canadá y Estados Unidos. La Securitate leía toda la correspondencia de los disidentes y, obviamente, tenía pinchados los teléfonos de las embajadas occidentales.

Cuando Malin tenía 17 años fue detenido y llevado a la comisaría por dos agentes de la Securitate. Tras un interrogatorio le obligaron a beber un vaso de agua. Unas horas después volvía a casa y había olvidado el incidente... "Hasta el 21 de diciembre [de 1986]", recuerda su padre. "Ese día habíamos terminado de cenar e íbamos a ver una película cuando Malin se sintió mal. Fue al baño a vomitar y luego se desmayó", relata Alexander, sentado frente a la lápida de su hijo en el cementerio de Iasi. Malin no volvió a despertar y murió de leucemia, según uno de los tres certificados de defunción que emitió el Ministerio de Sanidad para ocultar el crimen.

"Ceausescu usaba el Servicio K de la Securitate, responsable de la contrainteligencia en el sistema penitenciario. En ocasiones liquidaba a los reos secretamente, simulando un suicidio o utilizando veneno para aparentar una muerte natural. En la primavera de 1970 el servicio K añadió a su arsenal letal sustancias radiactivas -provistas por el KGB soviético-, que generaban distintos cánceres mortales", denunció Ion Mihai Pacepa, ex director de la Securitate que desertó a EE UU, en su libro Red Horizons.

"En las semanas siguientes a la muerte de Malin, por la ciudad circulaban historias de que pertenecíamos a una secta que nos impedía ir al médico y que fue nuestra negligencia la que le costó la vida a Malin", recuerda irritada su madre, Ana.

La figura de Malin está presente en todos los rincones del piso, en un bloque de viviendas de la era soviética, que tienen frente a la Plaza Kirily de la ciudad de Iasi, a 400 kilómetros de Bucarest, cerca de la frontera con Moldavia. La mesa del comedor, que sirve también como despacho de Alexander, está presidida por un retrato de Malin y todos los expedientes que han pedido a la CNSAS desde 2001.

El Tribunal Supremo dio un duro golpe a este recuerdo el pasado 7 de diciembre cuando desechó las pruebas presentadas y determinó que el juicio debe de volver a empezar el próximo 9 de febrero. Alexander debe presentar una serie de pruebas que ningún tribunal había solicitado en los tres años de litigio. "Desafortunadamente el Tribunal Supremo está en manos de personas con una mentalidad comunista", afirmó tras conocer el fallo, pero anunció que no renunciaría a la búsqueda de justicia para su familia.

Las víctimas del comunismo tienen hoy una relación curiosa con su pasado. Víctimas y verdugos conviven día a día. Alexander, por ejemplo, no tiene problemas en saludar a quienes informaron sobre él si se los encuentra en la calle: "Vivo en un mundo que no puedo rechazar", explica. Después recuerda, nostálgico, que el comandante de la prisión de Onesti en la que estuvo recluido era un judío sobreviviente de Auschwitz. "No trabajábamos los domingos, nos dejaba leer libros y periódicos y en invierno estábamos exentos de trabajar

[en la construcción de una central termoeléctrica] cuando la temperatura era menor de 20 grados bajo cero".

Alexander Tacu ingresó en la lista negra de la Securitate en 1954 durante el servicio militar. Tiró su arma al suelo y le espetó al comandante: "No soy comunista, nunca lo seré y nadie en mi familia lo será jamás". Fue trasladado a un cuartel donde lo torturaron durante 28 días para que revelara quién le había entrenado para decir eso y para que delatara a más anti comunistas. "El día 29 no me pegaron y me asusté mucho. Los golpes se habían vuelto mi día a día, lo que le daba sentido a mi vida y la falta de palizas me desconcertaba", recuerda. La respuesta vino pronto y fue trasladado a una de las 350 prisiones políticas que llegaron a operar en los años dorados del comunismo.

"El odio contra el comunismo mantiene mi espíritu joven", señala al recordar aquellos tiempos. Después se queda pensando y remata: "Solo me arrepiento de no ser joven otra vez para ir a una prisión como Onesti". Su hija, preocupada, aclara: "El síndrome de Estocolmo es muy común entre los ex presos políticos".

Los rumanos son testigos de una cacería de brujas mediática que salpica incluso a quienes parecían limpios. El caso más paradigmático es el de Mona Musca. Profesora universitaria en la década de los setenta, que durante la transición se consolidó como una de las políticas con más credibilidad del país. Musca impulsó sin éxito la apertura de los archivos y la aprobación de leyes que impidieran a los colaboradores de la Securitate acceder al poder. El CNSAS publicó en septiembre pasado su ficha de colaboración con la policía secreta.

"Es sólo una ficha técnica. En la universidad estaba en contacto con extranjeros y por ley debíamos de informar a las autoridades", argumenta Musca en su oficina del Parlamento.

El Legislativo se alberga en la obra cumbre de la arquitectura comunista: la Casa Poporului, un monstruo de 1.100 habitaciones repletas de mármol. Para construirlo destruyeron 26 barrios del casco antiguo de Bucarest y quienes murieron entre 1984 y 1989 no pudieron tener una lápida de mármol. La obra quedó inconclusa porque cinco años después de su inicio cayó Ceausescu.Musca es la tercera política más valorada en su país, a pesar del escándalo, con un grado de aprobación del 50%, según el último sondeo del Centro de Sociología Urbana y Regional.

Los rumanos palpan todos los días la brecha entre víctimas y verdugos. Nieculai Enciu, por ejemplo, recibe una pensión mensual de 128 euros y una compensación de 112 euros por los 2 años que pasó en la cárcel de Pitesti, en la que fue reeducado. "Tenía que negar mi origen. Me pegaban a diario hasta que decía lo que querían: que mi madre era puta, que mi padre era un delincuente y sobre todo se metían con la religión. De vez en cuando traían a estudiantes reeducados a los que vestían de sacerdotes y nos hacían besarles el culo mientras nos decían que estábamos ante un icono de la Virgen María", recuerda. El coronel encargado de la brigada que lo reeducó percibe una pensión de 1.128 euros mensuales por los "servicios prestados a la patria". Romulus Rusan retrata este espíritu cuando escribe: "Rumania está ocupada por los securistii; es su país, ellos son los capitalistas, los jefes, los patriotas, ellos son los que hoy y mañana se ríen de nosotros".