La fiscalía brasileña pide investigar a toda la clase dirigente por corrupción

La Operación Lava Jato ha desatado este martes un nuevo terremoto sobre Brasil, ahora con mayor intensidad que nunca. El procurador general de la República, Rodrigo Janot, ha presentado ante el Tribunal Supremo la solicitud de 83 investigaciones que alcanzan a políticos del más alto nivel. Aunque los nombres no fueron divulgados oficialmente, dos diarios, Folha de S. Paulo y O Globo, han publicado que la lista enfanga a casi toda la cúpula de la política brasileña: los dos anteriores presidentes, Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, ambos del Partido de los Trabajadores (PT); seis ministros del actual Gobierno de Michel Temer; los dos últimos candidatos presidenciales de la oposición, Aécio Neves y José Serra; y los presidentes del Congreso y del Senado. La macrocausa contra  la corrupción es una bomba en el corazón del sistema político brasileño, de la que no se libran ni el partido que gobernó durante 13 años, hasta mayo de 2016, el izquierdista PT, ni las dos principales fuerzas que sostienen al Ejecutivo actual: el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece el presidente Temer, y el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB).

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Las investigaciones reclamadas por el equivalente a fiscal general de la República pueden al mismo tiempo enturbiar las aspiraciones políticas de Lula —que todavía aspira a ser de nuevo candidato en 2018— y sacudir las bases del Gobierno de Temer, que lleva ocho meses en el poder tras el impeachment de su antecesora, Dilma Rousseff,El Ejecutivo de Temer ha mostrado en este escaso periodo de tiempo una extrema fragilidad política. Ha perdido siete ministros, casi uno por mes, cuatro de ellos alcanzados por la Lava Jato y otros dos también por asuntos relacionados con la corrupción. Entre los cinco miembros del Ejecutivo que van a ser investigados fiigura el responsable de la Casa Civil -una especie de primer ministro-, Eliseu Padilha, y los titulares de Exteriores, Aloysio Nunes, y de la Secretaría General, Moreira Franco, que llevan apenas un mes en sus cargos.

Las peticiones de investigación se producen a partir de la llamada delação do fim do mundo, la confesión de 78 antiguos ejecutivos de la constructora Odebrecht,  que durante décadas gestionó grandes contratos públicos, no solo en Brasil sino en buena parte de América Latina y en países africanos como Angola. De ahí que el escándalo haya provocado también fuertes sacudidas políticas en todo el continente, especialmente en países como Perú, Colombia y México.

La fiscalía brasileña ya reunió el pasado mes en Brasilia a colegas de toda América para compartir la información aportada por los exdirectivos de Odebrecht. En Brasil, el total de investigaciones que pide ahora el fiscal Janot se eleva a 320, incluidas las 83 que afectan a aforados y solo pueden ser indagadas en el Supremo, y el resto, con causas que se verán en instancias judiciales inferiores. En este último caso pueden estar Lula y Rousseff, que ya no tienen escaño en la Cámara y no gozan de foro. El escándalo es de tal magnitud que este mismo lunes el patriarca de la constructora, Emilio Odebrecht, declaró ante el juez Sergio Moro, instructor inicial de la Lava Jato, que los pagos de la empresa en dinero negro a los principales partidos brasileños se remontan a varias décadas atrás

Horas antes de conocerse la iniciativa del procurador general -que toda Brasilia  esperaba desde hace días conteniendo el aliento- el expresidente Lula de Silva ya comparecía ante la justicia federal como imputado en otra de las ramificaciones de la Lava Jato. Pese a que su destino está en manos de la justicia, Lula ha comenzado a movilizar a las bases del PT para lanzar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2018.

El expresidente declaró acusado de un delito de obstrucción a la justicia, una de las cinco imputaciones que, hasta este jueves, ya pesaban sobre él dentro de la Lava Jato. Un antiguo senador del PT asegura que recibió órdenes de Lula para presionar al exdirector de la petrolera Petrobras Nestor Cerveró a fin de que no colaborase con la justicia para esclarecer las investigaciones sobre la presunta corrupción en los contratos de la empresa pública.

Lula negó las acusaciones y señaló a su antiguo compañero de partido como el interesado en frenar la actuación judicial. Jaleado por un grupo de seguidores a la entrada de la sede judicial, el expresidente se declaró "masacrado" por la justicia en una actuación que él siempre ha atribuido a motivos políticos. El expresidente no quiso confirmar si se presentará a las elecciones de 2018, pero todos sus movimientos van en esa dirección. Sus declaraciones a los periodistas y su propio testimonio ante el tribunal -que él mismo difundió luego a través de su cuenta de Facebook- se convirtieron en un mitin político.

Para los próximos días Lula ha programado diversos actos en el país, algunos en compañía de Rousseff. Además, ha mantenido reuniones cerradas con parlamentarios y representantes de movimientos sindicales y sociales. Las últimas encuestas de opinión sitúan a Lula, con diferencia, como el líder político con mayor intención de voto, por encima del 30%. Pero al mismo tiempo suscita un fuerte rechazo, cercano al 50%, lo que podría comprometer sus opciones en caso de una hipotética segunda vuelta electoral.