Un SÍ por Colombia

El proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Farc ha entrado en su fase final, la cual incluye la refrendación de lo pactado mediante el voto popular. Llegó el momento de que los ciudadanos expresen en las urnas su respaldo mayoritario a la paz, pero también, de que se dirima la intensa controversia con quienes han atacado de todas las formas posibles las negociaciones de La Habana. La campaña por el SÍ en el plebiscito ya cuenta con el apoyo decidido de diferentes fuerzas sociales y políticas: los partidos, los gremios, las iglesias, los sindicatos, y las asociaciones campesinas de las zonas donde se ha librado el conflicto armado. No obstante, en pocas semanas comenzará en firme la campaña y llegará el tiempo de debatir sobre el contenido de los acuerdos, y de mostrar en qué consisten los cambios democráticos que tendrá el país con su aplicación.

Los adversarios del proceso, encabezados por el expresidente y senador Álvaro Uribe, han escogido como línea central de su discurso la acusación de que mediante lo pactado, se le estaría entregando el país al “castrochavismo”, pues los acuerdos responderían a un modelo y unos intereses foráneos. La realidad es que la única intervención extranjera en el proceso de paz ha sido el respaldo de la comunidad internacional a las negociaciones, como lo demuestra la resolución adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU, que crea una misión que verificará la fase de terminación del conflicto armado, según lo pactado entre las partes el pasado 23 de junio. El proceso de paz colombiano se ha venido convirtiendo en un suceso de trascendencia mundial, pues en un contexto internacional en el que proliferan las acciones terroristas y los actos de violencia de toda índole, la solución dialogada del conflicto armado más antiguo del hemisferio occidental, brinda esperanza.

Las tergiversaciones que hacen los opositores al proceso, se extienden a cada uno de los acuerdos. Sobre el primero, que plantea una reforma rural integral y que permitirá que se fortalezca el sistema de restitución de tierras despojadas a millones de campesinos, afirman que significará una violación al derecho de la propiedad privada, que conllevaría a atropellos contra los terratenientes y empresarios. La verdad es que dicha reforma rural no implica ninguna medida contra los colombianos propietarios de tierras, por el contrario, será la vía para terminar con la desigualdad y con la pobreza extrema en las zonas rurales durante la próxima década.

El acuerdo sobre el segundo punto de la agenda de paz busca que Colombia se transforme en un país con garantías plenas para el ejercicio de la democracia, en el cual se respete la vida y la acción política de los opositores, lo cual requiere una reforma electoral y la adopción de un estatuto de la oposición que cobije a todas las fuerzas políticas y movimientos sociales. Uribe y sus partidarios señalan que esas reformas no podrían incluir que dirigentes de la guerrilla, responsables de crímenes de lesa humanidad, ocupen cargos de elección popular, sin recordar que en 2002, los movimientos políticos que lo eligieron presidente, llevaron al Congreso de la República a más de 70 congresistas que resultaron relacionados con organizaciones paramilitares y con sus crímenes.

Tampoco es verdad que el proceso de paz permitirá el incremento del narcotráfico en Colombia. El tercero de los acuerdos pretende atacar esa práctica a través de la sustitución cultivos de uso ilícito, con alternativas de producción en el campo. Este modelo ha tenido éxito en zonas donde los gobiernos locales han asumido esta solución con compromiso y está en consonancia con la tendencia internacional de darle un tratamiento distinto al problema del narcotráfico.

La afirmación de que habrá “paz con impunidad” es igualmente falaz. De manera novedosa, como resultado de estos acuerdos de paz, se crea un tribunal que juzgará crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones graves de derechos humanos en cabeza de los máximos responsables de las partes implicadas en el conflicto armado. Este acuerdo contempla un sistema que les ofrece a las víctimas la posibilidad real de obtener justicia, una Comisión de la verdad, medidas de reparación, garantías de no repetición, así como mecanismos para localizar a miles de desaparecidos.

El proceso de paz colombiano tiene todos los méritos para ser refrendado por los ciudadanos: incorpora componentes que lo convierten en el más completo de todos los alcanzados en las últimas décadas en el mundo, pone en el centro de los acuerdos a las víctimas y, de manera inédita, incluye la perspectiva diferencial y de género, entre otros valiosos logros. Pero lo fundamental es que mediante estos acuerdos, Colombia le pondrá fin a una guerra que ha dejado ocho millones de víctimas y también abrirá la puerta a la paz con la guerrilla del Eln. Con el SÍ en las urnas, los colombianos tienen la oportunidad única de iniciar una etapa nueva en la historia, la de un país sin guerra.

Iván Cepeda Castro es senador del Polo Democrático en el Congreso de Colombia.