La puerta giratoria que indigna a Europa

Pocos días después del seísmo del Brexit, en un contexto de amenaza terrorista y frustración económica, la Unión Europea se desayunó, a principios de julio, con un duro golpe a la credibilidad de sus instituciones: José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea durante 10 años (entre 2004 y 2014), fichaba por Goldman Sachs. La travesía de los políticos desde la orilla pública a la privada siempre genera controversias, pero el caso de Barroso desató especial indignación porque alimenta todos los estigmas que persiguen hoy a los representantes públicos.

En medio del mayor bache que ha vivido nunca el proyecto europeo, el exmandatario se incorporaba a una firma sospechosa de haber contribuido a ese malestar, con su participación en el maquillaje de las cuentas griegas y su papel, como uno de los grandes bancos de inversión estadounidense, en la crisis financiera. Más allá del símbolo, las nuevas funciones de Barroso delatan cómo su cargo público le ha allanado el camino hacia el lucrativo sector privado: será presidente no ejecutivo del área internacional de Goldman Sachs y asesorará específicamente sobre las consecuencias del Brexit. Un asunto en el que, sin duda, pudo incidir durante su larga etapa al frente de la Comisión.

Tanto el banco como el propio Barroso fueron lo suficientemente cautos como para no infringir ninguna norma. El anuncio se realizó solo dos meses después de que expirara el año y medio de incompatibilidad que se les exige a los miembros de la Comisión Europea tras abandonar sus cargos. Todo estaba orquestado para que nadie pudiera esgrimir el más mínimo reproche legal. Pero moralmente el episodio ha recibido enérgicas condenas y Francia ha llegado a pedir que abandone el cargo.

A falta de otras voces más enérgicas —el actual presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, lamenta el giro de su antecesor, pero se ha limitado a aventurar que él no lo haría—, los trabajadores de las instituciones se movilizan para que el desafío de Barroso no quede impune. Un grupo de funcionarios ha lanzado una iniciativa en el portal Change.org para que, entre otras medidas, se retire la pensión pública a Barroso cuando tenga edad para percibirla. Más de 83.000 personas han suscrito ya la petición.

Hay otros movimientos. El sindicato de empleados públicos europeos Union pour l’Unité, con unos 2.000 afiliados, se ha dirigido a Juncker para que actúe. “Es una cuestión de imagen en un contexto político muy difícil para la construcción europea. Los dirigentes de la Comisión deben tener un comportamiento ejemplar », esgrime Yorgos Vlandas, presidente de esa organización.

Tanto la central sindical como otros expertos defienden que los tratados europeos sí permiten perseguir a excomisarios cuando sus comportamientos no respeten “los deberes de honestidad y discreción”. Pero el texto legal —artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la UE— es vago y el proceso, laborioso (solo el Tribunal de Justicia de la UE puede acabar tomando medidas). También el grupo socialista en el Parlamento Europeo presentará la próxima semana al líder de la Comisión una propuesta para evitar casos como este.

Se trata de impedir, con reglas en la mano, lo que resulta éticamente inadmisible a ojos del ciudadano. La UE se juega mucho en capítulos aparentemente secundarios como este.