Amnistía Internacional denuncia que prohibir la prostitución daña a las mujeres

El estudio documenta con casos las violaciones, ataques, amenazas y extorsión que sufren las prostitutas. Desde Papúa Nueva Guinea a Argentina, Hong Kong y Noruega, los investigadores han encontrado numerosos casos de personas que ejercen la prostitución que sufren abosos físicos y sexuales por parte de sus clientes y de la policía.

Las cifras de Papúa Nueva Guinea, un país de 7,3 millones de habitantes al norte de Australia, y donde la prostitución es ilegal, dan cuenta de los riesgos de las trabajadoras con un modelo prohibicionista. Entre un grupo de 593 personas dedicadas a la prostitución en Puerto Moresby, la capital papú, el 50% fue víctima de violaciones de clientes o policías en un periodo de seis meses, según un estudio académico de 2010 que cita AI.

El modelo abolicionista o nórdico, al que Francia acaba de sumarse, tampoco garantiza la seguridad de las prostitutas, de acuerdo con la ONG. Una parte considerable de las mujeres consultadas para el informe en Noruega —que prohíbe pagar por sexo, aunque no persigue a quien lo ofrece— aseguró que trabajar con otros puede hacer más segura la actividad. Sin embargo, la policía puede considerar este trabajo conjunto como “prostitución organizada”. El miedo de los clientes en ese país por la posibilidad de una detención y el creciente uso de casas particulares para el servicio aumenta el riesgo de las agresiones, expone la investigación. “Es más peligroso ir a la casa del cliente. Fui a la de uno. Me dio dos puñetazos en la cara. No lo denuncié a la policía. No quiero que figure en mi historial”, relató a AI una trabajadora.

 La defensa de la legalización por parte de la ONG generó una fuerte polémica el año pasado. Más de 400 organizaciones dirigieron a Amnistía Internacional una carta, que firmaron actrices de Hollywood como Meryl Streep, Kate Winslet y Anne Hathaway, para pedirle que reconsiderara su campaña por la despenalización. El documento argumentaba que descriminalizar la demanda del sexo por dinero ponía en desventaja a las mujeres que lo ofrecían y que las convertía en “objeto de consumo para hombres y de ganancias para proxenetas, propietarios de burdeles y traficantes”. La organización defiende solo el “trabajo sexual consentido entre adultos” e insta a los gobiernos a perseguir la trata de personas, la explotación y la prostitución infantil.

La ONG cita un estudio oficial elaborado en Nueva Zelanda, que despenalizó la prostitución en 2003, que reveló que tras la legalización, el 70% de las trabajadoras estaban más dispuestas a denunciar los abusos en su contra.

“[El cliente] me pagó y estaba a punto de bajarme del auto cuando me agarró del cuello y me cortó con un cuchillo. Le di todo el dinero que tenía y mi teléfono celular, y me dejó ir”, refirió una trabajadora argentina a AI. “No me van a escuchar, porque soy trabajadora de la calle”, justificó la víctima sobre la inutilidad de una posible denuncia de la agresión. El informe insiste en que, aunque en Argentina no son ilegales ni la oferta ni la demanda de servicios sexuales, las trabajadoras precisan de una legislación que proteja sus derechos.

También se ha detectado un gran número de abusos en Hong Kong, donde no se penaliza el oficio pero sí los burdeles. El trabajo aislado hace más vulnerables a las mujeres que ejercen el oficio, objetos constantes de violaciones, extorsiones y coacción, según los testimonios recogidos en la investigación.