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Un acuerdo necesario

El Tratado de Libre Comercio con Canadá debe salir adelante

El primer ministro de Canadá,  Justin Trudeau.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. AFP

El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA) supone un importante beneficio tangible para las sociedades de ambos lados del Atlántico. Refuerza, además, un vínculo estratégico fundamental para Europa en un momento en que el foco mundial, tanto en términos políticos como económicos, está girando hacia el Pacífico. La oposición frontal a su culminación no responde a argumentos de peso, sino a motivos puramente ideológicos.

El CETA no es, ni mucho menos, un tratado protocolario. Se trata del mayor acuerdo comercial bilateral que hasta ahora ha negociado la Unión Europea, y su entrada en vigor pondrá fin a los aranceles que gravan los intercambios entre los Estados de la Unión y Canadá. Es un acuerdo que supone un ahorro de miles de millones de euros en impuestos arancelarios —que no olvidemos, terminan siempre siendo pagados por los consumidores—, multiplica las exportaciones y por tanto la producción y la creación de puestos de trabajo, permite el reconocimiento en Canadá de profesionales europeos sin necesidad de tramitar una farragosa burocracia y abre la puerta a que empresas europeas puedan acudir en igualdad de condiciones a las licitaciones del país norteamericano. El tratado similar firmado entre la UE y Corea del Sur en 2011 ya ha demostrado las ventajas de este tipo de acuerdos.

Hay que recordar que la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Los Estados miembros han concedido a la Comisión Europea la prerrogativa de negociar en nombre de los 28 los acuerdos comerciales con terceros países, aunque sometiendo a ratificación de los Gobiernos y del Parlamento Europeo los acuerdos comerciales para así asegurarse de que hay un control democrático efectivo. Y lo han hecho por una razón muy sencilla: se logran mejores acuerdos cuando se negocia en nombre de 500 millones de europeos que cuando cada Estado de la UE negocia individualmente. Este es el caso del CETA, pero también del TTIP, el tratado que con una ambición similar se está negociando con EE UU. Es de todo punto imposible que el Parlamento de Valonia, que acaba de expresar su rechazo al CETA, pueda lograr un mejor acuerdo con Canadá o con EE UU negociando por su cuenta. De ahí el absurdo de su posición y de la Comisión Europea al abrir la puerta a una serie de ratificaciones nacionales que, como se ha visto, hacen peligrar una negociación crucial para una Europa que necesita crecer y crear empleo.

Le sobra razón al primer ministro canadiense, el progresista Justin Trudeau, cuando advierte de que el modo en el que se produzca la ratificación de este acuerdo servirá para determinar la utilidad de la UE. En un mundo donde el nacionalismo excluyente clama por el cierre de las fronteras —y el delirio de algunos por la construcción de muros— el primer ministro canadiense ya ha demostrado lo que es la globalización bien entendida, por ejemplo, eliminando el visado para los mexicanos que viajen a Canadá. El progreso consiste en unir y no en separar y en garantizar que este proceso redunde en los ciudadanos. La negativa sin alternativa viable puede ser popular a corto plazo, pero no es una propuesta de progreso. Todo lo contrario.

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