Bolivia aumenta la extensión legal de cultivos de coca

Bolivia acaba de aprobar una controvertida Ley de la coca, que aproxima la extensión de los cultivos autorizados a la cantidad de cultivos existentes, y distribuye las autorizaciones de producción entre dos poderosos grupos de campesinos, uno de los cuales sigue siendo dirigido por el presidente Evo Morales. La ley ha sido polémica porque aumentó la extensión legal de los cultivos de coca de las 12.000 hectáreas permitidas hasta ahora, a 22.000. 

Esta cantidad es menor a la que existe hoy, que es de 25.000 hectáreas, pero bastante mayor a la que un estudio con participación internacional determinó como necesaria para el consumo legal de coca. La importancia del tope máximo consignado en la norma reside en que guía los trabajos estatales de erradicación de la llamada coca excedentaria.

En Bolivia y otros países de Sudamérica la coca se mastica (acullicu) para obtener su savia, que constituye un estimulante suave, como el café. Esta práctica, que se remonta al nacimiento de la agricultura en los Andes, está protegida por el Estado, pero la determinación de la extensión de cultivos necesaria para conservarla es un asunto sobre el que ha habido disputa desde hace décadas.

Los gobiernos neoliberales tuvieron la política, en los años noventa, de eliminar los cultivos de coca de la región del Chapare, en el centro de Bolivia, que se consideran menos aptos para el acullicu. El esfuerzo por erradicar la coca de esta región fue resistido por los campesinos, ya que la planta provee una fuente de ingresos mayor y más segura que otros cultivos. Fue en la violenta lucha por la “defensa de la coca” que Morales dio sus primeros pasos políticos. Hasta ahora el presidente no ha renunciado a su condición de “dirigente histórico” de los cocaleros del Chapare. La oposición dice que, por tal razón, en esta materia no puede pensar en el bien común, sino solamente en los intereses de su sector.

Lucha contra el narco

Consciente del error cometido por la clase política al buscar la erradicación total (o coca cero), en 2004 el presidente Carlos Mesa aprobó una disposición solo semilegal que autorizó a cada familia cocalera del Chapare a tener una parcela de coca. Esto sumó alrededor de 3.000 hectáreas a las 12.000 autorizadas en los Yungas de La Paz, que es la región tradicional de producción. Todo esto en los papeles, porque en la realidad había como unas 10.000 hectáreas demás. Finalmente, el Gobierno de Morales preparó un proyecto de ley para que el Chapare tuviera su propia cuota de coca autorizada. La oferta produjo la protesta de los cocaleros de los Yungas, que hasta entonces habían sido los poseedores del monopolio de la coca legal. Estos cocaleros no son dirigidos por Evo Morales.

Luego de una semana de fuertes enfrentamientos con la policía en La Paz, el sindicato de los Yungas y el presidente llegaron a un acuerdo. El primero apoyaría la nueva ley y, a cambio, recibiría más hectáreas legales para sí. El acuerdo exigió que Morales mejorara también su oferta a los cocaleros del Chapare, los cuales se llevan muy mal con sus competidores del norte del país. Para que las cuentas cuadren, la tarta de las hectáreas legales tuvo que incrementarse, de las 20.000 que el Gobierno pensaba aprobar inicialmente, a 22.000, que se dividieron así: 14.300 para los Yungas y 7.700 para el Chapare.

Múltiples expresiones de indignación por la aprobación de esta ley se han publicado durante los últimos días en la prensa y las redes sociales bolivianas. Según se dice en ellas, la ley aumentará el volumen del narcotráfico. El gobierno ha explicado que su norma solo regularizará lo que ya se da en la práctica.