Bélgica se resiste a desbloquear el tratado comercial entre la UE y Canadá

Asterix redivivo. Valonia, una pequeña región francófona de Bélgica con apenas 3,5 millones de habitantes y aquejada de un brusco declive industrial, mantiene bloqueado el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA y que tenía que ser una especie de antesala del TTIP, el pacto con Estados Unidos. Las cinco largas horas del consejo de ministros de Comercio de la Unión, reunido en Luxemburgo, han acabado hoy martes en un sonoro revés para las aspiraciones europeas. En un continente que se ha especializado en encadenar crisis mayúsculas de forma interminable (Grecia, los refugiados, el Brexit, la fractura entre acreedores y deudores que atenaza la zona euro), los asuntos comerciales pasan a engrosar esa lista con un lío político de primera magnitud.

Tras el fiasco de los ministros, incapaces de convencer a Bélgica, serán los jefes de Estado y de Gobierno quienes traten de descongelar el pacto con Canadá. Eso será el próximo viernes, en la cumbre de Bruselas. Y sin más tiempo para otro chasco: "Hay que cerrar la negociación el viernes", ha explicado la comisaria Cecilia Malmström en una especie de ultimátum a los valones y, por extensión, los belgas. En Luxemburgo se han repetido las protestas callejeras contra ese pacto, que tenía que ser el primero del club europeo con un país del G-7 y que ha encallado en la pequeña e inesperada roca valona.

"Confiemos en lograr el acuerdo esta semana", ha afirmado una cariacontecida Malmström, que teme por la credibilidad de la Unión si el bloqueo persiste y el continente no logra pactar con un país, Canadá, con el que comparte casi todo. Con la UE metida en una crisis existencial después del Brexit y tras casi una década de Gran Recesión, el cortocircuito provocado por Valonia es una metáfora de los tiempos que corren. Una de las potencias de la UE, Reino Unido, se marcha dando un portazo. Y una pequeña región, Valonia, es capaz de poner patas arriba un club que desde el primer día tuvo entre sus señas de identidad esa actitud librecambista y proglobalización que se expresa en los acuerdos comerciales. Los valones han denunciado presiones de todo tipo en las últimas horas. Coinciden con los activistas al denunciar que la negociación se ha cocinado en secreto, que el pacto no respeta los principios democráticos de la UE. Desconfían de muchos asuntos, como ya hizo también el Constitucional alemán la semana pasada. Y han conseguido que la UE ofrezca una declaración con valor legal que trata de responder a todas esas inquietudes. Sin resultado: el Parlamento valón sigue firme en su negativa. Al menos por el momento.

El lío tiene un poco de todo. Los valones llevan semanas en estado de shock, tras el anuncio de la multinacional Caterpillar de cerrar su fábrica en la zona, con más de 2.000 empleos directos y de 5.000 indirectos en una región muy maltratada ya por la decadencia de la minería y la siderurgia. En Valonia, como en Reino Unido y en buena parte de la Europa continental, las actitudes antiestablishment se mezclan con los temores a la hiperglobalización, que aparecen en ese tipo de acuerdos en forma de amenazas de privatización de los servicios públicos o de recelos ante los complejos mecanismos para dirimir conflictos entre inversores y Estados. Esos miedos escaman a los activistas y aparecen ya en algunos discursos oficiales: han calado entre la ciudadanía a pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea por desmentirlos. La política comercial es competencia exclusiva de la UE, pero varios socios dieron un golpe de mano el verano pasado para que cualquier acuerdo tenga que ser ratificado por los parlamentos nacionales, un escollo que a día de hoy, a la vista de las protestas que generan los asuntos comerciales, parece casi insalvable.

La UE puede tener serios problemas de credibilidad si no resuelve ese lío. Malmström ha tratado de combatir todas esas inquietudes, expresadas por varias delegaciones, con una declaración con valor jurídico y en la que se intenta dejar claro que si un Estado no ratifica el tratado por motivos judiciales (como la sentencia del Constitucional germano) o democráticas (si no cambia el voto en contra valón), la aplicación provisional del acuerdo se suspenderá. Berlín, además, solo ha retirado sus reservas después de que esa declaración recogiera todos los caveats de su Tribunal Constitucional, convertido en una especie de tribunal de última instancia europeo por la puerta de atrás. A instancias de Berlín, solo se aplicarán provisionalmente los capítulos del acuerdo que versan sobre competencias exclusivas europeas, al menos hasta que el tratado sea ratificado. Tanto Rumanía como Bulgaria, asimismo, no darán luz verde hasta que Canadá garantice el capítulo de visados para sus ciudadanos, aunque las fuentes consultadas apuntan que ese es un asunto muy menor.

En el fondo, el CETA es solo un entremés: todas esas suspicacias, multiplicadas por cien, aparecerán cuando se sirva el plato principal, el TTIP con Estados Unidos. Si es que llega a servirse. Ese pacto se ha metido ya en el congelador, a la espera de las elecciones en EE UU y de los comicios en Alemania y Francia. En Washington, Donald Trump ni Hillary Clinton han dado sobradas muestras de que no son, ni mucho menos, fervientes admiradores de los grandes tratados comerciales. En Europa, el presidente francés François Hollande y el vicecanciller alemán Sigmar Gabriel expresan mucho más que reservas al respecto, después de las protestas cada vez más recurrentes y numerosas en la calle. "Acabamos de cerrar un acuerdo con Sudáfrica y hay negociaciones avanzadas con Mercosur, Japón y Estados Unidos. Pero Europa tiene que pensar qué quiere hacer al respecto", ha dicho Malmström ante la prensa a la vista de los problemas para suscribir el pacto que parecía más sencillo. "No habrá firma con el primer ministro canadiense Justin Trudeau si no se cierra la negociación esta semana, tras la cumbre de Bruselas", ha declarado. Ante el veto valón, "hay buenas razones para firmar: se eliminarán en 99% de los aranceles, los estándares europeos se mantendrán, no va a haber privatización de los servicios públicos ni nada parecido", han explicado tanto la sueca Malmström como el ministro eslovaco Peter Ziga, en un argumentario que no termina de convencer a los críticos.

Fuentes de las negociaciones creen que la citada declaración con valor legal puede ser suficiente para vencer la resistencia en Bélgica. "Las diferencias son, en este momento, más jurídicas que políticas", según un diplomático. Otras fuentes sugieren justamente lo contrario: el asunto está ya en manos de los líderes y eso enmaraña el ovillo y lo hace explícita, poderosamente político. El edificio del consejo de ministros europeo, en pleno distrito financiero de Luxemburgo, apareció anoche cubierto con una pancarta de Greenpeace: "No comercien con la democracia. No al Ceta". Luxemburgo es un pseudoparaíso, pero solo fiscal: los activistas desafiaron el frío y la lluvia con una catarata de consignas dirigida a los ministros. Así está el patio.