Rusia se pone a la defensiva en la ciberguerra

Cállense o demuéstrenlo. A este dilema en esencia puede reducirse la respuesta pública de Rusia a los políticos y los jefes de los servicios de inteligencia estadounidenses, que la acusan de interferir desde el ciberespacio a favor de Donald Trump en las elecciones presidenciales. Barack Obama se sumó el viernes al coro acusador y dijo haber planteado el problema de los ataques de hackers a su colega ruso, Vladímir Putin, en septiembre durante la cumbre del G20 en China.

Yuri Ushakov, asesor de política internacional de Putin, confirmó que los dos dirigentes trataron el tema. “Por nuestra parte, se dio una respuesta muy precisa que puede ser que no encaje en lo que Obama intentaba explicarnos”, señaló Ushakov. Antes, Dmitri Peskov, el secretario de prensa de Putin, afirmó que “hay que dejar de hablar de eso o mostrar de una vez las pruebas”. “De lo contrario, esto parece ya bastante indecente”, agregó.

Siendo Hillary Clinton secretaria de Estado, Putin acusó a este departamento de alentar protestas contra su política. Entre los acontecimientos supuestamente instigados desde el exterior, las autoridades rusas incluyen las grandes manifestaciones contra las irregularidades en los comicios parlamentarios y presidenciales de 2011 y 2012, respectivamente. En opinión de Andréi Lipski, subdirector del diario crítico Nóvaya Gazeta, “las acusaciones a Rusia de inmiscuirse en las elecciones en EE UU y en las próximas en Alemania son el reflejo especular de la argumentación, para consumo interno, de los dirigentes rusos, que alegaban la existencia de unas fuerzas exteriores que interfieren en la normalidad de los procesos políticos en Rusia”.

Encontrar a los hackers en un ciberespacio, incontrolado y poblado de especulaciones no resulta fácil, afirma Lipski. Según el periodista, “la victoria de Trump y las de otros líderes que serán calificados de populistas se basan sobre todo en sentimientos, en mitos y en la comprensión virtual del mundo por parte del electorado, y no en hechos”.

Tras las narrativas sobre perpetradores y ejecutores de ciberataques, que los ciudadanos comunes no pueden verificar, hay problemas de confianza que se remontan a la Guerra Fría, ahora con nuevas dimensiones tecnológicas añadidas. La experiencia lleva al escepticismo sobre los argumentos esgrimidos por los políticos, supuestamente basados en datos de los servicios de inteligencia. Ejemplo de ello son las acusaciones norteamericanas no confirmadas contra Sadam Hussein por el supuesto intento de desarrollar armas de destrucción masiva en Irak, así como los señalamientos rusos a los líderes ucranianos para tratar de legitimar la ocupación de Crimea y la intervención en el este de Ucrania.

Rusia se presenta en el ciberespacio con un discurso oficial de carácter defensivo. Esto ha servido, por ejemplo, para aprobar leyes en las que obliga a las empresas a mantener sus bases de datos en el territorio ruso. Otra ley aprobada este año obligará a los proveedores de teléfonos móviles y servicios de Internet a guardar los datos del tráfico y el contenido de las comunicaciones durante determinados plazos y a ponerlos a disposición de los servicios de seguridad, si estos lo requieren.

La ley, denominada Yarovaya en referencia a su coautora, la diputada Irina Yarovaya (del partido gubernamental Rusia Unida), ha sido criticada por organizaciones cívicas, que la consideran contraria a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, y también por los proveedores, que deberán realizar enormes gastos y esfuerzos tecnológicos para almacenar una enorme cantidad de datos. Entre los críticos de la ley está Edward Snowden, el norteamericano que divulgó los secretos de la Agencia de Seguridad Nacional de EE UU, y que se encuentra exiliado en Moscú desde 2013.

El 5 de diciembre, Putin ratificó su nueva doctrina de seguridad informativa. Entre las amenazas fundamentales para la seguridad rusa, el documento cita la “ampliación por parte de diversos países extranjeros de las posibilidades de influencia informativa y técnica” con “fines bélicos” y el incremento de las actividades de organizaciones dedicadas al “espionaje técnico a los órganos del Estado ruso y a las empresas del complejo militar industrial”.

Industria dependiente

La industria nacional tiene un “alto nivel de dependencia” de las tecnologías de la información extranjeras, “tanto en la base electrónica como en los programas, técnicas de cálculo y medios de comunicación”, señala el documento, según el cual esta circunstancia condiciona la dependencia del desarrollo socio económico del país “a los intereses geopolíticos de otros Estados”.

Moscú quiere desarrollar un sistema para dirigir el segmento ruso de Internet. Este mes, la Duma Estatal (Cámara baja del Parlamento) ha admitido a trámite dos proyectos de ley presentados por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) para proteger las denominadas “infraestructuras críticas”, una lista de instituciones, aún por elaborar, que deben ser defendidas con carácter prioritario de eventuales ciberataques.

Los proyectos de ley contemplan el castigo con hasta 10 años de prisión a quienes creen o difundan programas de ordenador destinados a atacar estas infraestructuras. El FSB advirtió también este mes sobre la posibilidad de eventuales ataques a grandes bancos rusos con el fin de desestabilizar el sistema financiero. Los ataques, según la agencia estatal TASS, irían acompañados de publicaciones en las redes sociales sobre la crisis del sistema financiero ruso. La situación “de riesgo incrementado” de los bancos se mantendrá hasta las fiestas de año nuevo, como mínimo, según el Banco Central de Rusia.