Gobierno y FARC piden a la ONU y al Vaticano que elijan a los jueces del Tribunal Especial de Paz

El 23 de septiembre del año pasado, el Gobierno colombiano y las FARC acordaron crear una jurisdicción especial para la paz. El organismo, que sobre todo pretende evitar impunidad y garantizar verdad, justicia y reparación, ya cuenta con el mecanismo bajo el cual será creado, tal y como han anunciado ambas partes este viernes en La Habana, el centro de las negociaciones de paz desde hace casi cuatro años.

Según lo han acordado, se invitará al Papa Francisco, al secretario general de Naciones Unidas, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y a la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado para que, si lo aceptan, integren un comité y escojan a quienes van a conformar el tribunal, que deberá cumplir con el deber de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado colombiano.

El comité de escogencia deberá seguir criterios como que sean 20 magistrados colombianos y a 4 extranjeros para el Tribunal para la Paz, 18 magistrados con nacionalidad colombiana y 6 magistrados extranjeros para las 3 Salas de Justicia. Además de una lista adicional de 19 nacionales y 5 extranjeros para el Tribunal para la Paz y las Salas de Justicia en caso de que se requiera aumentar el número de magistrados o sustituir a alguno de sus miembros.

“Para ser elegido Magistrado de Sala deberán reunirse los mismos requisitos que para ser magistrado de Tribunal Superior de distrito judicial. En ningún caso se aplicará un sistema de carrera”, señalan desde La Habana, desde donde advierten que en “el proceso de selección se tendrán en cuenta los estándares internacionales de independencia judicial y las altas calidades morales de los candidatos, así como el dominio del idioma español”.

El comité de escogencia tendrá autonomía e independencia para que pueda cumplir sus funciones de manera imparcial y el proceso que tendrá en sus manos, el de elegir a los jueces y magistrados, tendrá que concluir lo más pronto posible después de la entrada en vigor del Acuerdo Final.

Con este anuncio que da claridad al tema de justicia, se destraba uno de los puntos más complejos en los diálogos de La Habana. El Tribunal para la Paz será de última instancia, por lo tanto, sus decisiones no podrán ser reabiertas o revisaras por otros tribunales para garantizar que exista seguridad jurídica del proceso, uno de los puntos que más ha reclamado las FARC.

El Tribunal de la Paz podrá dictar tres tipos de sentencias para los guerrilleros. Quienes reconozcan delitos muy graves tendrán una pena de hasta ocho años de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Quienes reconozcan la responsabilidad de manera tardía serán sancionados con pena de prisión de cinco a ocho años, en condiciones ordinarias. Para los que se nieguen a reconocer su responsabilidad y resulten culpables serán condenados a penas de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.

Sobre la amnistía y el indulto, solo se contempla para “los delitos políticos y sus conexos”, del que se podrían beneficiar hasta 15.000 guerrilleros. Sin embargo, sobre estos puntos, no se ha aclarado nada desde La Habana.